Los estudiantes piden parar el Estatuto del Becario para incluir sus peticiones
Reclaman a los gobiernos central y autonómicos que proporcionen la correcta financiación a las entidades públicas donde se realicen prácticas
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz | Eduardo Parra (Europa Press)
El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) pide al Ministerio de Trabajo que paralice la aprobación del Estatuto del Becario para poder incorporar sus reivindicaciones, hacer de este un documento ajustado a la realidad de los estudiantes y dar respuesta al fraude en los periodos de prácticas.
En un comunicado, este órgano colegiado de representación de los estudiantes de todas las universidades en España critica que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no haya contado con ellos ni con los rectorados en la redacción del documento, según señala EFE.
Los estudiantes advierten de que el «gran cambio» que comportaría la aprobación del Estatuto del Becario, la eliminación de las prácticas extracurriculares que serían sustituidas por el contrato laboral de formación, podría conllevar una «notoria reducción en la oferta de prácticas», en especial en las instituciones públicas al no contar con la financiación suficiente.
Creen igualmente de que, con la aprobación de la norma tal cual y sin las aportaciones de los estudiantes, se puede reducir el número de prácticas que ofrecen las pequeñas y medianas empresas, lo que supondría un «claro perjuicio» para los estudiantes, añaden.
Ante esta situación, piden al Ministerio que se les escuche y, en concreto, a Yolanda Díaz que asista al pleno de la Comisión Permanente del CEUNE, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, para «debatir, escuchar y sumar» a este proyecto las reivindicaciones y realidades del colectivo.
Entre ellas, los estudiantes piden que se garantice la oferta de prácticas remuneradas en todos los grados, tanto curriculares como extracurriculares.
También reclaman a los gobiernos central y autonómicos que proporcionen la correcta financiación a las entidades públicas donde se realicen prácticas para que se pueda garantizar al estudiantado tanto una remuneración digna, como la cotización a la seguridad social.
