La Justicia pinchó teléfonos a Puigdemont y al independentismo radical tras las amenazas a políticos constitucionalistas

Las intervenciones telefónicas se iniciaron a raíz del hallazgo de muñecos con rostros de dirigentes de PSC, Cs y PP colgando boca abajo de un puente

La Audiencia Nacional intervino tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 el teléfono de una cuarentena de activistas independentistas del entorno de la CUP, la ANC y el Consell de la República que lidera Carles Puigdemont, ante la sospecha de que preparaban actos «subversivos» para poner en riesgo las instituciones del Estado.

Según consta en las diligencias, las intervenciones telefónicas se empezaron a acordar en diciembre de 2017 en el marco de una investigación iniciada por la Guardia Civil sobre la actividades de los CDR (Comités de Defensa de la República) que, en septiembre de 2019, derivó en la detención de varios miembros del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que presuntamente planeó sabotajes en Cataluña en respuesta a la sentencia del procés.

Durante esos dos años, a petición de la Guardia Civil, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón autorizó intervenciones telefónicas, así como la instalación de dispositivos de seguimiento y otros métodos de control remoto de ordenadores y micrófonos, a decenas de independentistas vinculados a los CDR, la CUP, el Consell per la República y la ANC, sin que posteriormente se les procesara por ningún delito.

Sabotajes y amenazas

La investigación que dio pie a las intervenciones telefónicas se inició a raíz de un acto de sabotaje en la vía del tren con motivo de la huelga general del 8 de noviembre de 2017 contra el encarcelamiento de los líderes del procés y el hallazgo de unos muñecos con los rostros de dirigentes de PSC, Cs y PP colgando boca abajo de un puente de la C-17.

La Guardia Civil advertía en sus informes remitidos a la Audiencia Nacional de la presencia de «grupúsculos de personas muy radicales» dentro de los CDR, dispuestos a llevar a cabo acciones «sin importar las terribles consecuencias que de ellas pudieran derivarse (como podría ser la muerte de seres humanos por el descarrilamiento de trenes)».

Inicialmente, las escuchas se centraron en dos activistas vinculados al sabotaje en el tren, pero posteriormente se ampliaron a miembros del grupo autodenominado CNI Cat, entre los que figuran algunos mossos d’esquadra, bomberos y guardias urbanos independentistas, además de informáticos y otros activistas vinculados a la Asamblea Nacional Catalana (ANC). La relación entre las actividades del «CNI catalán» -según la denominación de la Guardia Civil- y el Consell de la República, espacio liderado por Carles Puigdemont, dio pie a que se monitorizara a miembros del entorno del expresidente catalán en Waterloo.

Presunta corrupción económica

Entre los investigados próximos a Puigdemont figura Lluís E., el sargento de los Mossos d’Esquadra que presuntamente ejercía de escolta del expresidente catalán mientras cobraba como asesor del exconsejero de Interior Miquel Buch, causa por la que ambos están a la espera de juicio por malversación.

También ha sido investigado Jaume Cabani, el informático de Waterloo que está en el punto de mira del juez del caso Volhov por la sospecha de que desvió fondos públicos mediante criptomonedas al expresidente catalán, gracias a una factura falsa girada a la Plataforma Pro Selecciones Catalanas.

«Nada que ver con Pegasus»

Otro de los dirigentes de la izquierda independentista a quien la Audiencia Nacional intervino las conversaciones telefónicas, a propuesta en este caso de la Policía Nacional, es el actual diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer, que entonces era portavoz del colectivo Alerta Solidaria. Este grupo ha denunciado que las investigaciones e intervenciones telefónicas suponen «graves intromisiones en la esfera de los derechos fundamentales» reconocidos en la Constitución, además de haberse acordado únicamente por «criterios políticos».

Según Alerta Solidaria, las intervenciones se llevaron a cabo mediante el sistema SITEL del Ministerio de Interior, que a su parecer «no tiene nada que envidiar al conocido malware Pegasus», y son «responsabilidad del PSOE». «El cambio de Gobierno ha representado un edulcorante, un lavado de la cara de la represión pero a la práctica esta ha seguido, con la misma dureza pero ampliando sin freno al número de personas afectadas».

Fuente: EFE.