El Gobierno, en vilo ante la negociación de Sánchez con ERC sobre la malversación
Fuentes del Ejecutivo sugieren un pacto con los republicanos, pero la consigna oficial en el Gobierno es el silencio y que «no ha habido negociación»
Pedro Sánchez. | Kiko Huesca (EFE)
Nunca un asunto ha generado tanta incomodidad en el Ejecutivo. El debate sobre la malversación lleva semanas sobrevolando al Gobierno. Este último ha pasado de prometer «estudiar profundamente» las enmiendas que presentarán los grupos a la proposición de Ley de reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición, a sumirse en el más escrupuloso e inquietante de los silencios. De cara a la galería, la consigna oficial es no contestar a las preguntas, hacerlo con evasivas y sin descartar el apoyo a una posible enmienda de ERC sobre el asunto, porque «el Gobierno no se pronuncia sobre futuribles» ni sobre iniciativas de los grupos parlamentarios.
Se trata de un argumento insólito que marca el precedente de inhabilitar al Gobierno a la hora de hablar sobre las propuestas de su socio republicano, y que pone en evidencia la existencia de un pacto inconfesable y la falta de información de la mayoría de los miembros del Ejecutivo. El motivo del mutismo gubernamental radica en las conversaciones discretas entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el catalán, Pere Aragonés, que condicionan el apoyo de estos a los Presupuestos Generales del Estado el próximo jueves, el mismo día en que se votará la reforma del Código Penal en un pleno extraordinario que se celebrará acto seguido.
Fuentes de Moncloa consultadas por THE OBJECTIVE insisten en que el asunto se ha aparcado. Tal y como adelantó este periódico, el Gobierno da por amortizado este debate y transmite la sensación de haber pasado página: «Ya no hay nada, no hay debate». Es más, sostienen que «no está encima de la mesa, al menos de la nuestra» y que «nunca lo ha estado». Otra cosa es que ERC haya presionado hasta el final para introducirlo vía enmiendas a la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados. Una negociación que niegan oficialmente en Moncloa y en el grupo parlamentario socialista.
«No ha habido negociación ni conversación», deslizan fuentes del grupo socialista que dirige el portavoz, Patxi López. Mientras los contactos se producían en el máximo nivel, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitaba la semana pasada cerrar la puerta a una reforma de las penas por malversación que beneficiarían al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y decenas de cargos medios republicanos, aunque también a una notable representación de excargos de la antigua Convergencia imputados por corrupción. Un asunto que no solo genera el rechazo de los barones socialistas, sino de una parte importante de otros socios del Gobierno de coalición, como el líder de Compromís, Joan Baldoví. Por ello, otras fuentes gubernamentales explican que «nadie admitirá que hay un acuerdo porque supondría reconocer que hemos negociado los PGE a cambio de la malversación y hemos dicho que no íbamos a negociar sobre un asunto que compete a los grupos parlamentarios».
Por ello, las fuentes gubernamentales consultadas sugieren un pacto entre el presidente del Gobierno y el líder de ERC encaminado a aparcar el asunto por la complicación de llevar a la práctica una rebaja de penas que «solo beneficiara a los suyos». Unas conversaciones que mantienen aún tensas a ambas partes pero especialmente al Gobierno, consciente de que no puede asumir ser rehenes de ERC, en tanto en cuanto la aprobación de los PGE depende de la la malversación; ni pueden dar por cerrado aún el acuerdo, pese a recibir inputs de que ERC retira su enmienda y no la presentará en el debate inicial sobre la admisión a trámite de la Ley, previo a su paso por la comisión para negociar enmiendas al articulado.
«No me fío nunca de lo que dice ERC hasta el final. Ellos fueron quienes nos presentaron una enmienda a la totalidad haciendo caer la legislatura», recuerdan desde Moncloa en referencia a la primera legislatura y la ruptura que se dio entre el Gobierno y ERC tras el pacto de Pedralbes. Pese a que el Gobierno da el asunto por cerrado, la desconfianza es máxima. Hasta el punto de que una ministra admite que «no hay que descartar nada» sobre una rebaja de penas de malversación a futuro.
O diciembre o nada
Según algunos estrategas socialistas, la fecha límite será el final del periodo de sesiones. La razón es que a finales de diciembre tendrán que estar aprobados los Presupuestos y la reforma del Código Penal que será aprobada por el Senado previo paso por comisión. «Si conseguimos pasar diciembre sin haber cedido, ya no hará falta hacerlo» porque sirve como moneda de cambio a la aprobación de la Ley más importante del año, termómetro de la estabilidad del Ejecutivo y cauce de canalización de los fondos europeos.
Por ello, todas cautelas son pocas y la discreción es máxima a sabiendas de que cualquier imprevisto puede forzar un giro de guion por parte del presidente Sánchez. «Si es necesario, no dudaría en abordar una rebaja de la malversación como lo hizo con los indultos o con la sedición», explican desde el PSOE, recordando cómo el jefe del Ejecutivo engañó incluso a sus más cercanos hasta que actuó para salvar la legislatura y la permanencia en el Gobierno. Eso asumen también otros ministros, admitiendo que «la decisión está sólo en su cabeza», motivo por el cual la palabra de Pedro Sánchez no es de fiar ni para los suyos. Todos recelan de la actuación del presidente que, al menos, ya no descarta una actuación cuando no depende de él.
En su intervención este martes en la sesión de control del Senado, Pedro Sánchez evitó contestar a la pregunta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo sobre una eventual rebaja de las penas por malversación. «La mayoría de los españoles no quiere volver a la España de 2017. Como presidente del Gobierno, una de las preocupaciones que tengo es la convivencia. Vamos a seguir trabajando en la agenda de reconciliación y la convivencia», prometió el presidente sin responder directamente a la pregunta. Una cuestión que también evitó su portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, un par de horas antes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La excusa: «La proposición de ley es la voluntad del Gobierno. No podemos hablar sobre hipótesis que no se han producido». El Gobierno confía en que no se produzcan y cruza los dedos hasta el próximo jueves.
