El PP amplía su recurso de amparo ante el Constitucional por la sedición y malversación y también pide al Senado que frene la reforma
La oposición asegura que hay enmiendas que podrían «no tener una conexión material» y no guardar «relación de homogeneidad mínima» con la proposición de ley
La oposición asegura que hay enmiendas que podrían «no tener una conexión material» y no guardar «relación de homogeneidad mínima» con la proposición de ley
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso registró esta noche del viernes ante el Tribunal Constitucional una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Podemos para derogar la sedición y rebajar la malversación. Según han explicado a EFE fuentes del PP, en este escrito el GPP ha adjuntado el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados de la Comisión aseguraron que hay enmiendas que podrían “no tener una conexión material”, además de no guardar “relación de homogeneidad mínima” con la proposición de ley. Asimismo, señalan que el presidente obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir las citadas enmiendas.
El GPP ha puesto de relieve también que, aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, «por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar«. Con ello, añaden las mismas fuentes, el GPP «pretende defender los derechos fundamentales de los parlamentarios para que se cumplan con todas las garantías».
La Comisión de Justicia del Senado debatirá el próximo martes las enmiendas que se presenten a la proposición de ley que deroga la sedición, rebaja las penas por malversación y facilita la renovación del Constitucional, una norma que previsiblemente se aprobará de forma definitiva en el pleno del jueves. Todo ello si el Tribunal Constitucional, cuyo pleno se reúne el lunes, no interviene y deja que continúe la tramitación de la iniciativa con los cambios introducidos a última hora en el Congreso por la coalición de gobierno.
La Mesa y la Junta de portavoces de la Comisión de Justicia acordaron este viernes que el plazo para presentar enmiendas concluya el lunes a las 14 horas y que la Comisión dictamine la norma el martes a las 9, con lo que podrá incluirse formalmente en la agenda del último pleno del año del Senado, que concluye el jueves.
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Además, el PP pidió también este viernes a la mesa del Senado que suspenda la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de reforma del Código Penal en la Cámara Alta «al ser un fraude de ley» y una reforma de calado que de forma «incomprensible» se tramitará de urgencia. Los populares han registrado esta petición en el Senado en la que argumentan «el evidente fraude de ley que supone su tramitación como proposición de ley y no como proyecto de ley» con el fin de «evitar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ )» y los informes pertinentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado.
«Es incomprensible que una reforma tan importante para la salvaguarda de nuestro ordenamiento c constitucional sea considerada de tal urgencia que impide su tramitación de conformidad con los plazos ordinarios», argumenta. Critica el PP que las enmiendas admitidas en la Comisión de Justicia del Congreso por los grupos que «sostienen al Gobierno» van «en contra del criterio de los letrados de la Cámara Baja.
Recuerda que el grupo popular en el Congreso presentó hace unos días ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo ampliado ahora en el que solicitan «medidas cautelares de suspensión del acuerdo de tramitación de las enmiendas 61 y 62 presentadas conjuntamente por los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, respecto del que todavía no hay pronunciamiento». En concreto, sostiene en el escrito que «las enmiendas 61 y 62 que modifican la LOPJ respecto a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional y las mayorías parlamentarias exigidas para ser elegidos miembros del mismo son claramente inconstitucionales, a pesar de que están en el texto remitido al Senado».
Fuente: EFE
