El Parlament acusa a la Policía de «islamofobia» tras detener a un activista por su radicalización
La Junta de Portavoces ha aprobado una declaración de solidaridad con Mohamed Said Badaoui apoyada por ERC, la CUP, JxCat y En Comú Podem
La detención de un activista islamista en Reus (Tarragona) desata la polémica. Se trata de Mohamed Said Badaoui, presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana (Adedcom) de esta localidad, y la Policía Nacional le ha abierto un expediente de expulsión del país por su presunta radicalización. Según han informado EFE fuentes cercanas al caso, los agentes han apreciado que tenía unos «discursos muy radicalizados» que encajaban en el tipo administrativo requerido para proceder a su expulsión de España.
Sin embargo, El Parlamento de Cataluña interpreta esta detención como un «caso de represión política e islamofobia por parte del Estado». Así lo ha estimado este miércoles la Junta de Portavoces, que ha aprobado una declaración de solidaridad con el activista y que ha contado con el apoyo de ERC, la CUP, JxCat y En Comú Podem.
Según la declaración, leída en el pleno del Parlament, se trata de un «procedimiento de expulsión irregular», en el que ha sido acusado «sin pruebas de un supuesto extremismo religioso» y «sin garantías para su defensa». «Los motivos alegados para expedir la orden de expulsión son infundados y no responden a hechos concretos ni están demostrados con solvencia», denuncia el Parlament, que destaca que el detenido, «nacido en Marruecos, es vecino de Reus desde hace décadas».
El juez decidirá sobre su expulsión
La Policía Nacional ha remitido al juez toda la información recabada sobre este activista, que consideran que se ha radicalizado, y será el magistrado el que tenga la última palabra sobre su expediente de expulsión. Tras la apertura de este expediente el pasado mes de agosto, Mohamed Said Badaoui fue detenido este martes por la tarde en Reus y trasladado posteriormente a las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional de La Verneda en Barcelona. El activista vive desde hace más de 30 años en Cataluña, concretamente en la provincia de Tarragona, y tiene tres hijos nacidos en Reus y Valls.
El propio Mohamed Said Badaoui compareció en rueda de prensa el pasado mes de agosto tras conocer que pesaba sobre él este expediente de expulsión de España para denunciar que la Policía Nacional le acusaba de «radicalización sin aportar prueba alguna, de ser una persona activa en redes sociales, de tener pretensiones políticas, de tener muchos contactos … Todo sin ninguna prueba», insistió entonces.
El activista criticó, además, que se iniciaran las gestiones para su expulsión en pleno verano, «sin darle margen de maniobra y tras haber solicitado la nacionalidad española». En esa rueda de prensa anunció, asimismo, que representantes políticos del Congreso habían hecho llegar una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiendo que se frenara su expulsión.