La Junta de Andalucía aún mantiene como alto cargo a uno de los condenados por los ERE

La resaca de la sentencia de los ERE promete ser larga. Los condenados han iniciado un rosario de recursos y solicitudes de indulto para sortear la cárcel. Entre ellos, Miguel Ángel Serrano Aguilar, sentenciado a seis años de prisión. A pesar de ello, el Gobierno de Juan Manuel Moreno lo mantiene como alto cargo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La Junta de Andalucía argumentó que seguiría en el puesto hasta que existiese fallo firme del Supremo. Ahora arguye que aún no ha recibido notificación oficial de la sentencia.

Serrano forma parte de la veintena de acusados a los que la Audiencia Provincial de Sevilla condenó por el caso ERE en noviembre de 2019. Le atribuyen, como al expresidente andaluz José Antonio Griñán, delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia en julio, aunque el texto completo, de 1.205 páginas, se conoció a principios de septiembre.

Un fallo que no ha impedido que Serrano continúe trabajando en IDEA, donde desempeña el cargo de jefe de unidad de Incentivos Europeos. La agencia es uno de los entes que sirvió para perpetrar el fraude de los ERE en la época en la que el PSOE gobernaba la región. Serrano llegó a la Junta de Andalucía en 1989 de la mano de los socialistas para desempeñar en Granada el puesto de gerente provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego reconvertido en IDEA). Estuvo ahí hasta 2000.

Corrupción en Andalucía

Desde ese año encadenó una serie de responsabilidades en la agencia, incluso llegó a dirigirla entre 2004 y 2008. Tras pasar por varios departamentos de la Administración andaluza, fue nombrado jefe de unidad de IDEA en 2011. Mantiene el mismo cargo desde hace más de una década, admiten fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en la que se inserta el ente, que en las próximas fechas se integrará en una nueva agencia.

En la legislatura anterior, durante el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, IDEA formaba parte de la Consejería de Transformación Económica e Industria, cuota de la formación naranja. El consejero, Rogelio Velasco, explicó que Serrano estaba trabajando como personal laboral y que no ocupaba ningún puesto de responsabilidad. De hecho, no tiene ningún empleado a sus órdenes.

Como Serrano recurrió la condena inicial de la Audiencia Provincial de Sevilla ante el Supremo, Velasco avanzó que no habría una decisión sobre él hasta que el alto tribunal se pronunciara de manera firme. Lo hizo en julio, aunque la sentencia completa se publicó a principios de septiembre. El Tribunal Supremo mantuvo el dictamen de seis años de prisión y 17 de inhabilitación, pero la Junta de Andalucía se excusa en que no ha recibido aún la notificación oficial.

«Una vez que lo hagan, la entidad llevará a cabo las medidas oportunas para la ejecución de la sentencia. Por otro lado, el cargo de esta persona es el de jefe de unidad, equivalente a jefe de servicio, y tiene una relación laboral, no es directivo ni cargo público», insisten desde la Consejería de Economía.

La Audiencia Provincial de Sevilla recibió la semana pasada las actuaciones relativas a las condenas de los ERE procedentes del Tribunal Supremo. En los próximos días comenzará a notificar y ejecutar las penas, entre las que se encuentran los seis años de prisión que debe cumplir Serrano si no prosperan los recursos que ha presentado su abogado y su familia. El mismo procedimiento que ha emprendido José Antonio Griñán, condenado a otros seis años de cárcel.

Contratos blindados

«Esa es la única solución para deshacerse de Serrano», admiten fuentes sindicales. Afirman que el jefe de unidad de IDEA podría contar con un contrato blindado que impide su despido. Un fórmula que disfrutarían otros trabajadores que aún permanecen en la Junta de Andalucía desde la etapa anterior. En la pasada legislatura se realizó un informe que constató que la administración paralela estaba formada por 92 entidades en las que trabajaban casi 30.000 personas.

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, afirmó hace días que desconocía la situación de Serrano. Una fórmula que usó el coordinador general del PP, Elías Bendodo, cuando era consejero de Interior y Administraciones Públicas en la pasada legislatura. Entonces afirmó que la Junta de Andalucía contaba con 300.000 trabajadores y no podía conocer «la situación personal ni procesal de todos y cada uno de ellos».

Sus detractores afirman que este caso ha aparecido reiteradamente en los medios de comunicación y que deberían conocerlo porque el trabajador en cuestión está condenado a seis años de prisión por prevaricar y malversar. «Es como poner al lobo a guardar gallinas», reconoce un activo sindicalista.

El abogado de Serrano aseguró a THE OBJECTIVE que la familia de su cliente ya había solicitado el indulto al Gobierno y que él presentaría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El letrado entiende que el voto particular que emitieron dos magistradas del Supremo «es fundamental» para la defensa, ya que discrepa de la condena por malversación de los cinco acusados ajenos a la Consejería de Empleo, entre los que está el aún empleado de IDEA.

«Una cosa es asumir y aprobar todo un sistema específico para agilizar la concesión y pago de las ayudas sociolaborales a los trabajadores y a las empresas en crisis (…) y otra cosa muy diferente es que los acusados ajenos a la referida consejería tuvieran conocimiento de que parte de esos fondos estuvieran siendo distribuidos de forma dolosamente fraudulenta», señalan las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo en el voto particular.

La intención de Juanma Moreno es extinguir IDEA, uno de los epicentros de la corrupción de los ERE. Será uno de los cuatro entes públicos que se fusionen para crear TRADE, la nueva Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico. La ley que la creó entró en vigor el 31 de diciembre tras ser publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aunque su constitución efectiva no se producirá hasta que entren en vigor de sus estatutos, previsto para finales de este año.