De cómo Podemos terminó fomentando los 'castings' de inquilinos pobres
«Ante el temor a no poder desalojar a una familia con impagos y la seguridad de llevar las de perder en caso de conflicto, el propietario fija condiciones leoninas»
«De cómo Podemos, que hizo del derecho a la vivienda una de sus razones políticas, termina dejando a los inquilinos pobres sin viviendas que alquilar», podría ser un título de la próxima distopía de la izquierda española. Parece difícil que un Gobierno, además de no solucionar los problemas de los ciudadanos a los que dirige sus leyes, termine por empeorarlos, pero está sucediendo. También resultaba impensable que la ley del solo sí es sí, que tenía por objeto proteger a la mujer de las agresiones sexuales, terminara poniendo en la calle a algunos violadores, y aquí estamos. Además de rebajar las penas a los agresores sexuales, es posible que consiga que la gente sin recursos no encuentre una casa en la que vivir de alquiler. La sola amenaza que supone la Ley de vivienda ha reducido el número de pisos ofertados, ha aumentado los precios y ha convertido las visitas de posibles inquilinos en auténticos casting de los que excluyen a las personas con menos recursos, justamente esos a los que Podemos pretendía proteger.
Cuando los chamanes de la nueva izquierda llegaron a la política, soplaban polvo de cenizas al cielo de la «gente» y dibujaban con su cayado mágico sobre la arena un esquema sencillo: si la gente de clase trabajadora no podía acceder a una vivienda era por culpa de la avaricia desmedida del propietario. Aquí se aparecía su mefistofélica figura, casi de señor con frac, chistera, puro y monóculo, un tipo que se reía tras su bigote mientras los bebés lloraban en brazos de las pobres madres sin techo escoltadas por la UIP en los portales. La realidad era más compleja, pero en España, nación capital de la opulofobia y de la envidia, se adscribieron al propietario las cualidades de un avaro ricachón al que evidentemente había que ajustarle las cuentas por ley.
Para Podemos, si los precios eran altos, bastaba con bajarlos. La medida había tenido efectos perversos en el mercado del alquiler de otras grandes ciudades europeas como París o Berlín, menos dadas a la picaresca que las nuestras. Los expertos ya advertían de que limitar los precios provocaba una fuga de los inversores, menos viviendas en alquiler y, en definitiva, una oferta menor, más cara y con mayor dificultad de acceso para el inquilino. Al ofrecerse menos pisos y ser más caros, la competencia entre inquilinos resulta feroz.
Los propietarios -en su mayor parte, familias- han visto cómo el complejo equilibrio entre garantizar los derechos de los caseros y de los inquilinos se ha roto, y favorece cada vez más al que entra a vivir. El propietario tiene donde elegir y mira por sus intereses para evitar un impago que puede significar la ruina. Habrá quien vea en esta pregunta una muestra de racismo y de clasismo, pero pudiendo elegir, ¿a quién alquilaría su casa? ¿A un mantero o a un funcionario de Correos?
Entre la gente del sector son cada vez más habituales los testimonios de inquilinos que se ven inmersos en un casting con tipos que acuden trajeados para dar buena impresión. Claro que no todo el mundo tiene un traje y una corbata. En esta selva no gana el más fuerte, sino el que tenga los ingresos más fiables. Los funcionarios tienen generalmente preferencia sobre los autónomos aunque sus salarios sean más abultados y en lo más bajo de la escala están los inmigrantes, los jóvenes con trabajos poco estables y las familias de bajos recursos, justamente los colectivos a los que la ley pretendía proteger.
Conocida en sus tiempos como heroína antidesahucios, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau no pudo resistirse en ser la primera en aplicar la norma. El resultado es que en Barcelona hay 46% menos pisos de alquiler en oferta y el precio es un 22% más caro que entonces. Una familia con ingresos medios en la capital tiene que destinar a día de hoy el 52% de los mismos a pagar el alquiler (si lo encuentra, claro). Hace un año, era el 43%. Hace un año, el 14% de las viviendas tenían un precio menor a 750 euros al mes; ahora son menos de un 1% según los datos de Idealista. El 14% de las viviendas que se alquilan en la ciudad no dura ni 24 horas en el mercado.