El PSOE ya admite que los líderes del 'procés' podrían beneficiarse de la nueva malversación
Los socialistas solo descartan beneficios a los condenados por corrupción. A la pregunta de si habrá rebajas de condena, prometen «garantías técnicas»
Salvador Illa y Pedro Sánchez. | Pepa Álvarez (Flickr PSOE)
La línea roja es la corrupción política. Es lo que levantó las críticas de los barones del partido, lo que motivó las advertencias de Patxi López en la reunión en ‘maitines’ en Moncloa y lo que el Gobierno y el PSOE han marcado como límite de las posiciones infranqueables por las que estaban dispuestos a pasar desde el Ejecutivo con las elecciones municipales a seis meses vista. Es el mejor reconocimiento de que se trata de un peaje de ERC para seguir sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez: que la reforma se plantea como un «sacrificio» para Cataluña, una cesión para mantener la gobernabilidad nacional y, sobre todo, un modo de fijar en Cataluña el caladero de votos preferencial de Sánchez para las próximas elecciones.
No en vano, el presidente del Gobierno priorizó Barcelona entre los actos de partido pendientes para arropar a Jaume Collboni y Salvador Illa, dos figuras a quienes Sánchez encomienda y confía el gobierno del Ayuntamiento y la comunidad, y que este lunes volvieron en tándem a la capital para beneficiarse de la visibilidad nacional de un acto con el plácet de Moncloa y Ferraz. Pero, más allá de los nombres, están las reformas con las que Sánchez aireará ante el electorado independentista -más que el progresista- su orgullo por el deber cumplido. A los indultos y la sedición se le suma una malversación que podría suponer una rebaja de las penas a los condenados del procés.
Pese a que Moncloa negaba en un primer momento que los condenados del 1-O se vean favorecidos por esta rebaja en las penas, la negativa inicial se ha ido suavizando hasta el punto de que la respuesta ahora pasa por no contestar a la pregunta. Fuentes gubernamentales y socialistas consultadas por THE OBJECTIVE piden «esperar a ver el efecto» de una reforma cuyo texto no se conoció en su integridad hasta la noche del lunes. De cara a la galería, los miembros del Ejecutivo y el PSOE que comparecieron públicamente para fijar posición se agarraron al argumentario de negar que la enmienda transaccional pactada con ERC «en ningún caso va a suponer un beneficio a ningún procesado o condenado por corrupción política», sin mencionar otros casos. Añadieron que «todo uso indebido de fondos públicos debía estar penado por el Código Penal», aunque los casos de malversación sin enriquecimiento ilícito ni lucro personal sufran una rebaja de 6 a 4 años de condena.
Sin una palabra para los condenados del 1-O
Un extremo que retorció la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en comparecencia en la calle Ferraz: «No hay ninguna rebaja, lo que hay es una diferencia respecto a la revisión del desvío de dinero irregular, como en otros países europeos», señaló respecto a otra cuestión, la creación de un nuevo tipo penal para que los políticos que hayan tenido un incremento indebido de su patrimonio superior a 250.000 sin justificar tengan que rendir cuentas ante la Justicia. Se trata de una rebaja en los tipos mínimos del delito que, como en el caso de la ley del solo sí es sí, podría provocar una cascada de revisiones a la baja que beneficiaría a los condenados del procés como el líder de ERC, Oriol Junqueras, hasta el punto de que podría incluso presentarse a las próximas elecciones.
Esto último es algo que no negó la portavoz socialista quien, de forma calculada, solo se ciñó a los casos de corrupción política: «Cuando trasladamos una ley o cualquier propuesta, lo hacemos con todas las garantías técnicas. Con la transaccional no se despenaliza ninguna forma de corrupción, sino que se endurece el tratamiento a los corruptos. Hemos introducido un nuevo tipo para que aquellas personas que hayan tenido un incremento indebido de su patrimonio tengan que dar cuentas ante la justicia».
Preguntada por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que motivó la sentencia del 1-O y la condena de doce políticos catalanes, Alegría evitó referirse explícitamente a esa sentencia: «Lo que siempre hemos entendido es que todo uso indebido de fondos públicos tiene que estar penado porque cualquier uso indebido de fondos públicos es un delito». Una falta de concreción a la que se acompaña una referencia temporal inservible para un Gobierno que ha negado reiteradamente, desde el principio de la legislatura, que estuviera en sus planes la cascada de cesiones a los independentistas que ha acabado ejecutando, desde los indultos a la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Todo ello, en la práctica, supone un blanqueamiento de la sentencia del Tribunal Supremo.
«Queremos devolver a la política lo que es de la política», respondió abiertamente la portavoz socialista. Lo hizo al ser preguntada por las prisas de una reforma que se ejecuta por la vía de urgencia, pese a tratarse de una reforma del Código Penal que, al tratarse de una Ley Orgánica, suele demorarse durante un periodo de 9 meses. Sus palabras están en línea con el presidente del Gobierno, quien el pasado domingo en Barcelona, admitió que «las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero tenemos que sacar el debate político de los juzgados (…) Hemos decidido rescatar a Cataluña de la crispación». Pronunció estas palabras sin explicar si lo que pretende es reescribir la condena que sufrieron sus socios de ERC en octubre de 2019, con penas de entre 9 a 13 años de prisión, por los dos delitos que ahora el Ejecutivo reforma con un menor reproche penal.
