El juez quitó el pasaporte a 'Mikel Antza' tras un informe que alerta del riesgo de fuga a Cuba
Una pericial remitida al juez detalla la red de personas y empresas que podrían financiar la fuga del exjefe de ETA imputado por Miguel Ángel Blanco y Santa Pola
El exjefe de ETA Miguel Albisu, alias 'Mikel Antza' en la entrada de la Audiencia Nacional. | Europa Press
Un informe pericial de parte remitido a la Audiencia Nacional alerta del «riesgo real de huida» del exjefe de ETA Mikel Albisu (alias ‘Mikel Antza’), imputado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola. Una posible fuga que podría recibir soporte financiero a través de un grupo de empresas y personas afincadas en Cuba cuyos nombres vienen detallados en el mencionado informe, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El documento, entregado al juez Manuel García Castellón antes de que decidiera retirar el pasaporte este lunes a ‘Mikel Antza’, concluye que quien fuese responsable del aparato político de ETA entre 1992 y 2004 «tiene los contactos y conocimientos suficientes como para encontrar los medios necesarios para subsistir fuera de España, además de manejar a la perfección los diferentes posibles canales de financiación en los que se pudiera apoyar».
En concreto, el perito judicial destaca que una de las funciones que el exjefe político de ETA tenía en la banda era la organización del Comité de refugiados o huidos de la justicia de ETA en diferentes países del mundo, a través de diferentes estructuras y empresas ubicadas en países de Latinoamérica que facilitaban la inserción social y económica de los terroristas huidos de la Justicia española.
Soporte financiero al exjefe de ETA
«Dicha experiencia estaba enfocada sobre todo al apoyo de etarras huidos en Latinoamérica, por lo que sería razonable pensar en que su amigo y empresario D. Josu Abrisketa Korta pudiera estar dándole soporte financiero a través de las empresas del Grupo Ugao S.A, afincado en Cuba y del que es propietario», indica el informe pericial aportado por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) en la causa abierta por García Castellón para esclarecer la responsabilidad de seis exjefes de ETA en el atentado de Santa Pola (Alicante), en el que fueron asesinados una niña de seis años hija de un guardia civil y un hombre de 57 años.
La investigación pericial se basa parcialmente en la sentencia 480/2009 del Tribunal Supremo sobre el conocido como caso Ekin. En ella, quedó acreditado que los responsables de la ‘Koordinadora Abertzale Socialista’ (KAS) de ETA administraban los rendimientos de un entramado de empresas para atender las necesidades del colectivo de huidos y refugiados de la banda terrorista en América Latina. «Especialmente en Cuba, donde se llegaron a pagar sueldos mensuales de 1.000 dólares a los responsables de la organización terrorista al frente de las empresas y financiando los gastos de infraestructura empresarial con cargo a la caja común de KAS», señala.
Una de las muchas mercantiles que participó en ese proyecto empresarial fue Gadusmar S.L., dependiente del Grupo Ugao S.L., que en la actualidad mantiene su actividad comercial en Cuba, está dirigida por Abrisketa Korta y «se mantiene de una forma muy activa en la promoción de la independencia y la cultura del País Vasco» desde el país caribeño . «Las empresas anteriormente nombradas aún continúan con actividad empresarial en países de Sudamérica, lo que podría facilitar la propia inserción laboral de Mikel Antza en las mismas u otras que se hubieran creado por aquellos a los que el propio Antza facilitó durante su periodo de mandato al frente del aparato político», señala el informe pericial.
Los apoyos en Cuba del exjefe de ETA
El documento destaca que el propietario de Grupo Ugao ha tenido una estrecha vinculación en los últimos años con Joseba Sarrionandia, escritor de literatura vasca y miembro de ETA durante las décadas de los 70 y 80. Este último, que regresó recientemente al País Vasco tras residir durante años en Cuba, mantiene lazos estrechos con Mikel Antza. El exjefe de ETA visitó en prisión en numerosas ocasiones a Sarrionandia mientras cumplía condena. «Dicho grupo tiene su base de operaciones en la isla de Cuba, y se mantiene de una forma muy activa en la promoción de la independencia y la cultura del País Vasco», añade el informe aportado al juzgado.
«La relación entre D. Joseba Sarrionandia Urribelarrea y D. Josu Abrisketa Korta durante el tiempo en el que mantuvieron su residencia en Cuba, y la relación que a su vez ambos tienen con D. Mikel Albisu Iriarte hace razonable pensar que D. Joseba Sarrionandia Urribelarrea pudiera desempeñar la función de intermediario para hacerle llegar la financiación necesaria a una posible huida de D. Mikel Albisu Iriarte, máxime sabiendo que D. Joseba Sarrionandia Urribelarrea se encuentra ya de nuevo residiendo en España», indica el informe pericial.
El informe sostiene que la fuga de Mikel Antza también podría producirse desde el norte de África o a Francia, donde ya residió y podría aprovecharse de «la libertad de movimientos que ofrece el espacio Schengen». Por ello, el perito contratado por DyJ defendía que la retirada del pasaporte podría no ser suficiente para evitar la huida de alguien que tuvo un «preponderante papel en todo el entramado internacional» de la banda. «Tan solo impediría la salida de territorio de la Unión Europea por medios de transporte regular, y no por medio de otros concactos con organizaciones criminales de tráfico de armas operantes por definición entre fronteras de las que se proveía ETA, contrabandistas, etc», señala.
El juez descarta riesgo de fuga
El informe pericial se remitió al juzgado el domingo, por lo que no se dio por proveído durante la declaración en calidad de investigados que Mikel Antza y otros cinco exjefes de ETA prestaron este lunes ante el juez García Castellón. El magistrado descartó enviar a prisión al exresponsable del aparato político de la banda terrorista al entender que en su caso no se dan los requisitos necesarios. Entre ellos, el riesgo de fuga, la reiteración delictiva, la destrucción de pruebas o la posibilidad de que el encausado pueda actuar contra bienes de las víctimas.
El titular del Juzgado de Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cree que no concurre riesgo de fuga toda vez que el investigado se encuentra localizado, posee arraigo en España y no se infiere que vaya a evadirse de la acción de la justicia en la presente causa, según un auto dictado ayer. No obstante, el juez consideró necesario retirarle el pasaporte ante la gravedad de los delitos que se le atribuyen por el atentado de Santa Pola (integración en organización criminal y asesinato terrorista) y las elevadas penas de prisión con que están castigados.