El plan B de Sánchez: aprobar una ley de forma urgente para lograr el asalto al TC en enero

El estado de ánimo del Gobierno ha sido un tiovivo de emociones desde que el Tribunal Constitucional comenzara a deliberar el pasado jueves. A la indignación y el enfado por lo que consideran un «golpe de Estado» encubierto, le pusieron voz este lunes por la noche los representantes del Gobierno, Félix Bolaños, y de ambas cámaras, Meritxell Batet, presidenta del Congreso, y Ander Gil, del Senado. Ambos dejaron claro que «la resolución debe acatarse pese a lo insólito del procedimiento que es de una extrema gravedad» y calificaron la decisión del TC como un intento de «detener la acción legislativa de los representantes del pueblo español».

Pero al malestar solemne expresado por la tercera y cuarta instancia del Estado y los representantes del Ejecutivo y el PSOE le sigue envalentonamiento de un presidente, Pedro Sánchez, cuyo entorno asegura a THE OBJECTIVE que «vamos a por todas» y mantienen, pese a todo, su voluntad de consumar el cambio en el sistema de elección de los nombramientos del Poder judicial (Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial), tras aceptar las medidas cautelarísimas que solicitaba el PP en su recurso de amparo.

Fuentes gubernamentales consultadas por este periódico aseguran que el procedimiento que sigue conllevará que decaigan las enmiendas a la reforma del Código Penal, pero no la reforma global del Código Penal para la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación, que se votarán este jueves 22 de diciembre en el Senado. Según estas fuentes, «no existen precedentes de una injerencia del poder judicial en el legislativo».

La consecuencia directa sería que decaerían las enmiendas 61 y 62 al Código Penal que modifican dos leyes orgánicas y que incluían un cambio en el sistema de elección de los magistrados del TC y el CGPJ, a través de una rebaja en las mayorías. Y es precisamente el pesimismo que se ha instalado en el equipo más cercano a Pedro Sánchez el que ha diseñado un plan B, previendo que incumpliría el peor de sus presagios judiciales. 

Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el Gobierno ya trabaja con el escenario posterior al varapalo del TC. Esto le obligaría a mover ficha rápidamente para ejecutar el deseo del presidente Pedro Sánchez de forzar una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional antes de que acabe el año. Y ello pasaría por presentar de forma urgente una nueva Ley que recoja el contenido de las citadas enmiendas presentadas a la ley de Transposición de Directivas europeas (Código Penal), cuya presentación constituye fraude de ley porque su contenido «no es homogéneo con el cuerpo de la ley», sea la doctrina del TC o el criterio expresado por la letrada de la comisión de Justicia. 

La idea de Moncloa sería presentar en el registro esta nueva norma de forma inminente, con la intención de celebrar un pleno «lo antes posible», a poder ser a principios de enero, para lo cual habría que convocar un pleno extraordinario, dado que se trata de un mes inhábil en las Cortes y que en diciembre finaliza el periodo ordinario de sesiones. El Gobierno pretende por ello alegar razones de urgencia y tramitar nuevamente por la vía exprés esta modificación de las mayorías para realizar los nombramientos. 

La fórmula de la lectura única 

La duda es si será a iniciativa del Gobierno o de los grupos parlamentarios. En principio, el plan sería repetir el patrón de la reforma del Código Penal y que sean PSOE y Podemos los que utilicen su cupo parlamentario para presentar una nueva iniciativa en el registro del Congreso de los Diputados, lograr que esta se tramite por la vía de urgencia y que, apurando los plazos, en un máximo de tres semanas se pudiera aprobar en un pleno extraordinario del Congreso. Sin embargo, no se descarta que sea por la vía de un proyecto de Ley -la iniciativa del Ejecutivo-, que requiere de la solicitud de los informes preceptivos de los órganos consultivos (CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal). 

El motivo de que se baraje también esta fórmula radica en la posibilidad que ofrece de tramitarlo por lectura única. Un procedimiento abreviado de tramitación parlamentaria que permite, con base en el artículo 150 del reglamento del Congreso, aprobar una ley orgánica en un único debate ante el Pleno, prescindiendo del trámite ordinario que obliga a su paso previo por ponencia y comisión. Una fórmula que decide el propio Pleno del Congreso por mayoría simple, previa decisión de la Mesa y la Junta de Portavoces, en la que PSOE y Podemos tienen mayoría. Es un trámite relevante porque, según fuentes parlamentarias y académicas, el Gobierno sí estaría eximido de solicitar el criterio de los órganos consultivos en caso de optar por esta vía. 

Las fuentes gubernamentales consultadas dicen que ambas opciones están en estudio y que «habrá que tomar una decisión» cuando el TC haga pública su decisión que esperan en las próximas horas. De ser así, la nueva ley que estudia Moncloa se anunciaría esta misma semana y se registraría de forma inminente en la cámara baja para acelerar la tramitación al máximo y acortar los plazos. Ello permitiría, según los cálculos del Ejecutivo, debatir y aprobar esta iniciativa a mediados de enero y poder proceder a ejecutar una mayoría progresista a principios de año. 

Actuar «dentro de la Constitución»

Sea como fuere, desde el Gobierno auguran a este diario: «Vamos a por todas». Asimismo indican que el fin último que ha motivado los pasos del Gobierno en materia judicial desde hace meses, la mayoría progresista, «va a ser realidad, por una vía o por otra». Hay que recordar que si el TC rechaza ahora esta nueva fórmula en la elección de los miembros del CGPJ y el Constitucional, sería un nuevo varapalo al Ejecutivo que tuvo que retirar hace dos años la llamada ‘reforma dura’ de la Justicia, obligado por la Unión Europea.

Fue en una llamada telefónica de la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando se instó a la retirada de una iniciativa que, a juicio de las instituciones comunitarias, transitaba por la senda peligrosa de las reformas del sistema de justicia realizadas por Hungría y Polonia. 

El Gobierno defiende ahora que todo se hará dentro de la Constitución, pese a que su intento de contar con el principal partido de la oposición, a través de una rebaja de la mayoría reforzada de tres quintos a la mayoría absoluta, supone un cambio de los preceptos constitucionales, al igual que los cambios en los nombramientos del TC se establecen por tercios, según la Carta Magna, y no por sextos, según pretende el Ejecutivo, pudiendo nombrar a los dos magistrados que caducaron en junio sin necesidad de que el CGPJ acepte la renovación de los otros dos. 

El discurso del Ejecutivo sigue instalado en el cuestionamiento a los magistrados del Constitucional. Tras el «complot» denunciado por Pedro Sánchez la semana pasada y las advertencias del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el fin de semana sobre las «consecuencias impredecibles» que podría tener el rechazo del Constitucional a su reforma, este lunes la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, Maria Jesús Montero, hizo «un llamamiento a la cordura de los magistrados del TC por la propia legitimidad y la propia reputación que pueda tener este organismo para el futuro». 

Amenazas veladas a la justicia tras las acusaciones de golpismo vertidas por el portavoz socialista y presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, que generan el caldo de cultivo para un PSOE que descarta no acatar las decisiones de los jueces, pero crea el marco legal idóneo para que estos no puedan evitar que Pedro Sánchez alcance su objetivo final por otras vías.