El caso insólito de las prisiones catalanas: las agresiones a funcionarios se disparan un 160%
La violencia contra los trabajadores penitenciarios se ha triplicado en Cataluña en los últimos seis años. Supera incluso la media del resto de prisiones
Protesta de funcionarios, frente a una prisión catalana. | EP
Hace unos meses, un funcionario perdió el 20% de visión. Poco después, otro se quedó sin un trozo de falange por un mordisco. Y, entre tanto, algunos tuvieron que coger la baja por las secuelas psicológicas que les supuso un episodio violento contra ellos. Todos estos escenarios tienen un mismo origen: la agresión de un preso. En este caso, contra funcionarios de prisiones del sistema penitenciario catalán. Una comunidad autónoma en la que los ataques contra el personal de las cárceles se ha disparado un 160% en los seis últimos años. Y que deja cifras incluso por encima de la media del resto de prisiones españolas.
Los datos hablan por sí solos. Desde 2016, cuando el departamento de prisiones catalán comenzó a contabilizar este tipo de episodios, las agresiones a trabajadores penitenciarios se han triplicado (de 151 a 393), según las estadísticas a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Año a año, esta cifra ha aumentado y en 2021 incluso superó al de los ataques que se producen de media en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior.
En base a los últimos datos aportados por la administración penitenciaria estatal, desde el año 2000 hasta mayo de 2022 —se incluyen datos de País Vasco hasta octubre del año pasado, antes de que el Gobierno autonómico asumiese esta competencia— los funcionarios de prisiones han sufrido 7.564 agresiones, lo que se traduce en que, cada año, se producen al menos 328 ataques contra estos funcionarios públicos. Si comparamos este dato con el último disponible en las cárceles catalanas, las agresiones contra trabajadores de esta región (393) están un 20% por encima de la media del resto del país.
Este contraste en los datos también puede advertirse en los casos de atentados contra agentes penitenciarios que se han publicado este año. Mientras que, desde enero a agosto de 2022, se han contabilizado 268 agresiones contra funcionarios de prisiones del Estado; en Cataluña, durante los primeros cuatro meses del curso, 193 trabajadores ya habían sido agredidos. La mayor preocupación de este colectivo, señalan desde la sección de Prisiones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ya no es tanto el crecimiento progresivo, sino que cada año los ataques son más graves. En 2021, las agresiones graves contra los funcionarios aumentaron un 133%, respecto al año anterior.
¿Por qué ocurre en Cataluña?
Pero, ¿por qué se da este fenómeno en las cárceles catalanas? ¿Por qué aumentan las agresiones contra los empleados penitenciarios cada año cuando el número de reclusos en las prisiones de Cataluña es cada vez más bajo? Desde el CSIF ponen el foco en la pérdida de autoridad de los funcionarios. O más bien, en el hecho de no haber tenido nunca ese estatus. «Nosotros no somos considerados agentes de la autoridad, como los policías, por ejemplo. De este modo, cuando un recluso nos agrede, no hay ningún castigo penal, por lo que sienten total impunidad. Si dar una paliza a un funcionario les acarrease un aumento de la pena que están cumpliendo, tal vez sería distinto», indican fuentes sindicales.
En cualquier caso, desde la sección de prisiones de este sindicato también reclaman otras medidas para dar la vuelta a las estadísticas. Entre ellas está el aumento de personal; dotar de mayor seguridad todas las instalaciones penitenciarias a través de videocámaras ; o que les permitan el uso de gases pimienta o pistolas taser como medios de disuasión frente a los presos cuando se producen altercados entre ellos o contra los trabajadores penitenciarios.
Cambios en la dirección
Otra cuestión que preocupa especialmente a este colectivo profesional es el reciente nombramiento de la nueva directora de prisiones en Cataluña, Gemma Ubasart. Principalmente, por su pasado como activista en defensa de los derechos de los presos y contra el trabajo de los funcionarios, a quienes, en investigaciones en las que ha participado, se les ha denominado como «torturadores». Desde el CSIF quieren dejar claro que son los primeros que defienden los derechos de los reclusos, pero también los propios frente a la deriva violenta que se vive en las prisiones desde hace unos años.
Este sindicato, el más representativo en las administraciones públicas, pone el foco en esta política por haber sido miembro activo de la Asociación Iridia. Una organización, señalan fuentes del CSIF, «que siempre ha hecho valer su posicionamiento contra los funcionarios de prisiones». Dirigida por Iñaki Rivera, esta plataforma «lleva más de 30 años cuestionando el sistema penitenciario catalán y es ferviente defensora de los derechos de los presos».
El CSIF, entre tanto, también pone sobre la mesa que la nueva consejera fue integrante del equipo de investigación para los informes y el libro sobre Privación de libertad y Derechos Humanos. La tortura y otras formas de violencia institucional en el Estado español, publicado el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, dirigido por Rivera.
