Aragonès admite un pacto con el Gobierno para no recurrir el veto al 25% del castellano
Bolaños recuerda que el TSJC recurrió la ley sobre el catalán y asegura que el Gobierno aplicará lo que decidan los tribunales
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la entrevista en TV3 | Generalitat de Catalunya/Jordi Bedmar (EFE)
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado en una entrevista en TV3 que pactó que el Gobierno de Pedro Sánchez no recurriese la normativa catalana, aprobada a mediados de 2022, que sortea la obligación de impartir un mínimo de 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas.
En dicha entrevista, Aragonès señala que este fue una de las claves para reimpulsar hace unos meses la negociación de la mesa de diálogo, que quedo paralizada tras descubrirs el espionaje a varios líderes independentistas con el software Pegasus.
«Ha habido un acuerdo por el catalán, no nos impugnan la ley«, ha reconocido el mandatario de ERC durante la entrevista. «Si empiezas a negociar y te impugnan la ley que defiende el modelo lingüístico y que tiene una amplia mayoría parlamentaria, ya podemos terminar».
El Gobierno defiende que «aplicará lo que decidan los tribunales»
No obstante, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que el pacto sobre el catalán que se firmó en la mesa de dialogo es público y que en él se acordó garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas. Sin embargo ha recordado que existe una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y que aplicarán lo que decidan los tribunales.
Bolaños, al ser preguntado al respecto, se ha remitido al documento pactado en el mes de julio, cuando se reunió la mesa de dialogo en Madrid y firmaron dos acuerdos, uno sobre el catalán y otro sobre la «desjudicialización del conflicto» en Cataluña, según indica el texto.
El ministro ha señalado que ese documento es «absolutamente público» y lo que se pactó fue «garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas», ha sostenido, según recoge Europa Press.
Sin embargo, ha recordado que existe un procedimiento judicial, puesto que el TSJC, presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC que «se está dilucidando», ha apuntado. «Por supuesto lo que finalmente los tribunales decidan es algo que las administraciones públicas no tenemos nada que decir, hay que aplicarlo sin más», ha añadido.
Bolaños ya respaldó la ley en julio
En el citado acuerdo firmado en julio tras la reunión de la mesa de diálogo, el Gobierno plasmó por escrito su apoyo a la ley aprobada en el Parlament que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas y además se comprometió a garantizar que las instituciones del Estado en Catalunya respondan tanto oral como escrito en catalán a quien lo solicite.
De esta forma, el Gobierno reconoce la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua en función de su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán, según destacó Bolaños. Esta norma ignora una sentencia del TSJC que establece un mínimo del 25% de clases en castellano.
A este respecto, el ministro elogió la norma al señalar que es un «muy buen ejemplo» de los acuerdos amplios y transversales que defiende el Gobierno. Asimismo ha sostenido que es una norma «perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario», según ha expresado.
Sin embargo, el TSCJ ya señaló que veía «vicios de inconstitucionalidad» en la ley y presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Advirtió además de la «imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano porque se contradice con la nueva normativa catalana sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza.
