Los barones socialistas se rebelan contra la reforma de la 'sedición' de Sánchez

El Partido Socialista no es un bloque en lo que a la reforma del delito de sedición se refiere. La nueva medida del PSOE y Unidas Podemos -registrada esta misma mañana en el Congreso como proposición de ley- ha contado con el rechazo público de los barones territoriales de mayor peso dentro de la formación de izquierdas: Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán y Emiliano García Page.

Los tres líderes autonómicos, presidentes respectivamente de Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, se han mostrado en contra de la medida en diferentes grados, aunque todos han mostrado sus reticencias a lo que consideran un regalo para el independentismo y los líderes que trataron de fracturar España en 2017.

A través de las redes sociales, el presidente extremeño ha reprochado que el plan del Gobierno no puede gustarle por contar con el favor del independentismo, aunque posteriormente ha asegurado que esta medida no puede ser criticada por la oposición del Partido Popular, a quienes, con el actual Código Penal, «le hicieron dos referéndums de independencia y una DUI».

«Hace cinco años estábamos en severo riesgo de que una parte de España se podía separar… hubo una declaración unilateral de independencia, y no lo evitaron», ha añadido Fernández Vara al ser preguntado por esta cuestión. A su juicio, «los carnés de traidores los reparten aquellos que en su momento fueron incapaces de resolver una de las grandes traiciones que se hicieron a este país: dos referendos y una declaración unilateral de independencia».

«Se ha abaratado el ataque a la Constitución»

Más duro ha sido Emiliano García Page, quien ha mostrado como es habitual su rechazo frontal a las negociaciones con el independentismo. Ante los medios, el mandatario ha acusado al Ejecutivo central de haber «abaratado el ataque a la Constitución».

Page ha sostenido que «este debate hoy no toca» sino que, a su juicio, primero se debería juzgar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. También ha explicado que, aunque es «legítimo» plantear ese debate a medio plazo, «dentro de uno o dos años», en la actualidad lo que tendría que ocurrir es que el expresident fugado viniera a España y fuera juzgado con las mismas leyes que el resto.

«No se pueden cambiar las normas del juego a mitad del partido», ha considerado García-Page, quien ha señalado que lo ocurrido en Cataluña en otoño de 2017 fue «muy grave» pero ha denunciado que, en la actualidad, «en plena escalada de precios, lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución».

García-Page ha asegurado que puede «entender la buena voluntad del Gobierno de España» a la hora de presentar esta iniciativa, pero ha opinado que «dejar el camino de la solución a quien tiene el propósito de romper la convivencia no es el camino».

«El debate no puede ser sereno si se producen, como ha dicho hoy el president de la Generalitat, interferencias en procesos en marcha», ha denunciado García-Page, quien ha recordado que los ya condenados por sedición han recurrido las sentencias a tribunales europeos.

La sedición, a debate en Aragón

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha manifestado en contra de la reforma del delito de sedición al entender que lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017 fue «gravísimo», un intento, ha subrayado, de alterar el orden constitucional, y se ha mostrado partidario de «armar» más al Estado ante cualquier intento de violentar el Estado de Derecho.

Lambán, quien ha hecho estas manifestaciones en una rueda de prensa para presentar el acuerdo alcanzado con sus socios de gobierno sobre los presupuestos de la Comunidad para 2023, ha recordado su posición en defensa de la sentencia del Supremo que condenó a los líderes independentistas a penas de hasta 13 años de prisión por sedición y malversación.

Tras destacar que esta sentencia «calibró perfectamente» lo que había pasado en Cataluña, ha incidido en la necesidad de que el Estado esté «muy bien armado» ante cualquier intento de alterar el orden constitucional, tanto a nivel político como jurídico.

En este sentido se ha mostrado convencido de que además del Código Penal, el Estado de Derecho debería habilitar otras herramientas para «armarse» frente a intentos de alteración violenta de la Constitución.

Susana Díaz alerta del coste electoral

Por su parte, la senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este viernes los costes electorales que entraña la conversión del delito de sedición en el de desórdenes públicos agravados, que acomete el Gobierno a través de una Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, por cuanto ha esgrimido que «no se entiende igual en el sur que en Cataluña» tras considerar que «el momento me genera dudas».

Durante su participación en una tertulia ha esgrimido que «en el ámbito jurídico me parece razonable, el contenido es razonable» para considerar que «el error es que no haya más consenso», de manera que ha defendido que «una modificación razonable del Código Penal me gustaría poder hacerla con la derecha», aunque seguidamente ha expresado su incredulidad al respecto por cuanto «no son capaces (PSOE y PP) de ponerse de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial».