Díaz y Podemos se desmarcan de la reforma del delito de malversación: «Es algo muy delicado»

Díaz pone distancia con el PSOE en la reforma de la malversación que habría pactado Sánchez con ERC. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y Podemos han indicado que el grupo parlamentario confederal presentará enmiendas a la reforma del delito de sedición para garantizar que el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados no afecte a la protesta social, pero no plantean cambios respecto a la malversación. Una materia «delicada» para la formación morada y que solo estudiará si hay una propuesta concreta por parte de otras formaciones.

Tras reunirse con organizaciones de servicios de ayuda a domicilio, Díaz ha explicado que Unidas Podemos está trabajando en sus propuestas de cambios a esta proposición de ley, que deben presentarse el viernes, y que en ellas no figura nada relativo a la revisar el delito de malversación.

Por otro lado y en una entrevista a Europa Press, la coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, ha explicado que la revisión de la malversación es «algo muy delicado» por los posibles efectos «perversos» que pueda generar, y solo lo estudiarán cuando reciban una propuesta formal de cambio, que hasta ahora no se ha planteado.

Eso sí, ha destacado que la derogación del delito de sedición es una propuesta planteada desde hace tiempo por parte de Unidas Podemos, pues su existencia era una «anomalía» y suprimirlo ayudará a que la justicia comunitaria dé «menos varapalos» a España de los que ha venido desplegando hasta ahora. No obstante, sí ha destacado que esta reforma del Código Penal no puede convertirse en un «empeoramiento» del derecho a la manifestación y en perjuicio de las organizaciones civiles, por tanto presentarán enmiendas para garantizar la protesta social.

El presidente del grupo parlamentario y dirigente de la confluencia catalana de Unidas Podemos, Jaume Asens, sí se mostró partidario de reformar el delito de malversación porque con su redacción actual permite casos de lawfare (guerra judicial en inglés), pero no tomarán la iniciativa de abrir ese debate y solo lo abordarán si formaciones, como ERC, lo plantean.

Mientras, el portavoz adjunto y dirigente de IU, Enrique Santiago, se mostró en una línea similar, al argumentar que era conveniente por una cuestión de «seguridad jurídica» diferenciar en la malversación lo que es una gestión ineficiente de recursos públicos y el enriquecimiento personal, es decir, «robar».

Díaz pide intervenir en la cesta de la compra

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha informado este miércoles de que ya está constituida en su nombre la comisión negociadora de Unidas Podemos para tratar con el PSOE, socios en el Gobierno de coalición, la actuación sobre los precios de la cesta de la compra y el encarecimiento de las hipotecas como «medidas de urgencia». «Desde nuestra posición, sigo diciendo que hay que actuar en la cesta de la compra y también en las hipotecas», ha señalado Díaz en una rueda de prensa.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha recordado que desde la vuelta del verano ha insistido en que el encarecimiento de la cesta de la compra a causa de la inflación imposibilita que muchas familias españolas puedan llevar una alimentación sana. Díaz ha señalado que cuando el Gobierno actúa, como en el caso de la energía, los precios se controlan, pero cuando no lo hace, como con la alimentación, los precios se encarecen un 15,4%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Para una familia que gane 1.000 euros al mes, el incremento en términos de IPC del 15,4% es misión imposible. Por tanto, sí, vamos a negociar la cesta de la compra», ha asegurado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo también ha adelantado que las propuestas que llevarán a la negociación se alejarán de las que hacen «desde la derecha económica y el PP», como la bajada del IVA, ya que «no son eficaces». «No va de eso», ha indicado Díaz, antes de citar los informes del Banco de España que muestran «una traslación directísima de los beneficios de las empresas a las grandes distribuidoras de la alimentación».

Díaz ha recalcado que las medidas genéricas sobre la cesta de la compra «no valen» y «no ayudan», y ha añadido que también se debe proteger a los productores del país, que se están viendo igualmente perjudicados. La otra medida que llevará Díaz a la negociación con el PSOE será la congelación de las cuotas de las hipotecas, con carácter retroactivo, desde la subida del Euríbor.

«Es misión imposible para muchas familias españolas ser capaz de asumir a día de hoy el incremento que supone el Euríbor en su hipoteca», ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que se ha referido a subidas del 45% en esas cuotas.

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre las medidas acordadas entre el Ministerio de Asuntos Económicos y el sector bancario para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euríbor, un tercio de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable.

Los dos Códigos de Buenas Prácticas aprobados serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, que estarán obligadas a cumplirlos una vez suscritos. Díaz manifestó entonces que ese acuerdo suponía «un pequeño paso», aunque era «sustancialmente mejorable».

Díaz espera informes del FMI

El Ministerio de Trabajo y Economía Social deberá convocar en unas semanas a los agentes sociales para negociar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023. Díaz constituyó hace unos meses el Comité de Expertos que debían elaborar los nuevos cálculos para el establecimiento del SMI para actualizarlos con el salario medio español de 2022.

La ministra ha admitido este miércoles que todavía no ha recibido el informe y ha garantizado que los expertos «están culminando sus tareas». «Tenían el cometido de realizar el informe para noviembre. Ya invadimos diciembre, pero estoy a resultas de que me lo hagan llegar», ha informado. El compromiso del Gobierno es fijar el SMI de 2023 en el 60% del salario medio español