Así será la nueva malversación: menos pena cuando no exista «ánimo de lucro» del político
La reforma del delito podría ayudar a que condenados por el ‘procés’ como Junqueras volvieran a presentarse para un cargo público antes de lo previsto
Los principales miembros de ERC: Oriol Junqueras, Pere Aragonès y Marta Vilalta. | Europa Press
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) presentará una enmienda al texto del Gobierno que reforma la sedición, para poder modificar el delito de malversación de caudales públicos y rebajar de esta manera las penas para aquellos casos en los que no haya un beneficio personal. Así lo ha adelantado eldiario.es, que asegura que con esta redacción de la enmienda se pretende castigar con hasta ocho años de cárcel en los casos los que exista «ánimo de lucro». Sin embargo, se rebajaría hasta los tres años de prisión la pena a quien distraiga fondos públicos pero sin estar destinados al beneficio propio, además de limitar la inhabilitación a un máximo de cuatro años para estos casos.
Este último punto podría ser clave en cuanto podría permitir a condenados por el procés como Oriol Junqueras volver a presentarse para un cargo público mucho antes de lo que estaba previsto. Según eldiario.es, la enmienda de ERC incluye un nuevo artículo 423 bis para castigar a quien destine el dinero público «a usos ajenos a la función pública» con condenas de seis meses a tres años de cárcel, y hasta cuatro años de inhabilitación. Actualmente, Junqueras está condenado a 13 años de inhabilitación, mientras que los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, están sentenciados a 12.
De esta manera, ERC busca diferenciar a aquellos que se beneficien de la malversación, para los que contempla las penas más altas -de hasta ocho años- y aquellos que no se lucren, pero malversen dinero, a penas más bajas. En la actualidad, el delito de malversación no ve diferencias entre quien se lucra personalmente del crimen y quien no lo hace, por lo que establece para todos condenas de entre dos y seis años de cárcel
El partido separatista busca así aprobar la enmienda, que ha provocado críticas incluso dentro del PSOE, de tal manera que no haya políticos corruptos, es decir, que se hayan lucrado malversando dinero público, que se vean beneficiados. Pero, al mismo tiempo, buscan que los políticos condenados por el proceso independentista se puedan ver favorecidos.
Esta mañana la propia Esquerra hablaba de una reforma «quirúrgica» y con el objetivo de «avanzar en la desjudicialización» y «limitar las arbitrariedades» del Estado, según han confirmado fuentes de la formación republicana este miércoles. De hecho, el cambio en el articulado del delito de malversación de caudales públicos recupera la versión anterior a la reforma impulsada por el Partido Popular de Mariano Rajoy en 2015.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartó este martes que se pueda reformar el delito de malversación, pero dejó claro que «en cualquier caso no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción».
Junqueras, Puigdemont y los políticos del ‘procés’ beneficiados
Una reforma del delito de malversación como la apuntada por el Gobierno y ERC podría beneficiar a al menos 24 políticos independentistas actualmente investigados, procesados o condenados por este ilícito penal a causa del 1-O, entre ellos los que fueran presidente y vicepresidente de Cataluña Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.
Entre los directamente beneficiados por la eventual reforma estarían los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS) por malversación y sedición: Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación. En su caso, las penas de cárcel les fueron indultadas, pero las de inhabilitación siguen vigentes.
Además de los ya condenados, una reforma de la malversación afectaría a Puigdemont y a los ex consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos huidos pero reclamados por el instructor del procés, Pablo Llarena, por dicho delito y sedición.
A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio, por malversación, prevaricación y desobediencia grave por los preparativos del 1-O.
