El PSOE desoye a sus socios y pide excluir a los perros de caza de la ley de bienestar animal
Los socialistas quieren que la nueva ley afecte «exclusivamente» a los animales de compañía que viven en el hogar familiar
Un perro de caza. | Europa Press
El grupo parlamentario socialista mantiene su enmienda que excluye a los perros de caza y producción de la ley de protección, derechos y bienestar de los animales, a pesar de las críticas de Unidas Podemos, socio de coalición del Gobierno y de los grupos animalistas. Así consta en las 657 enmiendas al proyecto de ley a las que ha tenido acceso Europa Press y en las que el PSOE propone excluir a los animales usados en actividades específicas, como las aves de cetrería, los perros pastores y de ganado, así como los de actividades profesionales, como los perros de rescate, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad o las fuerzas armadas.
Del mismo modo, plantea excluir de esta ley a los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza. El PSOE considera que debe desligarse la normativa de bienestar que se aplica a los animales de compañía de aquellos otros tradicionalmente denominados de producción, o vinculados a actividades profesionales.
Es decir que, el PSOE quiere que la nueva ley afecte «exclusivamente» a los animales de compañía que viven en el hogar familiar. Por otro lado, propone suprimir de las prohibiciones llevar animales atados a vehículos a motor en marcha e igualmente, apuesta por no considerar animales abandonados a los de compañía que se usen en actividades que se desenvuelven de forma independiente.
Estas enmiendas del grupo socialista han provocado un choque con su socio de coalición, que impulsó desde la Dirección General de Derechos de los Animales la propuesta normativa. Sin embargo, ambos grupos parlamentarios sí se han puesto de acuerdo para presentar una serie de enmiendas conjuntas. En concreto, coinciden en querer excluir a los animales utilizados en investigación clínica veterinaria por la que se regulan los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente, pero se comprometen a elaborar en el plazo de un año un documento de recomendaciones sobre principios éticos y las condiciones de vida de estos.
Asimismo, han acordado pedir que los planes de Protección Civil tengan en cuenta e incluyan medidas de protección de los animales en situaciones de emergencia, una propuesta que también ha planteado el PP.
Límites a los zoos con cetáceos
En otra enmienda conjunta, PSOE y UP plantean que a partir del 1 de enero de 2026 solo podrán criar y mantener en sus instalaciones de cetáceos aquellos centros con instalaciones idóneas y que mantengan el programa de mantenimiento en cautividad. No obstante, los centros deberán disponer de un responsable especialista en bienestar animal y participar en programas de investigación para mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad marina.
En cuanto a las enmiendas del PP, propone dar un plazo de 12 meses tras la entrada en vigor de la ley para que dejen de vender perros, gatos y hurones y quiere que en ese periodo no tengan que implantar un conjunto de medidas en sus instalaciones.
Por otro lado, los populares no quieren suprimir la edad mínima de 18 meses de edad para que los perros sean usados en actividades profesionales pero sí quieren que con menor edad puedan iniciar el entrenamiento en tales actividades, al tiempo que propone la obligatoriedad de que los perros de pastoreo y guarda estén inscritos en el Registro de Animales de Compañía y estar vinculados en el mismo al registro ganadero de su titular o responsable.
Al mismo tiempo quiere que se elimine la obligación de denunciar para establecer la condición de extraviado ya que la definición le parece incoherente y propone modificar la definición de maltrato de modo que se defina como cualquier conducta que ocasione directa o indirectamente al animal dolor, sufrimiento o daño evitable o la muerte, ya sea por acción u omisión dolosa o negligente y excluye de la misma a los supuestos en los que concurra un caso fortuito o fuerza mayor.
Por otro lado los ‘populares’ quieren eliminar las colonias felinas y plantean otra serie de enmiendas dirigidas a evitar la intromisión en las competencias autonómicas, al tiempo que propone suprimir la disposición derogatoria única de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Igualmente, plantean el sacrificio de animales de compañía excepto por motivos de seguridad o riesgo para la salud pública o el medioambiente debidamente justificados por la autoridad competente; el sacrificio en los centros de protección animal, públicos o privados, clínicas veterinarias o núcleos zoológicos por cuestiones económicas, sobrepoblación, carencia de plazas o imposibilidad de encontrar un adoptante en un plazo determinado, por abandono, por vejez o por lesión que tenga tratamiento, así como por problemas de comportamiento que pueda ser reconducido.
Sobre la prohibición del proyecto de ley de mantener perros y gatos en patios o terrazas, el PP se opone siempre que los alojamientos sean adecuados y cumplan los requisitos y también discrepa en forma de enmienda a la prohibición de dejar a una animal de compañía durante tres días seguidos porque considera que obvia las posibilidades actuales para mantener la vida digna, por lo que quiere que se contemplen excepciones cuando la tecnología o dispositivos permitan atender las necesidades de estos.
Vox pide suprimir la norma
En cuanto a las enmiendas del grupo parlamentario Vox, cuya enmienda a la totalidad de este proyecto de ley fue rechazada en el pleno del Congreso de los Diputados, ha presentado numerosas enmiendas, buena parte de las cuales proponen suprimir parte de la iniciativa, que consta de 89 artículos.
Para empezar, propone cambiar el nombre de norma por Ley de protección de los animales de compañía, suprimir buena parte de la exposición de motivos con las que no coincide así como varios capítulos de la iniciativa (II, IV, V y parte de los capítulos VI, VII y VIII).
La formación verde justifica sus enmiendas en que rechaza la creación de los derechos de los animales porque opina que la norma que se pretenda aprobar «aparenta ser un instrumento para combatir el maltrato», el abandono y el sacrificio de animales en un contexto de creciente sensibilización de la ciudadanía, pero esta «bondad aparente oculta un avance de la agenda ideológica del animalismo, contrario a la relación de los españoles con el mundo animal».
«El Gobierno pretende crear unos supuestos derechos de los animales a la vez que señala a todos los propietarios como sospechosos, potenciales agresores, optando por una vía desproporcionada de control», argumenta. Así, propone definir animal de compañía como «todo aquel que sea tenido o esté destinado a ser tenido por el hombre, en particular en su propia vivienda, para que le sirva de esparcimiento y le haga compañía».
