Bruselas respalda la decisión del Constitucional de frenar los planes del Gobierno

Toque de la Comisión Europea al Gobierno de Pedro Sánchez en el pulso que mantiene con el Tribunal Constitucional por la reforma de las normas de funcionamiento del máximo órgano de garantías. Aunque, de forma oficial, el organismo que preside Ursula von der Leyen elude de momento valorar el contenido de los cambios promovidos por el PSOE y Unidas Podemos, fuentes comunitarias recalcan en privado que existen estándares europeos para emprender reformas judiciales importantes y que estos requieren consultar a todas las partes implicadas. Y avisan del peligro que suponen las reformas exprés para cambiar los equilibrios en el poder judicial, como han demostrado las reciente sanciones a Hungría.

Así se han pronunciado diversas fuentes de la Comisión a Europa Press, señalando que, a ojos del Ejecutivo comunitario, «cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales».

Las fuentes se refieren así a los estándares europeos que abogan por que antes de que una reforma de calado en el ámbito judicial sea presentada existan consultas «previas» con actores como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los fiscales y jueces o incluso el Consejo de Europa a través de su Comisión de Venecia. En el caso de España, añaden las fuentes, le corresponde al Tribunal Constitucional dirimir sobre cualquier «duda o queja» al respecto del modo en que se lleva al cabo el proceso de reforma y a las autoridades nacionales cumplir las normas establecidas.

En este sentido, las fuentes también han señalado como en el pasado la Comisión también ha recriminado a otros países de la UE que «aceleraran» reformas en el ámbito judicial sin consultar previamente a todas las partes, citando en este contexto a países como Rumania, Hungría o Polonia.

Eso sí, de manera oficial, la Comisión insiste en que el Ejecutivo comunitario no se pronuncia sobre procedimientos en marcha. Es por eso que, en una rueda de prensa, el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, se ha limitado a señalar que sigue «muy atentamente» la situación en España y está al corriente de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación en el Senado de la reforma del Código Penal que incluye la supresión del delito de sedición y cambios en el sistema de elección del propio TC.

En este contexto, Wigand ha evitado valorar el fondo de la reforma porque Bruselas no hace comentarios sobre propuestas legislativas hasta que son adoptadas definitivamente como ley, pero sí ha apuntado que los servicios comunitarios esperan que «las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo a las reglas y procedimientos nacionales».

A la espera del informe anual

Bruselas lleva años pidiendo que se actúe para superar el bloqueo en la renovación del CGPJ, instando en repetidas ocasiones a Gobierno y oposición a cerrar inmediatamente la renovación de los vocales para poder consensuar después también una reforma del sistema de elección, dando más poder a los propios magistrados. Pero para saber su opinión concreta sobre el asalto a la Justicia iniciado por Sánchez habrá que esperar: la pasada semana, el Ejecutivo comunitario apuntó que examinará las reformas en España en el marco de su evaluación anual del Estado de derecho en todos los Estados miembro, un análisis de la salud democrática en cada país que habitualmente publica a inicios de verano.

«Mientras se trate de un proyecto de Ley no hacemos comentarios de procesos en curso», ha insistido de nuevo este martes el Ejecutivo comunitario, para después indicar que seguirán «vigilando» las reformas, «en especial desde el marco del informe sobre Estado de derecho». En este contexto, Bruselas ha recordado también que la posición de la Comisión Europea respecto a la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «clara y estable».

De este modo, el portavoz se ha referido indirectamente a las recomendaciones de la última edición del informe sobre Estado de derecho que reclaman a España una renovación urgente del órgano de gobierno de los jueces y que, inmediatamente después, se emprenda una reforma del sistema de elección para que una mayoría de los vocales sean elegidos por sus jueces, en línea con los estándares que recomienda Bruselas y el Consejo de Europa.