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El PSOE recurre el archivo de Aguirre porque hubo un plan «para financiar ilegalmente» al PP

Los socialistas se apoyan en el ‘caso Gürtel’ para pedir que se procese al PP como partícipe a título lucrativo y responsable penal

El PSOE recurre el archivo de Aguirre porque hubo un plan «para financiar ilegalmente» al PP

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. | Carlos Luján (EP)

El PSOE ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón de archivar la pieza separada número 9 de la macrocausa ‘Púnica’, entre otros, para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, asegurando que la investigación ha revelado «un plan concertado» desde su llegada a la Presidencia que buscaba «conseguir financiación extraordinaria» para el PP regional.

En un escrito de 112 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas apuntan también al sucesor de Aguirre, Ignacio González, al exconsejero Francisco Granados y al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez como las personas que, junto a la expresidenta, se mantuvieron «siempre en las posiciones de toma de decisión» en los años en los que habría persistido esa presunta estrategia delictiva.

«Toda esta pieza debe verse como un plan, ideado desde su inicio, para financiar ilegalmente al Partido Popular. Y financiación ilegal no es sólo falsear las cuentas electorales o sobrepasar el límite de gasto electoral, sino que para llegar a tal fin, debe de recaudarse el dinero, lo que en este caso se hace por distintos medios, mediante adjudicación de contratos sin prestación de servicio, o sobrevalorados, pagos en metálico, facturación falsa, pago con cargo a otros contratos adjudicados a terceras personas a modo de comisión a favor del Partido Popular», denuncian los socialistas.

A juicio del PSOE, ese plan se inició con la llegada de Aguirre a la Presidencia en las elecciones de 2003 y nació de la «necesidad de proceder al pago de los gastos electorales extraordinarios en los que se había incurrido». «Y que se alarga en el tiempo para ir sufragando los sucesivos actos ya fuesen electorales o no, pero para los que no se reparaba en gastos, hasta la intervención policial y la salida de los cargos en la administración madrileña de los distintos participantes», sostiene.

El partido que lidera Pedro Sánchez considera que «las campañas electorales fueron el momento en que se pusieron en acción todos los recursos obtenidos con anterioridad». Son esos mismos recursos, mantienen, los que permitieron al PP «acudir a esas campañas en una situación financiera oculta y distinta a la de los demás competidores».

Los delitos no habría prescrito

«Las continuas adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos, el desvío de dinero público, la utilización fraudulenta de subvenciones públicas, las constantes falsedades documentales, la utilización y colaboración de empresas afines para pagos a otros terceros, el pago de servicios personales utilizando entes administrativos sólo se alcanza a comprender y sólo tiene sentido si lo ponemos en directa conexión con la financiación ilícita», indica el PSOE.

Los socialistas han recurrido ante García Castellón su decisión de archivar para Aguirre y González por la presunta existencia de una ‘caja b’ también en el PP de Madrid, con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011, unas supuestas corruptelas por las que sí procesó a Granados y Gutiérrez.

García Castellón indicó entonces que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 estarían prescritos, pero ve indicios de delito en los de 2011, precisando que, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2,9 millones de euros -los declarados ante la Cámara de Cuentas-, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones. El PSOE, sin embargo, considera que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 no debió «aplicar automáticamente la prescripción, delito a delito, separadamente, sin tener en cuenta el contexto general y las interrelaciones entre los distintos hechos».

Así, argumenta que, al existir concurso delictivo, los delitos de cohecho, malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental prescribirían a los 15 años. «Si, además, tenemos en cuenta que dichos delitos concurren en concurso medial del artículo 77 C.P., conforme a la reforma del mismo operada en el año 2010, la pena a imponer podría ser incluso superior a los quince años, con lo que la prescripción de dichos delitos se produciría por el transcurso de veinte años», añade.

A su juicio, «no es el momento procesal oportuno para hacer un análisis de la prescripción de delitos en los que concurre exasperación de la pena, análisis que solo puede efectuarse en sentencia». Esto, aduce, «refuerza la imposibilidad de una declaración tan precipitada y prematura de la prescripción». «Pero lo que si resulta evidente es que no concurre prescripción de ninguno de los posibles delitos objeto de investigación», concluye.

El PP es «responsable» de las cuentas

Combate igualmente la decisión del juez de rechazar su petición y la de IU de imputar al PP como partícipe a título lucrativo. En este sentido, no solo pide que le procese como tal por los hechos investigados que tuvieron lugar entre 2003 y 2013, sino además como «responsable penal» por los ocurridos desde 2014 y hasta el final del periodo analizado, cuando se le podría achacar dicha responsabilidad debido a los cambios legales operados.

Para García Castellón, sería «improcedente» porque los hechos no guardan relación con el partido nacional, sino, en todo caso, «con el ente territorial que goza de plena autonomía y autogestión para sus intereses». Y, en segundo lugar, porque sería una imputación «innecesaria e inútil», dado que los posibles delitos están prescritos.

La acusación socialista dice que es «absolutamente falso» que el PP nacional sea una persona jurídica distinta del PP madrileño. «Es más, según los propios estatutos del PP el gerente (responsable de las cuentas electorales y del partido) depende de la Gerencia Nacional. De hecho, en el caso de Beltrán Gutiérrez fue el Partido Popular Nacional quien procedió a su despido», afirma. En este sentido, subraya que «la presentación de cuentas ha de hacerse de forma consolidada, por lo que el Partido Popular debe de integrar y consolidar las cuentas regionales y, por lo tanto, hacerse responsable de las mismas».

Para reforzar sus argumentos cita los fallos de ‘Gürtel’ que condenan al PP como partícipe a título lucrativo. «La sentencia y la jurisprudencia es clara y contundente, cualquier aportación de dinero ilícito a las cuentas ya sean electorales o a actividades del PP, se produzcan donde se produzcan, benefician al PP y en consecuencia este asume la responsabilidad», zanja.

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