El Gobierno aleja el indulto a los condenados por los ERE por el alto coste electoral

Solo «un milagro» puede librar de la cárcel a los condenados por el caso ERE. Así lo reconoce el abogado de uno de ellos. El último auto de la Audiencia Provincial de Sevilla les obliga a entrar en prisión antes del 2 de enero. Una de las pocas formas de evitarlo es esgrimir una grave enfermedad, como han hecho José Antonio Griñán y otro ex alto cargo de la Junta de Andalucía. Al final del horizonte aparece el indulto, una opción que descarta el Gobierno por el coste electoral que acarrea. Especialmente, después de reformar el Código Penal para rebajar los delitos de malversación.

El indulto, regulado en una ley de 1870, corresponde al Rey, aunque su tramitación es competencia del Ministerio de Justicia. Lo otorga el Gobierno y debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Extingue la responsabilidad penal, pero no la civil. El trámite puede solicitarlo el mismo condenado o cualquier otra persona en su nombre. Una vez iniciado, el Ejecutivo pide informes a la Fiscalía y al Tribunal Supremo, aunque no son vinculantes. El proceso puede demorarse un año.

El Gobierno tiene decidido desde hace meses que no concederá la medida de gracia a Griñán. La familia del expresidente andaluz, condenado a seis años y seis meses de prisión por delitos de malversación y prevaricación, presentó a principios de septiembre la solicitud de indulto por razones de «humanidad y equidad». Un camino que siguieron los otros siete condenados a prisión, que previsiblemente correrán la misma suerte y no verán satisfecha su petición.

Las cuentas del Gobierno

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que todos ellos recibirían el mismo trato que cualquier otro ciudadano. Sus casos serán estudiados. La ministra dejó incluso una puerta abierta tras afirmar que «no sería la primera vez» que un alto cargo condenado por corrupción elude la cárcel.

Fuentes gubernamentales explican a THE OBJECTIVE que el Gobierno no ha iniciado aún los trámites para conceder la medida de gracia, lo que complica las opciones de los condenados a burlar las rejas por esa vía. El contexto político tampoco ayuda.

En apenas cinco meses, en mayo de 2023, se celebran elecciones municipales y hay comicios en 13 comunidades autónomas. Pedro Sánchez es consciente de que conceder los indultos, incluso el ruido mediático que produciría su tramitación, puede socavar sus posibilidades electorales, por lo que habría mandado parar la maquinaria. Máxime cuando hizo de la lucha contra la corrupción una bandera para alcanzar la secretaría general del PSOE.

El indulto a Griñán y a los otros siete condenados por el caso ERE se sumaría a la reciente reforma del delito de malversación, que ha soliviantado a buena parte de la sociedad española. Tipificado con hasta ocho años de prisión, con el cambio aprobado tendrá una pena máxima de cuatro años si no hay ánimo de lucro.

Los socialistas consideran que conceder la medida de gracia a personas vinculadas a una trama tan mediática puede ocasionarles un elevado coste electoral, motivo por el que barones y candidatos locales han alzado ya la voz.

Los ocho condenados a prisión por el caso ERE solicitaron el indulto después de que el Tribunal Supremo publicara la sentencia firme en septiembre. De hecho, argumentan estar pendientes de su resolución para regatear la cárcel. Una posibilidad que ha denegado la Audiencia Provincial de Sevilla en un auto emitido el pasado jueves al considerar «que la mera solicitud de indulto no es causa suficiente para suspender la condena de la pena privativa de libertad».

«Una medida provisional»

Los magistrados también aluden a la doctrina mantenida por el Tribunal Constitucional, que establece que «la suspensión se configura como una medida provisional de carácter excepcional y de aplicación restrictiva». En su opinión, la suspensión por dicho motivo «se justifica por el peligro de que cuando positivamente se conceda la gracia, esta resulte imposible de ser llevada a la práctica por haber quedado ya extinguida la pena por el cumplimiento de la misma».

El abogado de uno de los condenados reconoce que las posibilidades de que estos sorteen la cárcel es mínima. De nada sirve que hayan solicitado el indulto, que no paraliza la ejecución de la sentencia, ni que la mayoría tenga pendiente un incidente de nulidad. Este mecanismo de impugnación excepcional dejaría sin efecto ciertas actuaciones procesales, lo que les evitaría la cárcel. No obstante, el Tribunal Supremo sigue sin resolver y no parece que vaya a hacerlo en los próximos días.

«Un penalista siempre tiene un as bajo la manga», sostiene Luis Romero. Este prestigioso abogado sevillano afirma que la defensa de los condenados por el caso ERE tienen varias alternativas antes de fiarlo todo a la decisión del Gobierno, ya que el indulto puede demorarse aún más de seis meses. «Pueden solicitar un nuevo aplazamiento, aunque solo serviría para ganar un par de semanas».

Una opción más efectiva, reconoce Romero, es alegar una enfermedad grave, como han hecho Agustín Barberá Salvador, que fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010, y el propio Griñán. La Audiencia Provincial de Sevilla ha paralizado el ingreso en prisión de ambos hasta que un médico forense determine si sus dolencias supone un motivo suficiente para eludir las rejas. La edad también podría servirle a los condenados por el caso ERE para tal fin.

En España no hay ninguna ley que impida el ingreso en prisión de los mayores de 70 años, pero el artículo 91.1 del Código Penal les abre una puerta. «No solo hay que tener esa edad, también hay que probar un estado de salud deplorable que impida permanecer en un centro penitenciario», explica Alfredo Arrien, abogado en Paredes & Asociados. En noviembre existían 638 reclusos con más de 70 años, según datos de Instituciones Penitenciarias.