El PP cree que se tendrá que devolver el dinero a los condenados del ‘procés’ al caer la sedición

El vicesecretario de Institucional del Partido Popular (PP), Esteban González Pons, ha apuntado esta tarde en su cuenta de Twitter que circula una interpretación entre juristas según la cual, al desaparecer el delito de sedición tal y como pretende el Gobierno con su reforma del Código Penal, decaería el de malversación «que era instrumental» y como consecuencia de ello, el Tribunal de Cuentas debería devolver el dinero malversado por los condenados en el ‘procés’.

El TdC desestimó en junio el recurso que presentaron el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller del Govern Antoni Comín contra el decreto por el que se admitió a trámite la demanda presentada por la Fiscalía, que les reclama 3,4 millones de euros -de forma conjunta y solidaria con otros encausados- en concepto de responsabilidad contable por el presunto desvío de gastos para el denominado ‘procés’. Con esta decisión, el tribunal mantuvo en la causa al líder independentista.

González Pons también hace hincapié en su tuit que Puigdemont podría volver a España «con alfombra roja». Una afirmación en línea con la expresada unas horas por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien consideró que esta reforma está hecha «a la carta» para aquellos que aún no han rendido cuentas ante la Justicia o para que quienes ya lo han hecho, con el fin de que se les pueda aplicar «un trato más beneficioso» y se puedan volver a presentar a las elecciones.

Sociedad Civil Catalana ejerce de acusación popular en el procedimiento que se sigue en el órgano fiscalizador contra 35 personas, en su mayoría excargos del Govern de la Generalitat de Cataluña, por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar el 1-O y las denominadas ‘embajadas catalanas’.

El Tribunal de Cuentas también rechazó devolver el depósito de 2,1 millones de euros que presentó ERC como aval, tal y como solicitó la formación de Oriol Junqueras. Ambas decisiones tuvieron lugar dos meses después de que el tribunal apartara –a petición de la Fiscalía– a los exconseller Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otros 14 excargos del Govern, de la lista de personas a las que se les reclama los fondos presuntamente desviados.

El Ministerio Público rebajó las estimaciones del órgano fiscalizador sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el tribunal a los citados 3,4 millones de euros. La responsabilidad contable de algunos de los presentes en el procedimiento disminuyó «de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora» del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana porque «los demandados y las cuantías son divergentes».

Sociedad Civil Catalana presentó demanda contra 11 exaltos cargos del Govern, entre los que incluye a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y al exvicepresidente Oriol Junqueras, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. Les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.

Inicialmente, el Tribunal de Cuentas fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consell de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como ‘Diplocat’. Por su parte, cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.