Ciudadanos pone en marcha una fundación sin estar inscrita en el Ministerio de Justicia
La formación de Arrimadas alega que Ágora Liberal es el «nombre comunicativo» de Tribuna Cívica, la fundación de Rivera que estaba «inactiva» desde 2008
De izq. a dch: Carmen Picazo, Inés Arrimadas, Antonella Marty y Guillermo Díaz. | Foto: Twitter de C.Picazo
Ciudadanos celebró este jueves en el Estudio Zenit de Madrid el primer acto de su fundación Ágora Liberal pese a que no está constituida ni inscrita como tal en el registro de fundaciones del Ministerio de Justicia, según alertan varios dirigentes de la formación naranja a THE OBJECTIVE.
Esta primera actividad consistió en un coloquio bajo el nombre ‘Una respuesta liberal a la deriva de Occidente’ entre el diputado Guillermo Díaz y la politóloga argentina Antonella Marty. Un acto al que asistió la propia presidenta de Cs, Inés Arrimadas, tras el convulso pleno en el Congreso sobre la reforma en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, así como la coordinadora autonómica de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, uno de sus apoyos territoriales de cara a la asamblea general que se avecina en enero.
El partido centrista ha promocionado este evento en pleno periodo precongresual y con el partido sumido en una grave crisis interna por la ruptura entre Arrimadas y su hasta ahora número dos, Edmundo Bal. En el cartel del evento se presentó a Díaz, el único apoyo con el que cuenta la presidenta dentro del grupo parlamentario en el Congreso, como «presidente de la Fundación Ágora Liberal» (ver abajo).
Ciudadanos corrió con los gastos del evento, pues Ágora Liberal no tiene CIF ni ningún otro dato que le acredite como fundación, según las citadas fuentes. Pese a ello, la formación de Arrimadas dejó claro en su cuenta de Twitter que se trataba del «primer acto» de dicha fundación… pese a que no está inscrita como tal en el Ministerio de Justicia. Un hecho que ha generado alarma entre las citadas fuentes por sus posibles consecuencias legales.
Desde el equipo de Arrimadas se alega que Ágora Liberal es, en realidad, «el nombre comunicativo» o nueva marca de la única fundación que pertenece a Ciudadanos «a efectos jurídicos» y que se llama Tribuna Cívica. Esta última se creó en 2008 de la mano de Albert Rivera y ha estado «inactiva» hasta ahora. Según la información pública del registro de fundaciones de Justicia, el presidente es Carlos Carrizosa y junto a él aparecen en el patronato aún exdirigentes como José Manuel Villegas de tesorero o Fran Hervías de vocal.
De vicepresidente de Tribuna Cívica continúa Manuel García Bofill, actual presidente del Consejo General de Ciudadanos, mientras que de secretario está José María Espejo-Saavedra, secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, junto a un segundo vocal, Matías Alonso, diputado autonómico en el Parlamento catalán. Todos ellos forman parte del grupo de históricos dirigentes catalanes que pusieron en marcha Ciudadanos junto a Rivera.
Tribuna Cívica ha estado tan inactiva desde su creación que mantiene como domicilio la dirección de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona en la que estuvo la sede primigenia de Ciudadanos hace 15 años, por lo que el equipo de Arrimadas no ha actualizado por el momento ningún dato de esta fundación tras la supuesta «reactivación» de la misma bajo el paraguas de Ágora Liberal.
La puesta en marcha de esta fundación fue una recomendación que los liberales alemanes le hicieron a Arrimadas hace un año y que el partido ha hecho suya dentro de las sugerencias del equipo de refundación que han pilotado Begoña Villacís y el citado Guillermo Díaz en los últimos meses.
Las citadas fuentes expresan su preocupación por el «oscurantismo» con el que se ha llevado la creación y el lanzamiento de Ágora Liberal, sin que haya habido ninguna comunicación sobre los miembros de su patronato a los diferentes órganos del partido, en especial el Consejo General, y con el único anuncio por parte de Arrimadas de que Díaz asumiría la dirección de la misma. Por todo ello, varios dirigentes consultados por este diario la tildan de «fundación ‘fake’».
A diferencia de otros partidos, como el PP con la FAES de José María Aznar o el PSOE con la Pablo Iglesias, Ciudadanos nunca tuvo una fundación política vinculada, de ahí que no participase en el reparto de subvenciones que otorga el Estado en función de la representación parlamentaria de cada grupo.
Algunas voces en la dirección nacional de Ciudadanos sospechan que esta fundación podría ser en un futuro la destinataria de parte de los fondos que tiene el partido en la actualidad en caso de debacle electoral en 2023, siguiendo el ejemplo del Partido Liberal alemán. La formación naranja ha contado con un «presupuesto saneado» de cara a este año, en palabras de Arrimadas, que ha permitido «afrontar el futuro con tranquilidad» y sin haber contraído «ni una solo céntimo de deuda con los bancos», algo que «no todos los partidos políticos pueden decir».
Arrimadas señaló que la nueva fundación quiere ser «un espacio de ideas y debates» para preparar el programa del partido y para «luchar por el proyecto liberal y por esta alternativa de gobierno». Este nuevo ‘think tank’ estará abierto a la participación de la sociedad civil no militante y estrechará lazos con fundaciones de partidos liberales europeas: «Queremos hacer de la fundación una fábrica de atracción de talento y abierta a Europa», subrayó en diciembre de 2021.
El colchón económico de Ciudadanos
Ciudadanos empezó este año con un colchón de nueve millones de euros, de los que dos millones los pensaba destinar a «procesos electorales». Ese gasto se compensaba con el superávit de 1,7 millones previsto para 2022, fruto del duro ajuste que se decidió aplicar, y de los 1,1 millones en cobros pendientes que aún tenía que recibir la formación naranja por los resultados electorales que obtuvo en los comicios de 2019 y 2021.
Gracias a ello, la dirección nacional se puso como objetivo empezar el 2023 con 10 millones en caja para afrontar el decisivo ciclo electoral de municipales, autonómicas y generales, donde se gastará un máximo de ocho millones en un combate a vida o muerte por la supervivencia política. Ante el riesgo de desaparecer en un buen número de territorios, en las previsiones de hace un año se detallaba un fondo de reserva de dos millones para afrontar cualquier contingencia.
