PSOE y Podemos van a proponer un nuevo tipo de malversación que baja la pena a cuatro años
De esta forma se rebajaría en dos años la pena máxima aplicable con el actual Código Penal, que establece hasta seis años de cárcel y diez de inhabilitación
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. | Jorge Gil (Europa Press)
PSOE y Unidas Podemos presentarán este lunes en el Congreso una propuesta de reforma del Código Penal que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, según ha adelantado este domingo el periódico La Vanguardia y recoge Europa Press.
De esta forma se rebajaría en dos años la pena máxima aplicable con el actual Código Penal, que establece hasta seis años de cárcel y diez de inhabilitación por malversación.
El Gobierno considera que con esta propuesta no se deja ni un solo supuesto de malversación despenalizado, ni el más leve, que sería el de nueva creación, hasta el más grave e incluso otros comportamientos que ahora no están castigados, que también se incluirían, como el de enriquecimiento ilícito para aquellos cargos que obtengan un incremento patrimoninal de más de 250.000 euros durante su mandato, que no puedan acreditar su origen, y que conllevaría hasta tres años de cárcel.
El objetivo del Ejecutivo es que ninguna actuación que suponga un desvío de fondos públicos, sea cual sea su destino, quede exento de castigo, aunque se distingan más supuestos y gradaciones, según detalla La Vanguardia.
El Código Penal vigente es el que modificó el PP en 2015 y establece un delito de malversación independientemente de cuál sea el destino del dinero desviado, y el castigo va de los dos a los seis años de cárcel (entre seis y diez de inhabilitación), con un tipo agravado que puede llegar a los ocho años de prisión e incluso a los 12 en algunos casos. El PP eliminó cualquier distinción anterior sobre si había lucro personal o no. Se consideraba que cualquier desvío de fondos públicos era considerado malversación y se fijaba una horquilla de penas muy amplia.
ERC presentó el viernes una propuesta que recupera la distinción y por la que se dejarían las penas de dos a seis años para quien incurra en malversación para lucrarse él o terceros. Y las penas se rebajarían (seis meses a tres años de cárcel, y de uno a cuatro de inhabilitación) a quienes destinen patrimonio público «sin ánimo de apropiárselo» para «usos particulares».
Esta rebaja que pretende el Gobierno contraviene la Directiva 2017/1371 de la Unión Europea (UE) y las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, como ya ha contado THE OBJECTIVE tras consultar a varios expertos. A pesar de que el Ejecutivo apela al «derecho comparado», la reforma de la malversación no homologaría nuestro Código Penal con el resto de la Unión Europea y, por el contrario, reduciría el número de conductas corruptas susceptibles de ser castigadas con penas de prisión o inhabilitación.
De hecho, la reforma del delito de malversación impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el año 2015, que eliminó el requisito de que los fondos desviados se destinaran al lucro personal o de terceros por parte de los funcionarios acusados de malversar, se realizó precisamente a instancias de las recomendaciones efectuadas a España por el GRECO.
