Nuevo portazo de la Fiscalía al último intento de Griñán para retrasar su ingreso en prisión
El expresidente de la Junta de Andalucía había pedido a la Audiencia de Sevilla, instancia que le condenó por el caso ERE, demorar su entrada en la cárcel
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán | Europa Press
La Fiscalía ha vuelto a dar un portazo a José Antonio Griñán. Insiste en reclamar el ingreso inmediato en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, que había pedido a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, instancia que le condenó por el caso ERE, demorar su entrada en la cárcel. Un escenario al que el viernes ya se opuso la Fiscalía Anticorrupción. En esta ocasión lo hacen los delegados del Ministerio Público encargados de luchar contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Sevilla. El ingreso del exdirigente socialista en un centro penitenciario se antoja inminente.
«Esta Fiscalía (…) ya tuvo en cuenta para valorar la procedencia de la suspensión de la pena privativa de libertad el hecho de la presentación por los penados de un incidente de nulidad, al ser anunciado por sus representaciones procesales en sus respectivos escritos. Por tanto, el Fiscal, siendo firme la sentencia dictada y debiendo esta ser cumplida, reitera en todos sus extremos el contenido de su informe de fecha 2 de noviembre de 2022 por el que se opone a la suspensión de la pena de prisión impuesta de los penados», indica el texto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Se trata de la nueva respuesta del Ministerio Público a la Audiencia de Sevilla sobre la ejecución de la sentencia impuesta a Griñán. La decisión también atañe al resto de condenados, entre ellos los exconsejeros Carmen Martinez Aguayo, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Jesús Rodríguez Román y Francisco Vallejo Serrano. Los condenados por el caso ERE habían solicitado la demora de la pena porque han presentado alegaciones ante el Tribunal Supremo, el Constitucional o el indulto, tal y como adelantó este diario.
El escrito de Griñán
«Igualmente, la representación procesal del penado Miguel Ángel Serrano Aguilar interesa además que se suspenda la ejecución de la pena impuesta hasta la resolución del recurso de amparo planteado ante el Tribunal Constitucional», indica el escrito realizado por los fiscales, fechado el 7 de noviembre.
Griñán y otros ocho condenados habían solicitado a la Audiencia de Sevilla que demorara su ingreso en prisión. Una fórmula con la que pretenden ganar tiempo hasta que se resuelven las peticiones de indulto. Para la defensa del expresidente andaluz, «el ordenamiento jurídico previene supuestos excepcionales, como el que concurre en las presentes actuaciones, que hacen que la ejecución de la sentencia firme no deba ser ni inmediata ni automática, como parece proponer el Ministerio Público».
La Fiscalía Anticorrupción se manifestó en contra de la solicitud de suspensión de las condenas formulada por Griñán y los otros ocho exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados. El Ministerio Público basó su respuesta en la doctrina del Constitucional que fija en cinco años el límite máximo de condena para que se pueda aplazar una sentencia firme. En el caso de Griñan y el resto de condenados, las penas superan los seis años.
Los fiscales también explican que el interés público reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan. No obstante, la decisión final depende de la Audiencia de Sevilla, tribunal sancionador.
La sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán a seis años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos en noviembre de 2019 por el caso ERE. El pasado 26 de julio, el Tribunal Supremo ratificó la condena, aunque el fallo completo no se conoció hasta septiembre. Una vez que se publicó, la familia del exdirigente socialista inició una cruzada para intentar que no ingresara en la cárcel. Inició diferentes alegaciones, entre ellas un indulto basado en el voto particular de dos magistradas del Alto Tribunal.
El caso ERE es el nombre que recibe la causa que juzgó el desarrollo de un sistema fraudulento de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2011 en Andalucía. El fraude se estima en más de 680 millones de euros. Los altos cargos de la Junta están condenados por diseñar y ejecutar un plan para desviar dinero público de los ERE a empresas de familiares, amigos y afines al PSOE.
