Sánchez reactiva la ‘alerta antifascista’ como arma para las elecciones de mayo 

El Gobierno está en guardia, a la espera de la decisión que el Tribunal Constitucional adopte el próximo lunes sobre el polémico asalto al Tribunal Constitucional que el PSOE ha perpetrado vía enmienda a la reforma del Código Penal para derogar la sedición y reformar la malversación, y que se aprobará de forma definitiva el jueves 22 en el Senado, tal y como adelantó THE OBJECTIVE. Tras la tensión extrema de los últimos días, avivada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las aguas se han serenado y los nervios se han disipado. Durante la noche del miércoles, el Ejecutivo vio una amenaza real, que podía dar al traste con sus planes de forzar por la puerta de atrás una mayoría progresista en el TC. Sin embargo, esa amenaza parece haberse desvanecido. 

Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE manifiestan su confianza en que el Tribunal de Garantías rechace el próximo lunes las medidas cautelares que supondrían paralizar la reforma del Código Penal y, en consecuencia, «una injerencia del poder ejecutivo en el legislativo» que, de forma «insólita» permite entrar en el fondo de una ley que no se ha aprobado aún. «Confiamos en que el TC admita el recurso, pero no paralice la reforma, porque no tiene competencias para actuar sobre una intención. El hecho se producirá el jueves en el Senado y, a partir de ahí, se pueden presentar recursos de inconstitucionalidad. Para eso está».

Las esperanzas de que el lunes se sucedan los acontecimientos según lo previsto no son, sin embargo, certezas. Por ese motivo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lanzó este viernes al PP un llamamiento para retirar su recurso de amparo. Porque hay un punto de inquietud, hasta de temor, que motiva una amenaza velada: «No se atreverán a hacerlo». Porque, si lo hacen, «habrá un conflicto institucional de primer orden entre el poder ejecutivo y el judicial, y se sentará un precedente muy peligroso que atenta contra la separación de poderes». La inquietud de Gobierno radica en la desconfianza del poder judicial, su convicción de que hay «fachas con toga»; un concepto que verbalizaban los ministros de Podemos en los inicios de la coalición para bochorno de sus colegas socialistas, y que ahora está en boca de ministros y dirigentes socialistas, tanto en privado como en público. 

«Quieren derrocar a un Gobierno okupa»

Se trata de un salto cualitativo fundamentado en otra convicción real -no una sobreactuación-, que pasa por atribuir a los jueces la voluntad de «derrocar a un Gobierno que consideran ilegítimo y okupa por el mero hecho de ser socialistas». El populismo ha impregnado los discursos del Ejecutivo y el PSOE, hasta el punto de que se admiten los discursos belicistas y guerracivilistas, como el del presidente de la comisión de Justicia, Felipe Sicilia, comparando el golpe de Estado de Tejero el 23-F con este «golpe de Estado de la derecha judicial y política. Fondo y forma habrían sido duramente reprobados en otros tiempos del PSOE, pero hoy son aplaudidos, también en privado. 

Los diputados más moderados admiten: «Yo no lo habría expresado así ni habría hablado de Tejero». Pero añaden: «Lo que está ocurriendo es gravísimo, un ataque a la democracia sin precedentes». La prueba de que no fue un calentón, motivado por el beligerancia del debate, es el control que ejercen Moncloa y Ferraz sobre los oradores del partido, en el diseño de la estrategia y el envío de argumentarios. Fuentes consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que, el pasado martes, la dirección del grupo socialista comunicó en la reunión del grupo que sería Sicilia quien intervendría en el debate de la reforma del Código Penal 48 horas después. El resto de los grupos elevaron el perfil de los comparecientes, eligiendo a sus portavoces parlamentarios. Por ese motivo, la irrupción de Sicilia en la tribuna de oradores motivó el griterío en la bancada popular para calentar el debate: «Patxi Patxi», pedían para tentar al portavoz socialista.

Esta fue una intervención calculada, al igual que las intervenciones posteriores. Tras un debate bronco y grueso, Sicilia canceló una entrevista pactada esa misma noche y rechazó otras ofertas de medios de comunicación al día siguiente, porque el elegido por Gobierno y PSOE para colocar el mensaje era Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Fuentes socialistas aseguran a este periódico que «ya estaba enfermo por la mañana y fue a peor». Asimismo, niegan desautorización alguna sobre su discurso. No hay impostura en los argumentos, ni fisuras en el grupo parlamentario.

El discurso de Sicilia, planeado desde el martes

Y el mejor botón de muestra es la similitud entre el discurso de Sicilia y el del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jueves por la noche desde Bruselas: «Han intentado amordazar al parlamento. Estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia desde la derecha y la ultraderecha (…) ya sea desde los magistrados conservadores o de la derecha política y mediática que han intentado una operación incalificable». El presidente dijo que deseaba mandar un mensaje de tranquilidad, de confianza en el prevalecimiento de la Constitución y la democracia frente a cualquier «atropello». Pero el tono de su discurso sugería lo contrario. 

En el salto inevitable de la esfera privada a la pública, la verbalización de argumentos antaño en boca de Podemos se traspasaron a los socialistas. Al principio, entre bambalinas y ahora con un argumentario que asume el ala socialista del Ejecutivo, desde Felipe Sicilia hasta el Presidente Sánchez. En el PSOE restan importancia a la dureza de estas afirmaciones porque estamos en una «fase de inflamación del discurso político» que «no es recomendable para nadie, ni para nosotros ni para el PP. No podemos estar todo el día hablando de golpistas, pero la oposición no puede comparar este gobierno con el de Perú o Venezuela. Tenemos que desinflamar», explican los diputados más veteranos, ajenos a las estrategias de la dirección de grupo. 

Otra cosa es que esta sea la intención del Palacio de la Moncloa, donde auguran: «Si el lunes el TC no aprueba cautelares, el PP habrá patinado». Y los estrategas monclovitas ya se frotan las manos diseñando una ofensiva contra «el golpista Feijóo» y su intento de «secuestrar el Parlamento. Vamos a exprimirlo hasta mayo», admiten. Esta es una oportunidad en un momento de necesidad para un PSOE que precisa un revulsivo electoral. Se ha pasado de la «alerta antifascista» acuñada por Iván Redondo a la alerta «antigolpista» con la que los socialistas pretenden tensionar el debate publico para simular una nueva y supuesta amenaza antidemocrática que les sirva para revalidar mandato. Es una vieja estrategia que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias utilizaron en noviembre de 2019, en la campaña de las generales, azuzando el fantasma del miedo a Vox y la llegada de la ultraderecha. Lo malo es que la estrategia pinchó. Ambos se dejaron más de 700.000 votos, respectivamente, desde los comicios de abril hasta los de noviembre.