En libertad el segundo musulmán detenido en Cataluña por amenazar la seguridad nacional
El otro arrestado permanecerá en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona hasta que se ejecute su expulsión
Amarouch Azbir.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Vilanova i la Geltrú ha dejado en libertad a Amarouch Azbir. Fue detenido el martes junto a Mohamed Said Badaoui. La Policía considera que suponen una amenaza para la seguridad nacional. Sobre ellos pesa una orden de expulsión de España. No obstante, el juez ha acordado como medida cautelar que Azbir comparezca tres veces a la semana y siempre que le sea requerido. Badaoui, en cambio, permanecerá en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona hasta su deportación.
Azbir prestó declaración este sábado durante siete horas en los juzgados de la localidad barcelonesa. A diferencia de Badaoui, no tendrá que ingresar en un centro penitenciario hasta que se haga efectiva la orden de expulsión que pesa sobre ellos por su presunta radicalización. Su abogado ha celebrado la puesta en libertad. En su opinión, esa decisión pone de manifiesto que su cliente no supone ningún riesgo para la seguridad nacional, tal y como aseguran los informes policiales.
La Policía Nacional acusa a los dos detenidos de origen musulmán de pertenecer al movimiento salafista y reclutar menores no acompañados para adoctrinarlos. Les señala como «los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo». Ambos fueron detenidos el martes, después de que el secretario de Estado diese luz verde al expediente de expulsión incoado por los agentes. Sobre los dos arrestados pesa una orden de expulsión que debe resolver la Audiencia Nacional, que ya rechazó el jueves aplicar medidas cautelarísimas.
La postura del Parlament
Las detenciones de estos líderes musulmanes desató la polémica en el Parlamento de Cataluña, que interpretó su detención como un «caso de represión política e islamofobia del Estado». La Junta de Portavoces aprobó el miércoles una declaración de solidaridad apoyada por las fuerzas independentistas y los comunes. La declaración, leída en el pleno de la Cámara, apuntaba a que se trata de un «procedimiento de expulsión irregular» y que no existen pruebas «de un supuesto extremismo religioso», por lo que los motivos de la deportación «son infundados».
La Audiencia Nacional desestimó las medidas cautelarísimas solicitadas en los recursos presentados contra la resolución dictada el pasado 14 de septiembre por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que acordó su expulsión del territorio nacional y les prohíbe volver en 10 años. Para ello, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aduce que ambos estarían implicados en actividades contra la seguridad nacional, el orden público y que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países.
Las autoridades alertan de que ambos detenidos tendrían «vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo». Detallan que Badaoui, que lleva tres décadas residiendo en España, se ha dedicado «durante años» a las actividades de «proselitismo y reclutamiento», especialmente con los colectivos más vulnerables y manipulables, prestando especial atención a los menores no acompañados, principalmente de origen marroquí, «adoctrinándoles en el salafismo más radical». También habría fomentado «el victimismo y la occidentalofobia».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera que en este caso deben prevalecer los intereses de «carácter general» frente a los de tipo personal, por cuanto se le achaca «una infracción muy grave prevista en el artículo 54.1.a de la Ley Orgánica 4/2000 que tipifica como tal participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países».
