El Gobierno ve «gravísimo» el plan del Jemad que activó a las FFAA tras el 1-O en Cataluña
El Ejecutivo señala en una respuesta parlamentaria a Bildu que desconoce ese informe del general Alejandre y que resultaría «inaceptable» si existiese
Margarita Robles, Pedro Sánchez y el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Fernando Alejandre, en 2018. | Ministerio de Defensa
El Gobierno de Pedro Sánchez considera «gravísimo e inaceptable» que el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) en 2017, el general Fernando Alejandre, elaborase y activase un plan de intervención de las Fuerzas Armadas en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de aquel año y la posterior declaración unilateral de independencia por parte de Carles Puigdemont en el Parlament catalán.
El diputado de Bildu Jon Iñarritu preguntó a finales de octubre por este informe, denominado ‘Plan Romeo Sierra’, del que habla Alejandre en su libro ‘Rey servido y patria honrada’ (Ed. Deusto) publicado este año. El Ejecutivo indica en su respuesta que desconoce «por completo» la existencia de dicho plan estratégico.
«El Gobierno ignora por completo a qué informe se refiere el señor Fernando Alejandre en su libro. De existir dicho documento, el Gobierno lo consideraría gravísimo. Se ignora, por tanto, si ese informe existió o fue una propuesta hecha exclusivamente por el señor Fernando Alejandre», se indica en la respuesta parlamentaria.
El informe del Jemad es «inaceptable»
El Ejecutivo de Sánchez reitera, además, su consideración de que «resultaría inaceptable la existencia de un informe en el sentido indicado». Una respuesta que deja en mal lugar al exJemad y que ha llevado a Iñarritu a señalar en sus redes sociales que «lo peor es que, según su libro, la activó unilateralmente en 2017, aunque posteriormente reculó» al ver que Puigdemont dejaba en suspenso la declaración de independencia. «Todo sigue impune», remacha el diputado de Bildu.
El general Alejandre explica en su libro que a finales de agosto de 2017, tras los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils y ante los planes de desconexión del Govern de Carles Puigdemont, planteó a la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, la necesidad de tener «una directiva política» que diera «respaldo legal» a una serie de actuaciones de las Fuerzas Armadas para ayudar, si fuese necesario, a los 5.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que se enviaron a Cataluña y reforzar la seguridad en instalaciones militares de esta comunidad autónoma.
La directiva de Cospedal fue firmada en formato de carta. «Preocupada por que no hubiera la más mínima filtración de lo que íbamos a hacer, estuvo de acuerdo en que había que estar preparados. (…) Con esa carta viajé hasta la decisión de las Cortes de aplicar el artículo 155 de la Constitución. En ningún momento hizo falta mostrarla», relata Alejandre sobre el plan que el Gobierno Sánchez dice ahora desconocer.
La primera fase de la operación Romeo Sierra era, por tanto, convertir al Ejército «en apoyo logístico de las Fuerzas de Seguridad del Estado que actuasen o desplegasen en Cataluña» en puntos o instalaciones sensibles. Fue un plan que se usó tras los atentados del 11-M para dar protección a las vías de ferrocarril y estaciones, por ejemplo. O en la reciente cumbre de la OTAN en Madrid. Y se prepararon varios acuartelamientos militares como el de Santa Eulalia (Sant Boi del Llobregat) para el apoyo a policías con el envío de literas, cocinas y duchas.
En aquel caso, no se trataba de afrontar una amenaza terrorista o un problema de orden público, sino de atajar un riesgo para la integridad territorial. Esto último es uno de los cometidos que el artículo octavo de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas. Por eso, el nombre de la operación: Romeo Sierra. Las letras RS corresponden en el alfabeto fonético de la OTAN a su denominación real: Recuperar Soberanía, según desveló El País. Ese fue el mismo nombre que se dio a la operación para recuperar el islote de Perejil, ocupado por Marruecos en 2002. Por lo que para Alejandre y los redactores del plan se trataba de algo parecido en Cataluña.
La segunda fase consistía en reforzar «el nivel de seguridad en las diferentes instalaciones militares en Cataluña». Esta parte sí que se llevó a activar con «medidas de seguridad de carácter extraordinario». En paralelo, «y de modo tan discreto que jamás se conoció su ejecución», se ordenó reforzar varias guarniciones que podían tener problemas «en caso de disturbios». Básicamente, se aumentaron las guardias de vigilancia.
«Nos preocupaba enormemente la imagen que se daría si alborotadores trataban de entrar en un acuartelamiento forzando la entrada y sorteando a los soldados de guardia en él. Nos preocupaba aún más la imagen de nuestras Fuerzas Armadas si había ultrajes a la bandera o incluso si se ponía en riesgo alguna instalación sensible que esas guardias de prevención custodiaban», señala el exJemad.
La tercera fase ofrecía la posibilidad de que el Ejército sustituyese a las Fuerzas de Seguridad «en la protección de objetivos estratégicos fuera de Cataluña», para que así Interior tuviera estos recursos humanos a su disposición «en el caso de que fuera necesario aumentar los contingentes que iban a desplazarse a Cataluña a mediados de septiembre» de ese año 2017.
La última de las fases, «la más improbable» y delicada, sí que contemplaba la presencia de militares en las calles junto a los policías. El plan consistía en que unidades del Ejército estableciesen «una caja segura, ‘green box’ en terminología OTAN, para permitir que las Fuerzas de Seguridad actúen dentro de ella con mayor libertad de acción». Un ejemplo de ello, sería acordonar un barrio concreto para «evitar acciones de refuerzo de los elementos alborotadores -manifestantes o grupos violentos tipo comités de defensa de la república, CDR- que constituyen el objetivo de la acción policial», explica Alejandre.
El plan del Jemad tenía, por tanto, «una serie de fases escalables en función de la evolución de los acontecimientos» para la que se requería una orden por escrito del propio Jemad «tras recabar la autorización de la ministra». La orden para su activación, debidamente firmada, la llevó siempre consigo el general Alejandre durante semanas a falta de ponerle fecha.
«Esa fue la orden que se activó y desactivó a mediados de octubre», relata en su libro refiriéndose al día 10 en el que Puigdemont proclamó la declaración unilateral de independencia desde el hemiciclo del Parlament, aunque el Jemad no aclara si tenía la venia política de Cospedal.
«Aquella tarde, con ocho segundos, lo que duró la DUI del entonces presidente de la Generalitat, entre una llamada y otra al Mando de Operaciones para confirmar ambas órdenes, primero activé, y luego detuve la ejecución de un plan de operaciones que, por lo tanto, jamás se llegó a difundir y mucho menos a ejecutar», concluye el general.
