El Gobierno inicia el trámite para reformar la sedición: cambiará de nombre y la pena máxima se rebaja de 15 a 5 años

El presidente ha negado que esta decisión sea una exigencia de ERC para aprobar los presupuestos generales del Estado

El delito de sedición desaparecerá y pasará a denominarse de «desórdenes públicos agravados». Además, la pena máxima se rebaja de 15 a 5 años, con un máximo de ocho años de inhabilitación. Es lo que se recoge en la proposición de ley del Grupo Socialista y de Unidas Podemos presentada este viernes en el Congreso y que el Gobierno tratará de aprobar próximamente.

Según la propuesta de reforma del Código Penal, la pena será de tres a cinco años e inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando el delito se cometa por una multitud «cuyo número, organización y propósito sea idóneo para afectar gravemente el orden público»; si los autores son autoridad, la pena de inhabilitación será de seis a ocho años. La iniciativa fue avanzada este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en La Sexta.

El jefe del Ejecutivo defendió como decisiones «valientes y audaces» las medidas que ha ido adoptando para, en su visión, rebajar la tensión en Cataluña. Es en este contexto en el que Sánchez justificó la proposición de ley que se ha presentado este viernes para homologar el Código Penal, dijo, a las principales democracias europeas.

El delito de sedición, que el presidente recordó que fue redactado en 1822, será modificado y pasará a denominarse de «desórdenes públicos agravados», lo que considera «un paso definitivo» para la modernización de estos tipos delictivos.

Además, Sánchez negó que esta decisión sea una exigencia de ERC para aprobar los presupuestos generales del Estado y recordó que hasta ahora no había mayoría parlamentaria suficiente para que saliera adelante la reforma. En las últimas semanas, no obstante, varios grupos habrían mostrado su disposición a modificar el tipo penal.

Sánchez aseguró que la amnistía que pide el independentismo no va a ser aceptada por el Gobierno y que con esta reforma el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tendrá que seguir rindiendo cuentas ante la Justicia española. «Los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito», ha recalcado.

Fuente: EFE