Las personas LGTBI tendrán prioridad buscando empleo si comunican al SEPE su condición sexual
El proyecto de Ley de Empleo en el que trabaja el Congreso quiere ayudar en especial a colectivos prioritarios como este
El proyecto de Ley de Empleo en el que trabaja el Congreso quiere ayudar en especial a colectivos prioritarios como este
El proyecto de Ley de Empleo que ya tramita el Congreso de los Diputados quiere dar prioridad a determinados colectivos a la hora de buscar y encontrar trabajo. Entre ellos están, según informa El Español, las personas LGTBI (gais, bisexuales, transexuales, intersexuales, etc). No obstante, con la legislación actual esa priorización sólo se podría llevar a cabo si las personas de esta orientación sexual la comunican al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por iniciativa propia.
Ahora mismo, la comunicación expresa la debería hacer la persona en cuestión, porque el SEPE, por sí mismo, no puede cuestionar a nadie al hilo de su orientación sexual. Así pues, habrá que dejar clara la pertenencia al colectivo LGTBI si se quiere tener preferencia en las listas de empleo. Dentro de esta preferencia, el proyecto legislativo destaca en especial a los trans.
El SEPE no tiene las herramientas necesarias para dar prioridad de antemano a las personas LGTBI porque, según la Constitución española, «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Por tanto, los entrevistadores no pueden cuestionar a un postulante acerca de su condición sexual.
La nueva prioridad laboral para el colectivo LGTBI en la que se trabaja vendría sustentada en estadísticas como una encuesta de UGT que asegura que el 90% de estas personas creen que su condición sexual es una traba a la hora de encontrar trabajo, con un 75% que dicen haber presenciado algún insulto o discriminación.
El proyecto de Ley de Empleo que se está preparando también ayudaría a otros colectivos como jóvenes con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas con capacidad intelectual límite, personas mayores de 45 años, migrantes y quienes sean beneficiarias de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social, personas de raza gitana, drogodependientes o aquellos cuya tutela sea o haya sido de la Administración Pública.
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