Cuatro condenados por los ERE siguen la vía Griñán y solicitan el indulto al Gobierno

La publicación de la sentencia completa del caso de los ERE desata un efecto dominó. José Antonio Griñán esgrimirá los votos particulares de dos magistradas en el Tribunal Supremo para solicitar el incidente de nulidad y activar la petición de indulto. Un camino que emprenderán otros condenados, según han confirmado fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. Son los cinco procesados con penas de prisión superiores a seis años que no tuvieron relación con la Consejería de Empleo y que las magistradas discrepantes exculpan del delito de malversación al entender que no se lucraron ni ejecutaron las ayudas a las empresas en crisis.

La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán a seis años de prisión por prevaricación y malversación en noviembre de 2019. Unos delitos que también atribuyó a otros altos cargos de la Junta de Andalucía como Carmen Martínez Aguayo (exconsejera de Hacienda); Francisco Vallejo (que lideró tres consejerías antes de la llegada de Griñán a la presidencia); Jesús Rodríguez Román (exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa) y Miguel Ángel Serrano Aguilar, que ocupó diversos cargos directivos en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

El Tribunal Supremo ratificó en julio la sentencia, aunque el texto definitivo, de más de 1.200 páginas, no se conoció hasta el pasado miércoles. Era el requisito necesario para que el abogado de Griñán comenzara los trámites oportunos e impedir así que su cliente ingrese en prisión. El primer intento será el incidente de nulidad, que da pie a un futuro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La familia ya presentó a principios de mes la solicitud de indulto. No será el único caso.

El voto particular

Los otros cuatro condenados ajenos a la Consejería de Empleo a los que se refieren las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo en sus votos particulares seguirán la senda de Griñán. Las fuentes jurídicas consultadas afirman que la defensa de estos acusados solicitará el incidente de nulidad y, si es necesario, llegarán al tribunal de garantías porque consideran que se vulneraron sus derechos fundamentales.

Lo que sí han presentado ya es la solicitud de indulto, un extremo que este diario no ha podido confirmar en el caso de Martínez Aguayo, aunque las fuentes consultadas lo dan por hecho. Estas sostienen que varios de los acusados han solicitado también una suspensión cautelar de la pena en virtud del artículo 4.4 del Código Penal, que establece que cuando media una petición de indulto, se aplaza el ingreso en prisión hasta que esta se resuelva.

Estas mismas fuentes sostienen que el voto particular «dice cosas relevantes» y sirve para fundamentar los incidentes de nulidad que van a presentar los acusados porque «cambia el dolo eventual por uno directo». Y añaden: «Donde que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla veía conductas activas, varias magistradas del Tribunal Supremo reconocen conductas de omisión».

Ferrer y Polo revelan en el voto particular, de 88 páginas, que la condena del tribunal sancionador «no se ajusta a derecho». Las magistradas aseguran que la resolución original «adolece de un importante déficit argumentativo». Afean que sus compañeros del alto tribunal hayan confirmado el delito de malversación, que es el que conlleva las penas de cárcel, ya que este se atribuye sin que existan «pruebas sólidas» y en base a «meras especulaciones».

Ferrer y Polo exculpan a Griñán y a estos otros cuatro acusados del delito de malversación. En su opinión, no se lucraron ni ejecutaron las ayudas a las empresas en crisis porque eso correspondió a los funcionarios de la Consejería de Empleo. Las magistradas reconocen que hubo una concesión ilegal masiva de subvenciones, pero sostienen que no todas fueron improcedentes. En su escrito afirman que, si estas ayudas hubiesen seguido el procedimiento adecuado, no habrían tenido trascendencia penal.

Las fuentes jurídicas consultadas ponen énfasis en que la sentencia del Tribunal Supremo no es unánime. Esgrimen que tres magistrados, la mayoría, relacionan el delito de prevaricación con el de malversación, que es el que llevará a la cárcel a los cinco condenados que no tuvieron relación con la Consejería de Empleo, José Antonio Griñán entre ellos. «Son dos delitos distintos. Que haya prevaricación no implica que exista malversación».

El carnet del PSOE

«La interpretación varía si tienes el carnet del PSOE», afirman estas fuentes. Relatan que un interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, llegó al juicio de la Audiencia de Provincial de Sevilla como acusado por un delito de malversación y fue absuelto a pesar de encontrarse en las mismas circunstancias que los cinco condenados ajenos a la Consejería de Empleo a los que aluden Ferrer y Polo. «Lo que dice el voto particular es que no existen diferencias entre unos y otros», insisten.

Miguel Delgado, abogado de Serrano Aguilar, reconoce a THE OBJECTIVE que su cliente ya ha solicitado el indulto al Gobierno y que presentará el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en los próximos días. A pesar de que este órgano no suele conceder exenciones para penas superiores a cinco años de prisión, Delgado sostiene que existen precedentes y que «todo es posible».

El letrado de Serrano Aguilar, que ha desempeñado altos cargos en la Junta de Andalucía durante dos décadas, entiende que el voto particular «es fundamental» para la defensa, aunque esos argumentos ya los usaron en el juicio de la Audiencia Provincial de Sevilla que dio lugar a la sentencia. En el caso de su cliente, de seis años y seis meses de prisión y 17 años de inhabilitación. Algo superior es la de Francisco Vallejo, siete años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta.

Vallejo dirigió tres consejerías diferentes entre 1994 y 2009, año en el que Griñán se convirtió en presidente andaluz. Estuvo al frente de Obras Públicas, Salud e Innovación, Ciencia y Empresas, lo que le convertía en presidente de IDEA, la agencia que creó Manuel Chaves para fomentar la innovación con la gestión y concesión de incentivos a empresas. Sin embargo, el ente acabó convirtiéndose en pagador de ayudas millonarias e irregulares.

«Un intenso padecimiento»

El exdirigente andaluz ha solicitado el indulto parcial «desde la perspectiva humanitaria, de justicia material, y de proporcionalidad». Se apoya principalmente en el voto particular de las dos magistradas del Supremo porque existe «una mayoría exigua expresiva de lo dudoso de la procedencia de la condena». Su solicitud argumenta que la existencia de esos votos «denota que había dudas» en la sentencia, que en su opinión «adolece de deficiencias» y salió por un voto de diferencia.

La familia de Vallejo resalta el dilatado proceso al que se ha visto sometido, lo que se ha traducido en «un intenso padecimiento». Según el texto, la ejecución de la pena solo serviría para apartarle de su familia y de su actividad profesional, generando «desocialización» y trasladando las consecuencias a terceras personas. El exdirigente andaluz tiene 65 años, por lo que no puede acogerse al artículo 91.1 del Código Penal que prevé beneficios penitenciarios para quienes superen los 70 años. Las fuentes consultadas tampoco creen que los condenados que lo sobrepasen puedan hacerlo.