El fiasco de la vivienda social que Colau encargó a Roures: se encarece o no arranca
El ayuntamiento de Barcelona fía a las empresas inmobiliarias del magnate catalán la promoción de pisos públicos, pese a las críticas de la oposición
Obras en Barcelona. | Ayuntamiento de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona adjudicó a dedo a varias de las empresas de Jaume Roures en el sector urbanístico la promoción de la vivienda social en la ciudad, así como otras operaciones para «salvar» emplazamientos que el equipo municipal de Ada Colau considera claves, pero los proyectos no acaban de avanzar y, en algunos casos, se han encarecido notablemente.
Esta situación ha puesto a la alcaldesa en un aprieto, ya que la oposición en bloque fue en su momento muy crítica con estas operaciones inmobiliarias al considerar que son una forma de «favorecer» al empresario catalán. Ahora, además, observan cómo los resultados tampoco llegan o los proyectos se incrementan hasta un 15% más de lo establecido inicialmente.
Se encarece el proyecto
El gobierno municipal anunció en julio de 2021 el «acuerdo» para garantizar «la continuidad del Gimnasio Sant Pau», que pasaba por adquirir el solar por «un valor de 8 millones de euros, con el objetivo de construir 36 pisos de alquiler asequible» que se iban a destinar «a las entidades de la Mesa del Tercer Sector».
Finalmente, esta obra se ha encarecido de ocho millones a 9,2 millones de euros, tal y como avanzó Crónica Global, y Colau apeló al «interés general» para asignarlo sin concurso a Coyoacan Invest SL (empresa de Roures que lleva el nombre de la ciudad donde vivió León Trostki, cuando se refugió en la «Casa Azul» de Diego Rivera y Frida Khalo).
Coyoacan tiene menos de dos años para llevar a cabo la promoción social. Las obras tienen que iniciarse el 1 de mayo de 2023 y está establecido, según la documentación del proyecto, que terminen el 1 de enero de 2025. Roures pagará un canon único de 959.000 euros por 55 años de uso antes de devolver el inmueble al ayuntamiento.
Desde el equipo municipal aseguran que el empresario del audiovisual «no cobrará ninguna prima» por el encarecimiento del proyecto, e intentarán que la construcción no se demore para evitar lo que sucedió con la primera promoción de pisos sociales entre el empresario del audiovisual y el Ayuntamiento.
Retrasos en las obras
Las obras de Illa Sibèria, en el barrio de Poblenou, siguen sin arrancar pese a que estaba previsto iniciarse en 2020. El equipo municipal de Barcelona En Comú atribuyó esta demora a la crisis sanitaria originada por la pandemia de la covid-19. No obstante, el solar sigue a día de hoy desierto y sin maquinaria para empezar a trabajar.
Este proyecto se anunció como el nuevo modelo de colaboración público-privada que Colau quería impulsar para hacer a las empresas del sector inmobiliario «corresponsables» del urbanismo de Barcelona. Se basaba en la construcción de un edificio público con 46 pisos de alquiler, y formaba parte del compromiso del gobierno de destinar el 30% de obra nueva a vivienda pública.
Protocolo antiparaísos fiscales
La oposición, además, también criticó que la adjudicación a las empresas de Jaume Roures de la promoción de vivienda social incumplía el protocolo ético de la administración local, que especifica que el ayuntamiento «no tendrá relación jurídica» con compañías que operen en territorios fiscalmente opacos.
La filial Imagina, de la empresa matriz Mediapro, no solo estuvo implicada en al menos un pago a través de Panamá, país considerado paraíso fiscal. Sino que también, Tatxo Benet,empresario independentista y número dos de Roures, reconoció ante la justicia de Estados Unidos la culpabilidad en el caso de sobornos -conocido como Fifagate– y negoció una reducción de la pena a cambio de colaborar con la Justicia.
La estrategia de Mediapro en España fue la de desvincular a la empresa matriz de Imagina, como si lo ocurrido en América fuera un caso aislado. No obstante, en el acuerdo de culpabilidad se admite que han empezado a colaborar con la justicia una vez la policía había detectado ilegalidades y se comprometía a implementar medidas de buenas prácticas para atajar la corrupción en todo el conglomerado empresarial.
Este protocolo del consistorio tampoco se ha aplicado a otras empresas que han colaborado con la administración municipal. No obstante, Colau ha priorizado a Roures en las operaciones urbanísticas de la ciudad. Y, como informó THE OBJECTIVE, los nuevos cambios en el Institut Català del Sòl (Incasol) también le sitúan en una posición de partida muy favorable para las operaciones a escala autonómica.
