Las declaraciones de Robles ponen en riesgo la sanción a los militares que rifaron una prostituta
«Esas personas tienen que estar fuera de las Fuerzas Armadas», dijo Robles el viernes
Las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre los militares que sortearon una prostituta en el cuartel de Bruc, en Barcelona, pueden poner en riesgo el expediente a los mismos.
El viernes, Robles dijo que estos militares deben ser expulsados de las Fuerzas Armadas, tras calificar de «inaceptable» la rifa que organizaron para costear la celebración del Día de la Inmaculada. «Esas personas tienen que estar fuera de las Fuerzas Armadas», afirmó tras recordar que el Ejército de Tierra ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a sus responsables y además ha puesto el asunto en conocimiento de la Fiscalía.
Estas declaraciones podrían poner en peligro la posible expulsión de los militares. Hay incluso una sentencia judicial como precedente, según señala Confidencial Digital, que cita a fuentes jurídicas sorprendidas porque la ministra se haya expresado sobre el tema de manera tan directa.
Una sentencia de 2010 anuló una decisión del entonces ministro de Defensa, José Antonio Alonso, por haber hablado del caso en los medios de comunicación y «emitir un veredicto de culpabilidad» antes de tomar una decisión sobre el militar sancionado, el brigada Jorge Bravo.
A Bravo se le abrió un expediente disciplinario por comparecer ante los medios de comunicación para denunciar que mandos de la Brigada Ligera Aerotransportada habían presionado a miembros de la unidad para que no dijeran nada sobre un accidente en el que habían muerto 17 militares en Afganistán.
Se le impuso en enero de 2007 una sanción de un mes y un día de arresto, tras lo que el brigada interpuso un recurso de alzada ante el ministro de Defensa que, antes de resolver el recurso, concedió una entrevista en la que habló sobre él y dijo que la sanción aplicada era «correcta» y que no se iban a «tolerar actos de indisciplina». «La estructura de mando en las Fuerzas Armadas tiene el apoyo del Ministro y así se lo he hecho saber para que no consientan actitudes ilegales», dijo.
Estas palabras llevaron a Jorge Bravo a presentar un escrito de recusación contra el ministro, considerando que había emitido un juicio de culpabilidad. Alonso rechazó apartarse del caso y finalmente resolvió el recurso de alzada, desestimándolo.
El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles llevó el asunto ante los tribunales y, aunque el Tribunal Militar Central desestimó el recurso, la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo sí que estimó el recurso de casación.
Así, finalmente sentenció que se anulara la resolución del ministro de Defensa y obligó a que se repitiera el proceso por el que se estableció una sanción para el brigada Jorge Bravo. Cuando el recurso de alzada llegó de nuevo, ya no ocupaba el cargo José Antonio Alonso, sino Carme Chacón, que ya no estaba obligada a abstenerse y también rechazó el recurso de alzada y la sanción al presidente de AUME se acabó confirmando.
Esta sentencia puede sentar precedente en el caso de los militares y la rifa de la prostituta y las declaraciones de Robles, según los expertos consultados por Confidencial Digital, puesto que probablemente la ministra sea quien acabe teniendo que decidir sobre la sanción a estos militares.