Puigdemont usará las palabras de los ministros sobre la sedición para su defensa ante la UE
Su defensa alegará que la supresión del delito no responde al «interés general» que prevalece ante cualquier cambio legislativo, sino a la «persecución política»
Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. | Europa Press
La defensa de Carles Puigdemont, capitaneada por el abogado Gonzalo Boye, alegará fumus persecutionis (persecución política) por parte del Gobierno de España ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) con el fin de que los magistrados estimen no levantar la inmunidad al ahora eurodiputado, así como anular el suplicatorio del Tribunal Supremo en el Parlamento Europeo para que sea entregado a España. La vista se celebrará este 24 y 25 de noviembre en Luxemburgo.
El equipo jurídico del exmandatario catalán considera que los pronunciamientos políticos en relación a la reforma de la sedición realizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o algunos ministros, como Nadia Calviño, aportan pruebas de que dicha modificación del Código Penal «no responden al interés general» que debe prevalecer ante cualquier cambio legislativo sino a una intención política de «cazar a Carles Puigdemont».
Patxi López, Sánchez y Calviño
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía sostuvo en una entrevista en la cadena Cope que el objetivo de la reforma de la sedición es que el dirigente de Junts «vuelva a España y que cumpla y comparezca ante la justicia española». «La dificultad de la extradición es porque nuestro tipo penal de la sedición no existe en otros países», abundó.
En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirmó que dicha reforma facilitaría la extradición de los líderes independentistas fugados de la justicia española: «No volverá a haber santuarios para los atentados contra el orden público».
Por su parte, el jefe del Ejecutivo, con un tono más comedido, también hizo referencia a Puigdemont al explicar su disposición a derogar la sedición cuando afirmó en una entrevista en La Sexta que el eurodiputado deberá «absolutamente» rendir cuentas con la justicia española porque los delitos por los que fue procesado siguen estando vigentes.
De hecho, penalistas consultados por este periódico afirmaron en su momento que la más beneficiada de la supresión de la sedición es Marta Rovira, secretaria de organización de ERC fugada a Suiza. Incluso hablaron de la ‘ley Rovira’ al considerar que era una norma hecha a medida de sus necesidades para que pueda volver a España en 2023 e incluso concurrir en las elecciones.
El papel de la Junta Electoral Central
Además del argumento de la persecución política, el equipo legal de Puigdemont también denunciará cómo la Junta Electoral Central no respetó la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando dictaminó que el acta de europarlamentario se fija cuando se jura la Constitución (y no al ser elegido, como estimó el tribunal comunitario).
Como informó THE OBJECTIVE en exclusiva, el Parlamento Europeo acusó de deslealtad al órgano administrativo en el caso Puigdemont. En la carta enviada por la presidenta de la Cámara comunitaria, Roberta Metsola, se recordaba a España que «tiene un deber de cooperación leal». En esta línea, Boye también aportará la reciente resolución del Tribunal Constitucional que contradice el criterio de la Junta Electoral al considerar eurodiputados a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Vista en Luxemburgo
El próximo 24 de noviembre el TGUE abordará la retirada de la inmunidad a los tres eurodiputados de Junts, mientras que el segundo día, el 25 de noviembre, tratará el suplicatorio que aprobó la Eurocámara.
El Parlamento Europeo retiró la inmunidad a los tres políticos nacionalistas en marzo de 2021. Posteriormente, la justicia europea restauró parcialmente esta condición de todos los parlamentarios como medida cautelar hasta que se resuelva el caso. En esta causa en Luxemburgo, el Estado español actúa adherido al Parlamento Europeo. Las dos partes son la institución comunitaria y los tres eurodiputados de Junts.
