El Tribunal Constitucional deja en suspenso su decisión sobre la lentitud de los tribunales
Fuentes del órgano explican que se trata de un escenario frecuente porque los magistrados necesitan más tiempo para estudiar ciertos casos
Sede del Tribunal Constitucional. | The Objective
El Tribunal Constitucional ha vuelto a dejar en suspenso su decisión sobre los señalamientos tardíos. Debía haberse pronunciado el 26 de septiembre, pero decidió aplazarlo hasta la próxima reunión. Sin embargo, el orden del día no lo incluye, lo que ha provocado el enfado del abogado que presentó el recurso, Daniel Sánchez Bernal. El letrado ha registrado una queja ante el tribunal de garantías. Fuentes del órgano explican a THE OBJECTIVE que se trata de un escenario frecuente porque, en ocasiones, los magistrados necesitan más tiempo para estudiar los casos.
«Me parece una tomadura de pelo. El Tribunal Constitucional debe garantizar que no se vulneran los derechos fundamentales y de esta forma lo está consintiendo», lamenta Sánchez Bernal. La semana pasada los magistrados estimaron dejar el recurso «pendiente», pero seguirá sin abordarse en la próxima reunión de la Sala Primera del órgano constitucional, que se celebra el 10 de octubre.
Sánchez Bernal no entiende la decisión, ya que la propia Fiscalía ha pedido estimar el recurso por vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones que establece el artículo 24.2 de la Constitución. «No me han explicado los motivos de esta nueva demora. Solo sé que si no está en el orden del día no es por un error». La decepción le ha llevado a registrar este martes un escrito pidiendo explicaciones al Constitucional sobre las causas de la demora.
La posición del Constitucional
En el texto que ha presentado se queja de que el recurso de amparo haya sido excluido del orden del día. «Me causa una absoluta perplejidad, asombro e indignación (…), máxime cuando se desconocen los motivos por los que se se acuerda posponer la deliberación». El documento también hace referencia a que el abogado no ha recibido ninguna notificación ni resolución al respecto.
Desde el tribunal de garantías explican que no estaba previsto tratar el asunto en la próxima reunión de la Sala Primera. Además, afirman que este tipo de situaciones son frecuentes, ya que en ciertos asuntos los magistrados necesitan más tiempo para estudiar los casos. Otras fuentes jurídicas explican a THE OBJECTIVE que el asunto genera «importantes divergencias» entre los magistrados. No hay una posición clara y por eso habrían decidido posponer la resolución.
El abogado que presentó el recurso cuenta con aliados en esta batalla. Uno de ellos es el Ministerio Público. El fiscal Fernando Cabedo ya emitió un informe de 11 páginas para apoyar la demanda. Considera que se ha vulnerado el derecho del demandante a «un proceso sin dilaciones indebidas». No obstante, las posibilidades del tribunal de garantías son limitadas. Puede exigir al juzgado de origen que establezca fechas más acordes para la vista y, aunque es menos probable, podría abrir una vía para que los afectados puedan pedir responsabilidades patrimoniales y hasta penales.
La lentitud de los tribunales españoles ha llegado a Europa. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió a trámite en julio la solicitud sobre los señalamientos tardíos realizada por Sánchez Bernal. Al abogado se lo comunicaron el 27 de septiembre, justo cuando debió haberse pronunciado el Constitucional. La institución continental le recomendaba que si, una vez finalizado el procedimiento en España, creía que seguían vulnerándose sus derechos, se dirigiese al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Tres años para el juicio
El asunto de los señalamientos tardíos colea desde junio de 2021. El Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla admitió la demanda del cliente de Sánchez Bernal, pero anunció que el acto de conciliación y el juicio, en caso de que las partes no llegasen a acuerdo alguno, se celebrarían el 7 de noviembre de 2024, a tres años y medio vista. El letrado recurrió al Colegio de Abogados de Sevilla, que hizo oídos sordos, y al Defensor del Pueblo.
Como todas las puertas permanecían cerradas, Sánchez Bernal solicitó el amparo del Tribunal Constitucional en diciembre al considerar que se había vulnerado el derecho a una tutela efectiva contra su cliente, un recién doctorado que reclama a la Universidad de Sevilla una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de la formalización del contrato posdoctoral. El letrado sostiene que «una Justicia lenta no es Justicia». Ahora también se demoran los recursos.
