Díaz ordena centrarse en el SMI y huir del choque judicial para afianzar un "perfil propio"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tiene ninguna intención de manchar su «perfil» de «ministra dialogante» con el nuevo choque institucional entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional y la magistratura. Los mensajes que la vicepresidenta segunda ha enviado a lo largo de los últimos días han sido siempre de cierto sosiego: muy alejados de los ataques de Podemos contra los jueces, y también de lo declarado por algunos miembros del PSOE. En el Congreso ha llegado incluso a pedir «paciencia», proponiendo analizar el texto del Constitucional antes de mover ficha. En el PSOE, en cambio, quieren pisar el acelerador. Díaz no se desmarca del presidente Pedro Sánchez, pero quiere salir de esta crisis con un «perfil propio», más centrado en asuntos sociales, como la subida del SMI, que el choque institucional.

El mensaje que Díaz ha lanzado a lo largo de estos días, a través de declaraciones oficiales y reuniones discretas entre los suyos, es que es conveniente mantenerse al margen de la polémica judicial. Prueba de ello es que en las horas más duras del choque con el Constitucional, Díaz ha preferido centrarse en la negociación del aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ir al barro de la polémica política. Díaz y sus estrategas creen que la futura candidata de Sumar puede afianzar una imagen de moderada, tanto de cara a Podemos como frente a algunos sectores del PSOE.

Díaz ha centrado su ataque al Partido Popular, pero ha evitado cuestionar el trabajo de los jueces ni hablar de «golpes», tal y como en cambio han hecho los miembros de Podemos. Ha calificado de «grave» el fallo del Constitucional, porque los «representantes del pueblo han visto parcialmente suspendida su actividad legislativa». Pero ha hablado de que la «democracia prevalecerá» y ha aconsejado a los socialistas ganar tiempo, rechazando con su silencio la tesis rupturistas de Podemos, que llegaron a amagar con desacatar el dictamen del Constitucional.

Serenidad y diálogo

En cierta medida, se ha desmarcado incluso del PSOE. Los socialistas, con Sánchez a la cabeza, lanzaron a partir del pasado viernes una dura ofensiva contra el Tribunal Constitucional para intentar condicionar su dictamen sobre dos polémicos enmiendas. Sánchez llegó a hablar de «complot» de los jueces contra el Ejecutivo, y lo mismo hicieron otros ministros socialistas. Díaz, en cambio, mantuvo un perfil bajo.

El entorno de Díaz habla de buscar «serenidad» y «diálogo». Vive un enfrentamiento directo con Iglesias. El exlíder morado quiere elevar la tensión, pues cree que es conveniente hacerlo para que su partido ocupe el centro del debate político. Afirma que lleva años argumentando que los magistrados actúan en el marco de un lawfare, equivalente a un golpe político-judiciario contra el Gobierno, y ahora celebra que sectores del PSOE hayan adoptado el mismo discurso.

Pero Iglesias quiere dar un paso más. Dirigentes de Podemos han esbozado la idea de activar protestas en las calles, aunque el grupo parlamentario está centrado en aprovechar la crisis para forzar una rebaja de la mayoría (de cualificada a simple) para los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Los morados quieren difundir la idea de que Díaz es una dirigente «sin ideología». Y creen que el enfrentamiento favorece esta dinámica.

El ataque de Iglesias

«Lo que hizo ayer la mayoría que la derecha mantiene ilegítimamente en el Tribunal Constitucional es una prueba, ya irrefutable, de que la derecha y la ultraderecha en España no solo son sus partidos políticos, sino un bloque de intereses oligárquicos con brazos mediáticos, militares, empresariales y judiciales que entienden que España es su cortijo y que tienen derecho por tanto a saltarse las leyes y la Constitución para mantenerlo libre de rojos y de independentistas», dijo Iglesias a través de su programa La Base.

Iglesias añadió respecto a la idea del Ejecutivo de presentar una ley exprés para sortear el dictamen del Constitucional que equivale a «entregarnos con las manos en alto». Ataca así a Díaz, quien en cambio respalda esa vía y ha pedido paciencia al Ejecutivo antes de actuar. «Nosotros vamos a esperar que se dicte el auto del Constitucional y cuando el tribunal dicte su auto, después presentaremos la proposición de ley«, ha afirmado la ministra el pasado martes en el Congreso. Una línea que choca incluso con el PSOE, que prefiere actuar cuanto antes.

El ‘as político’ de la moderación

Díaz, sin embargo, al igual que con el asunto del desacato del dictamen del Constitucional, prefiere no pronunciarse. Sabe que la Moncloa duda sobre el cambio de mayoría del CGPJ debido al temor a recibir un aviso por parte de Bruselas. Y no comparte el enfoque rupturista de Iglesias porque sabe que su as político se construye sobre la imagen de política responsable y moderada, centrada en los asuntos sociales y no en la polarización.

La ministra de Trabajo prefiere centrarse «en las cosas de comer», según afirman dirigentes cercanos a la política. Estos han sido hasta ahora la reforma laboral, los ERTEs y ahora la subida del SMI, que Díaz quiere cerrar cuanto antes (o hacerlo a través de dos trámites). El aumento del SMI se ha convertido así en su prioridad, mientras que desde las bancadas del Gobierno y la oposición volaban dardos incendiarios.

Díaz se ha comprometido con los sindicatos -que tienen muchos intereses en esta política porque les permitirá renegociar centenares de negociaciones colectivas por todo el país y ganar influencia y dinero– a que el SMI suba en los próximos meses. El equipo de «expertos» que la ministra ha reunido alrededor de una mesa ha propuesto una horquilla de aumento desde 1.046 euros hasta 1.082. Actualmente el salario mínimo alcanza los 1.000 euros. Esta es su verdadera batalla de cara al próximo ciclo político. De ahí que apueste por un perfil bajo en el choque político e institucional con los jueces.

«Perfil propio»

La ministra quiere centrarse en este asunto para lanzar un «perfil propio» de carácter social en un momento en el que el Ejecutivo está enrocado en el enfrentamiento institucional. Sus estrategas dudan del efecto electoral de esta política. Si bien algunos segmentos de la izquierda creen que se están compactando sus filas (tapando de paso el enfrentamiento interno sobre la rebaja de la malversación), otros sectores activos sobre todo en el PSOE aseguran que la imagen de un Ejecutivo que incendia el debate institucional no es rentable políticamente.

Díaz no quiere entrar, además, en un choque con los jueces. Las encuestas revelan que la gran mayoría de los españoles confía en los magistrados y su independencia. No quiso criticar a los magistrados cuando se rebajaron las penas a los condenados por agresiones sexuales tras la Ley Montero y Podemos no le perdonó su discreción. Y ahora está ocurriendo lo mismo. Aunque en la diana de la ministra no se encuentra solo el partido morado, sino también el voto moderado controlado por el PSOE.