Las prostitutas denuncian sufrir más agresiones por culpa de la ley del PSOE para la abolición
Las trabajadoras sexuales aseguran que, aunque la norma abolicionista no ha entrado en vigor, ya hay clientes que las tratan de manera vejatoria
Las prostitutas se manifiestan contra la abolición de la prostitución ante la sede del PSOE, en la calle de Ferraz (Madrid). | Europa Press
Las prostitutas lo venían advirtiendo. La ley que abole la actividad sexual retribuida, impulsada por el PSOE y apoyada por Unidas Podemos y el Partido Popular, supondrá una «clandestinización» de la actividad (por cuanto no se erradicará, pero sí se llevará a cabo en lugares más precarios) y un aumento de la violencia sexual contra ellas. Así estaría sucediendo ya, aún y cuando la norma no ha comenzado a aplicarse. «Ya hay clientes que, como se creen que la ley está aprobada, se niegan a pagar a las trabajadoras sexuales o se niegan a irse cuando han terminado el servicio. Es un aperitivo de lo que pasará en un futuro», relata Susana Pastor, portavoz de ASTRAS (Asociación Trabajo Sexual), a THE OBJECTIVE.
Unas de las afectadas es Gema, trabajadora sexual de Bilbao, que asegura a este medio estar percibiendo «una agresividad que no había visto en los 12 años que llevo en el sector». ¿La causa? El «desconocimiento» o la «ignorancia» de algunos clientes, que ni se han enterado de que la norma aún no ha entrado en vigor -sigue su tramitación en el Congreso de los Diputados- ni son conscientes de que los que serán multados -con penas de 12 a 24 meses- serán ellos: los consumidores.
Las prostitutas no serán multadas, pero serán abocadas a trabajar en la calle. Y es que la principal diferencia del actual marco de alegalidad en el que se encuentra la prostitución en España, es que, de aprobarse la reforma del Gobierno, se consideraría explotador sexual a todo aquel al que «con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento que favorezca o facilite la prostitución». Esto conllevaría penas de prisión de dos a cuatro años.
«Un cliente me dijo el otro día que iba a llamar a la Ertzaina si le cobraba, y yo le dije que lo hiciera. Si sale la ley, el que va a la cárcel es él», relata Gema, que ha vivido casos de violencia en su entorno cercano: «Yo tengo la suerte de que no tengo una estética inocente, de que sé defender y lo aparento, pero una chica que lleva dos años en esto sufrió el otro día una agresión. Ella estaba en la cabina de al lado, escuché cómo discutían y cuando entré él la tenía agarrada del cuello».
«Nos van a abocar a todas a la clandestinidad. Esto es solo un piscolabis. Tengo compañeras que trabajan solas y que les han llegado a robar después de agredirlas. Como salga la ley España se va a convertir en una gran Casa de Campo», zanja Gema. Un análisis que Julia, gerente de una agencia de clientes en Madrid, comparte: «Yo en mi empresa filtro a los clientes, y por suerte no hemos tenido ningún caso de violencia porque me encargo de ello, pero diariamente recibo dos o tres llamadas de chicas para colaborar; son independientes y están teniendo problemas con los clientes: amenazas, insultos, golpes… Quieren la seguridad de trabajar en un sitio».
Se estaría produciendo, en definitiva, un aumento de la violencia contra las trabajadoras sexuales, tal y como advirtieron éstas a THE OBJECTIVE en caso de que prosperara la iniciativa legislativa del PSOE. Pero este ha llegado antes de lo previsto, cuando la norma no ha entrado en vigor. «La gente no está bien informada, se cree que ya está aprobada y que somos vulnerables, que pueden hacer con nosotras lo que les dé la gana», denuncia Julia, crítica con el Gobierno: «Las están mandando a la calle y sin ningún tipo de protección. Es horrible lo que quieren hacer por ser unos ignorantes del sector: no saben cómo es, no tienen datos, sólo prejuicios».
¿Cuántas prostitutas hay en España?
Julia hace referencia a los mantras que ha enarbolado durante meses el Gobierno de coalición para defender su postura abolicionista: que de las 45.000 prostitutas, según ellos, que ejercen en España, el 90% son víctimas de trata. Pero la cifra es discutida por el propio sector, que afirma que más de 150.000 familias viven del mismo, y por académicas como Carmen Meneses o Mariona Llobet, que cifran las víctimas de trata en entre un 10% y un 12% de las mujeres que ejercen la prostitución.
Para poner fin a toda esta discusión el PNV planteó en el Congreso de los Diputados la creación de una subcomisión de investigación que permita elaborar «un diagnóstico veraz» del tema y así «legislar en consecuencia». Esta petición ha sido aceptada por la mayoría de grupos parlamentarios gracias a la insistencia de Susana Pastor, portavoz de ASTRAS, que mantuvo una ronda de reuniones en septiembre y octubre con PSOE, PP o Ciudadanos -entre otros- pidiéndoles que apoyaran la iniciativa jeltzale.
Esa -la subcomisión- es ya la última esperanza para las prostitutas. El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero será quien tenga la última palabra. «Que se sienten a negociar con el sector, que el Estado va a ganar mucho dinero legalizándolo. Además, Irene Montero no va a obtener esas cifras [en referencia a ese supuesto 90% de prostitutas que son víctimas de trata] porque no existen, así que deje de gastar dinero, que yo le ofrezco los informes», ironiza Pastor, que pide al Ejecutivo de coalición que deje de tratar a las trabajadoras sexuales «como a delincuentes».
Si Montero no acepta finalmente la propuesta del PNV para crear una subcomisión de investigación, las prostitutas darán los nombres de aquellos diputados del Congreso que son clientes. El escándalo estará entonces servido. Y es que, según adelantan, hay puteros dentro «de todos los partidos políticos abolicionistas» (PSOE, PP y Unidas Podemos). También, dicen, «la expareja de una ministra de Igualdad».
