Junts se adelanta a ERC y presiona a Sánchez con la malversación apelando al 'caso ERE'
La formación busca ganar terreno político frente a ERC presentando una enmienda similar, donde ya se contemplan rebajas para los condenados del ‘procés’
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. | Europa Press
Junts per Catalunya (JxCat) ha presentado este miércoles una enmienda para modificar el delito de malversación buscando diferenciar a aquellos que se beneficien del desvío de caudales públicos, penándolos con penas más altas, de aquellos que malversen el dinero pero no se lucren, con penas más bajas. Unas modificaciones muy similares a las que también va a presentar ERC, según ha adelantado este miércoles eldiario.es.
A juicio de JxCat, el actual Código Penal es ineficiente e injusto por varias razones. «En primer lugar, por generar un solapamiento de aquellas conductas que pueden comportar una derivación y exigencia de responsabilidad contable con otras que, propiamente, entran en el ámbito de la corrupción; en segundo lugar, por generar un indebido margen de revisión judicial sobre decisiones políticas cuya legitimidad proviene de la expresión soberana de la voluntad popular expresada en las urnas; y en tercer lugar, por ser contraria a los estándares europeos, muy especialmente, al principio de bis in ídem».
Desde el partido señalan que «las facultades de los responsables públicos en la gestión del patrimonio público y el margen de discrecionalidad del que disponen en la determinación del interés público no pueden equipararse a las facultades de los administradores respecto del patrimonio privado ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico».
Por ello, desde JxCat apuntan a que no solamente se beneficiarían los independentistas catalanes con la modificación de la ley sino que de ella también se podrán beneficiar los líderes socialistas condenados por el ‘caso ERE‘, como el expresidente José Antonio Griñán, ya que estos fueron condenados por aplicar leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía.
Para que no vuelvan a ocurrir hechos semejantes, los postconvergentes proponen que se modifique el artículo 432 del Código Penal, de tal forma que la sustracción de caudales públicos con beneficio personal se pene de tres a seis años, e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.
Si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño al servicio público a la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años. Igualmente, enfrentarían estas penas aquellos que malversen con «cosas» que hubieran sido declarados de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
Por último, cuando la malversación no supere los 4.000 euros «se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres años».
Sánchez: se puede cambiar sin «rebajar las penas por corrupción»
El movimiento de Junts es algo sorprendente porque la formación ha criticado con dureza las negociaciones entre ERC y el Gobierno. De hecho, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que el Gobierno se encuentra negociando solo con Esquerra, ya que su intención es consolidar una «operación de estabilización de Cataluña» y apeló al «derecho comparado» para homologar el delito con otros tipos penales europeos.
Sin embargo, el jefe del Ejecutivo prometió que esto «no conllevará en ningún caso una rebaja de las penas de malversación ni un retroceso en la lucha contra la corrupción política». Sánchez pidió «esperar al viernes» hasta conocer el contenido de la enmienda que presentará ERC y de la que el Gobierno está plenamente informado. Preguntado en reiteradas ocasiones por los supuestos en que cabría una reforma sin afectar a casos de corrupción política, el presidente se mostró críptico: «Lo veréis, lo veréis… el viernes. Hay que mirar el derecho comparado».
Una confirmación que también deslizó el ministro de presidencia, Félix Bolaños, quien instó a los periodistas a mirar los códigos penales de Francia, Italia y Portugal, que recogen algunos matices que no contempla el Código Penal español, más «genérico». Una apelación al derecho comparado que permite al Gobierno cumplir con la exigencia de ERC de modificar el delito de malversación como gesto a los condenados del 1-O, aunque no concreta en que supuestos.
Bolaños sólo puso un ejemplo de lo que podría ser malversación sin corrupción, caso que sí verá una rebaja de las penas: «Un alcalde que destina fondos europeos a pagar las nóminas de funcionarios porque está canino. No es corrupción, pero sí malversación. ¿Tiene sentido penar a Bárcenas lo mismo que a ese alcalde?». Una clave, por tanto, sería el enriquecimiento personal, pero no la única, también el lucro. El ministro de Presidencia prometió que «no va a ser un coladero» y que «no afectaría al caso de Griñán» que se contempla en «otra parte del Código Penal que no le afecta».
