El Gobierno tramitará la Ley de Familias por la vía de urgencia y sin informes preceptivos
El Ejecutivo persigue que los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración se reduzcan a la mitad de su duración
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros | Eduardo Parra (EP)
El Gobierno ha acordado este martes en Consejo de Ministros la tramitación administrativa urgente del anteproyecto de Ley de Familias, de forma que se reducirán a la mitad los plazos previstos para los trámites del procedimiento de elaboración. Además, no será necesaria la consulta pública y el procedimiento podrá continuar si los informes preceptivos no se emiten en plazo.
El Ejecutivo argumenta el uso de la vía de urgencia en esta ocasión alegando el punto 1.a del artículo 27 de la Ley del Gobierno, que regula este procedimiento y que se refiere a que se puede aplicar cuando sea necesario para cumplir plazos de transposición de normativas comunitarias.
De esta forma, el Ejecutivo persigue que los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración se reduzcan a la mitad de su duración. Junto con ello, se evitará el trámite de consulta pública para, sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto, cuyo plazo de realización será de siete días. Además, el proyecto continuará su tramitación aunque falten dictámenes o informes preceptivos, aunque se puedan tomar en cuenta las consideraciones de estos órganos más adelante.
El anteproyecto de la ley de familias ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros, en primera lectura, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Entre otras medidas, la ley equipara los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios, incluye un permiso de cinco días al año retribuidos por cuidado de un familiar o conviviente, extiende los beneficios de familias numerosas a monoparentales con dos hijos, amplía a más madres la ayuda de 100 euros a la crianza de hijos de 0 a 3 años y prohíbe que los padres impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar a través del conocido como ‘PIN parental’ en los colegios.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha declarado que se trata de una ley que comienza a «remediar carencias históricas» y que «refuerza la protección de todas las familias». Además, ha precisado que uno de sus objetivos es avanzar en la garantía del derecho a la conciliación.
«Cualquiera que tenga hijos o que haya visto criar, sabe lo difícil que es conciliar la vida laboral y personal en España, es prácticamente ciencia ficción», ha indicado Belarra, al tiempo que ha añadido que se ha pedido a los padres y madres que sean «superhéroes» y, a partir de ahora, les van a pedir «que sean solo padres y madres, que ya es bastante».
