El PP evitará la calle y la moción de censura contra Sánchez: «Esto se arregla votando»
La formación de Feijóo no se plantea convocar una manifestación contra la reforma de la sedición y desdeña liderar una censura como le pide Ciudadanos
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova. | Foto: Tarek (PP)
El Partido Popular (PP) no se plantea convocar una manifestación contra la derogación del delito de sedición ni presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez , tal y como le emplazó este viernes la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, según fuentes ‘populares’ consultadas por THE OBJECTIVE.
«Esto se arregla votando», deja claro una persona de confianza de Alberto Núñez Feijóo, que confía en un resultado favorable en las próximas elecciones ante «la quiebra de las instituciones jurídicas» que, a su juicio, se comete con la iniciativa legislativa que han presentado PSOE y Podemos. Una derogación del delito de sedición que se hace, en opinión del PP, «a capricho de un peaje con los independentistas» catalanes.
En todo caso, ni Génova ni el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso se plantean liderar una movilización en la calle contra el intento de Sánchez de sustituir la sedición por el delito de desórdenes públicos agravados. Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) animaron este viernes al PP y al resto de partidos políticos a sumarse a su manifestación del 26 de noviembre en Madrid.
Los sindicatos animan a los descontentos del PP
Esta concentración policial se convocó para reclamar mejoras salariales y «una jornada laboral digna de 35 horas semanales y con turnos fijos», pero los sindicatos no tendrían inconveniente en ampliarla para dar cabida a los descontentos con el anuncio de Sánchez. La secretaria general del SUP, Mónica García, censuró este viernes que el Gobierno elimine el delito de sedición mientras sigue sin atender las reivindicaciones por las que convocaron la cita del 26 de noviembre.
A juicio de la SUP, la propuesta del Gobierno «da alas» al independentismo para «reincidir con garantías de impunidad», tras «apedrear» y «dejar en entredicho» su labor para frenar el referéndum del 1-O. «Una vez más estamos ante un incompresible giro de timón del Gobierno, una cesión y una concesión totalmente fuera de lugar en los momentos actuales», denunció García en declaraciones a Europa Press.
Pedro Carmona, portavoz de AUGC, sostuvo por su parte que, si finalmente se modifica la tipología penal por la que fueron condenados los líderes del ‘procés’, se estará abriendo la puerta para su beneficio personal ante las penas e inhabilitaciones impuestas por Tribunal Supremo. «Todo el trabajo policial y judicial quedaría en entredicho«, advirtió.
El PP se encontró por sorpresa con el emplazamiento de Arrimadas para presentar «de inmediato» una moción de censura. La líder de Ciudadanos afirmó en rueda de prensa que la proposición de ley de PSOE y Podemos para acabar con el delito de sedición es «el mayor ataque al sistema de garantías democráticas por parte de un Gobierno de España», algo sin precedentes. «Es un día negro para los españoles y para nuestra democracia«, sentenció.
Arrimadas sostuvo que esa moción de censura, aunque no triunfase, al menos frenaría los plazos que contemplan los partidos del Gobierno para tener en vigor la reforma a principios de año. Desde la formación naranja alegaron que, además de ser una «obligación moral», la presentación de esta iniciativa parlamentaria permitiría al PP y al resto de la oposición cumplir con su deber de intentar frenar lo que considera un «ataque a la democracia española sin precedentes«.
Desde Ciudadanos se hizo hincapié en que un debate de este tipo «congelaría la actividad parlamentaria» hasta su celebración, como pronto a principios de diciembre, y «brindaría a los españoles un debate con luz y taquígrafos sobre este acuerdo bochornoso con el separatismo».
Según sus cálculos y contando con que, en teoría, el mes de enero es inhábil a efectos parlamentarios, la presentación de una moción de censura obligaría a PSOE y Podemos a llevar su reforma «al menos a febrero«, lo que «ayudaría» a que todos los españoles «tengan muy presente» en las elecciones autonómicas y locales de mayo el «atropello» propuesto por el Gobierno.
Sin embargo, las citadas fuentes ‘populares’ discrepan de este diagnóstico. Primero, por la exposición a la que se sometería el PP con una iniciativa «condenada al fracaso» y que, en último término, podría tener un efecto contrario al deseado al apuntalar a Sánchez en La Moncloa.
