Vox contraprograma los actos contra la violencia de género con víctimas de 'okupas'
La formación que preside Santiago Abascal centrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en denunciar el auge de la ‘okupación’
Iván Espinosa de los Monteros y Santiago Abascal, prebostes de Vox, conversan en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
Vox continuará con su agenda política propia y será, un año más, el único partido que no se sumará a los actos previstos el próximo viernes en el Congreso de los Diputados, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En su lugar, la formación que preside Santiago Abascal se centrará en denunciar el problema de la okupación ilegal, invitando al Hemiciclo a algunas víctimas del fenómeno para que den su testimonio.
Esta contraprogramación es ya habitual en la formación, que en 2021 rechazó adherirse a la declaración institucional en defensa de las mujeres víctimas de violencia de género para concentrarse junto a la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID). En este acto se leyó un manifiesto por «todas las víctimas» de la «violencia intrafamiliar» y se criticó la Ley Integral de Violencia de Género por generar tanto «injusticias» como «denuncias falsas».
Este gesto soliviantó al resto de partidos, sobre todo a los que integran el Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) y a sus socios parlamentarios. La ministra de Industria, Reyes Maroto, criticó a Vox por su «falta de empatía», mientras que la de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que la formación «no respeta los derechos fundamentales ni los consensos democráticos». Más allá fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que denunció lo que, en su opinión, era una «salvajada del fascismo».
Pero Vox seguirá fiel a sus ideas, que se condensan en su consabido eslogan que reza que «la violencia no tiene género». Por eso este año ha organizado «un foro de reflexión y análisis para que los expertos en la materia y víctimas puedan expresar su visión, inquietudes y fórmulas para terminar con una lacra que afecta cada vez a más españoles». Una lacra que «el Gobierno de España y varios autonómicos y municipales fomenta desde las instituciones», lo que perjudica a «las familias más humildes».
Los expertos invitados son catedráticos, administradores de fincas, agentes de policía y representantes de asociaciones de víctimas de la okupación e inquiokupación (término que hace referencia a personas con contrato de alquiler que se quedan en la vivienda sin pagar las rentas o no se van una vez ha finalizado el contrato). De estas últimas, eso sí, todas son mujeres: Katia, María Luisa y Nuria Latorre.
La ‘okupación’ en España
Tal y como ha venido informando THE OBJECTIVE, el fenómeno de la okupación de viviendas se ha convertido en los últimos años en una de las principales lacras del país. Los casos se dispararon durante la pandemia, pero los datos siguen siendo preocupantes a día de hoy. Sobre todo en Cataluña, que acumula casi la mitad de las okupaciones que se han llevado a cabo en España en los primeros siete meses de 2022: 4.639, el 42,4% del total. Esto es, 20 delitos de esta índole cada 24 horas.
La catalana es, con mucha diferencia, la región más afectada por este delito. Muy de lejos la siguen Andalucía (1.498 casos), Comunidad Valenciana (1.270) y Madrid (912). En datos generales, las okupaciones han descendido un 5,43% respecto al año pasado (10.220 casos frente a 10.807, hasta julio), pero siguen disparadas un 63% respecto a 2017, cuando se registraron 10.619.
Por su parte, el Ministerio del Interior atribuye este auge a la «coincidencia de diversos factores», entre los que incluye «la invasión de Rusia sobre Ucrania, con su grave impacto sobre el precio de la energía y en los productos alimenticios básicos».
Para combatir esta lacra, Vox ha registrado una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que elabore una lista de morosos del alquiler con el fin de «proteger a los propietarios». Así, cuando un potencial inquilino quiera firmar un contrato de arrendamiento, el dueño del inmueble podrá consultar si figura en la lista de condenados por impago. Estas personas podrían desaparecer del registro subsanando la deuda o transcurridos seis años el último impago.
Los de Abascal arguyen que la okupación «ataca a la propiedad privada, derecho constitucional» para justificar la iniciativa: «Son muchos los ciudadanos privados del uso y disfrute de sus propiedades que son en muchas ocasiones fuente principal de ahorro. Es por ello que la Administración debe actuar en consecuencia a lo que demanda la realidad social española».
