Un 'fallo técnico' en el caso Plus Ultra originó el error que aboca al cierre la investigación
Un misterioso fallo en una grabación retrasó dos meses la causa y obligó a repetir un careo entre los peritos que investigaron el rescate a la aerolínea
Avión de Plus Ultra. | Europa Press
Un fallo técnico en una grabación originó el error que ahora deja en el aire la investigación judicial sobre el rescate del Gobierno a Plus Ultra. Ocurrió el pasado 18 de enero. Ese día comparecieron ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid los autores de dos informes periciales claves para el caso. De un lado, los expertos independientes designados por la juez Esperanza Collados. Del otro, los contratados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ambos recibieron el encargo de analizar la situación de la aerolínea a fecha de 31 de diciembre de 2019 para determinar si las cuentas de Plus Ultra cumplían con los requisitos necesarios para optar a las ayudas públicas, por importe de 53 millones de euros, que acabó recibiendo para evitar la quiebra.
Aquel careo entre los autores de los dos informes periciales no quedó grabado por «fallos técnicos» que nunca fueron detallados a las partes. Las declaraciones de los expertos quedaron excluidas de la causa como consecuencia del fallo en la grabación. Desaparecieron de la causa, lo que obligó a comparecer a los peritos de nuevo dos meses después. El 29 de marzo, cuando faltaban solo unos días para que el 8 de abril la instrucción cumpliese un año abierta, se repitió el careo entre los peritos.
Para entonces, los expertos de Deloitte y DC Advisor contratados por la SEPI iban mejor preparados para las preguntas de la juez y de la Fiscalía. Habían contado con una suerte de ensayo previo dos meses antes. Las cuestiones del primer careo no se las esperaban. Las del segundo, fueron una especie de trámite. Una repetición de las preguntas a las que se enfrentaron en enero. Las respuestas no fueron exactamente iguales en marzo, pero son las únicas válidas para la instrucción, según fuentes del caso. Una causa abocada al archivo después de que la Audiencia Provincial de Madrid determinara este viernes que Plus Ultra no puede declarar como investigada porque la juez instructora la citó a declarar fuera del plazo de instrucción válido. Tampoco se podrán practicar nuevas diligencias para esclarecer las múltiples dudas que quedan sobre el rescate.
Las consecuencias del fallo técnico
El segundo careo de los peritos quedó completamente difuminado como consecuencia de ese fallo técnico en la grabación, según fuentes jurídicas presentes aquel día. Las respuestas del primer interrogatorio a los expertos, a efectos de la causa, es como si nunca se hubiesen producido. Además, el error en la grabación retrasó dos meses más la investigación. Un periodo que pudo haber sido clave para que ahora la causa no quedara en el aire.
A instancias de Vox, que ejerce la acusación popular en el caso Plus Ultra junto al PP y Manos Limpias, la juez dictó una providencia el 25 de mayo para citar a declarar al representante legal de la aerolínea como imputado. La aerolínea recurrió alegando que la instrucción finalizó el 8 de abril al no haberse acordado una prórroga con anterioridad a esa fecha. De no haberse producido el fallo técnico en la grabación, la citación podría haberse realizado dos meses antes, en marzo, sin que hubiese vencido el plazo de instrucción.
Al no haber prorrogado la investigación antes del 8 de abril, cuando se cumplía un año de la apertura del caso, la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado ahora que no se puede practicar ninguna otra diligencia con posterioridad a esa fecha. Por tanto, ni Plus Ultra comparecerá ante la juez como imputada ni se podrá hacer nada más en referencia a los testimonios aportados por los peritos durante su segundo careo. La juez tendrá que decidir si archiva la causa o si existen elementos suficientes para ir a juicio, algo que fuentes jurídicas señalan como poco probable.
«Una empresa en crisis»
Como informó este diario, en marzo los peritos independientes ratificaron ante la juez del caso Plus Ultra las conclusiones de su informe. Según su versión, la aerolínea era «una empresa en crisis» a fecha del 31 de diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia, y por tanto podría haber incumplido los requisitos exigibles para optar al rescate que recibió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Los peritos de la SEPI, por su parte, se ratificaron en que, con base a los documentos que le entregaron la sociedad pública y Plus Ultra, la empresa sí habría cumplido con los requisitos para recibir el rescate. No obstante, reconocieron que no habían podido examinar la documentación completa del expediente del rescate. Por esta razón, aquel 29 de marzo, Vox anunció su decisión de pedir a la juez que llamase a declarar como investigada a la aerolínea.
El partido presidido por Santiago Abascal quería que Plus Ultra respondiese, entre otras cuestiones, sobre si ocultó a los peritos información sobre las cuentas de la empresa. Algo que podría haber reforzado las conclusiones del informe de los peritos independiente designado por la juez. La aerolínea ya no tendrá que responder a esa y otras cuestiones que siguen sin aclararse sobre un rescate público manchado por la polémica desde el inicio.
Pagos de Plus Ultra a PDVSA
En la segunda de sus comparecencias, según avanzó Europa Press, los peritos indicaron a la juez que parte del rescate público se destinó a saldar una deuda con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal del país presidido por Nicolás Maduro. Los expertos de Deloitte y DC Advisor explicaron que se trataba de un pago a un proveedor. El equipo de peritos que asesoró a la SEPI aclaró que «la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales». Añadieron que la petrolera venezolana es la proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra.
Del otro lado, los peritos independientes designados por la juez insistieron en que Plus Ultra se encontraba en «causa de disolución» al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo. En concreto, ratificaron el documento de 499 folios en el que explicaron previamente que existían «dudas más que razonables» sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública.
