La paradoja de Igualdad: más dinero que nunca, pero récord en violaciones y feminicidios
El presupuesto más abultado con el que ha contado el Ministerio de Igualdad, 525 millones de euros en 2022, no ha evitado las peores cifras de estos delitos en años
La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
No ha sido un buen año para Irene Montero. La ministra de Igualdad contaba este 2022 con un presupuesto récord para su departamento, 525 millones de euros, que, sin embargo, no ha impedido que en España se hayan disparado tanto las agresiones sexuales con penetración (1.942) como los asesinatos de mujeres perpetrados por hombres (49). Además, la aprobación de su ley del sólo sí es sí ha supuesto, como advirtieron los expertos, que 133 delincuentes sexuales hayan visto reducidas sus penas. En definitiva, su annus horribilis de la legislatura.
La polémica más reciente, y la que más factura está pasando a la líder in pectore de Unidas Podemos, tiene que ver con los efectos indeseados que ha desatado su última norma. La misma que se concibió como consecuencia de la violación grupal sucedida en San Fermín en 2016 y que, paradójicamente, podría derivar en la rebaja de las condenas del grupo conocido como La Manada de Pamplona. La cascada de rebajas a las penas de violadores ha suscitado tal escándalo que la parte socialista del Gobierno se ha visto obligado a pedir «autocrítica» al departamento morado.
Esta no se ha producido. En su huída hacia delante, el Ministerio de Igualdad ha insistido en atacar a los jueces por «machistas» y por hacer una interpretación «retrógrada» de su ley. Esta cierra el año con 133 violadores beneficiados.
Con respecto a las agresiones sexuales con penetración, este ha sido el peor año desde que el Gobierno de coalición recuperó el gabinete de Igualdad, integrado en 2010 en Sanidad. Las cifras hablan por sí solas: 1.405 denuncias en 2019, 1,599 en 2021 y 1.942 en 2022. De estas, según datos del Instituto Nacional de Estadística que son ocultados por el Ejecutivo, un 46% son cometidas por extranjeros (y dentro de este estrato, el 20% por africanos, aun y cuando suponen el 2,4% de la población española).
Este auge se explica desde el Ministerio de Igualdad arguyendo que «las políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal» se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciar estos delitos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Eso habría reducido «los niveles de infradenuncia que pueden existir en estos tipos penales». Pero los expertos consultados por THE OBJECTIVE aportaron en su día otras posibles explicaciones.
Feminicidios
Tampoco ha sido un buen año para las víctimas de la llamada violencia machista. Un total de 49 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2022 en España. La última, una mujer de 20 años, asesinada presuntamente por su pareja en Madrid el 28 de diciembre. Esto supone, de nuevo, la cifra más alta en lo que va de legislatura: en 2021 hubo 44 casos, por los 47 de 2020.
Pero lo más llamativo es que este mes de diciembre ha sido, con 11 mujeres asesinadas, el más mortífero de toda la serie histórica desde que se contabilizan estos datos junto al mes de diciembre de 2008, también con 11 feminicidios. Esto supuso que el pasado miércoles se convocara de urgencia un Comité de crisis entre Igualdad, Justicia e Interior. El jefe de este último departamento, Fernando Grande-Marlaska, anunció medidas contra los agresores reincidentes y dio orden de «extremar» las actuaciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El presupuesto
Todas estas cifras contrastan con el esfuerzo económico del Estado en el Ministerio de Igualdad, que cuenta año tras año con un presupuesto más abultado. Su dotación en los PGE de 2016 fue de 45 millones de euros. Una cifra que aumentó hasta los 51 millones al año siguiente y contó en 2018, 2019 y 2020 –debido a la prorrogación de las cuentas– con 181 millones anuales. La llegada de Irene Montero al Ministerio disparó la inversión en este gabinete: 459 en 2021 y 525 en 2022. Una cifra récord que volverá a dispararse en 2023, con 573 millones.
El Partido Feministas al Congreso (PFAC) emitió un comunicado este pasado miércoles, compartido a este medio, en el que criticaban «la inactividad e ineficacia de este Gobierno para tomar las medidas necesarias sobre violencia contra las mujeres, porque hablar de repuntes, como si se tratara de una enfermedad inevitable, es menospreciar el problema». PFAC también censuró que «no se estén tomando medidas de sensibilización social, y que el Ministerio de Igualdad gaste su presupuesto en campañas inútiles y pueriles como la de 47 millones de feminismos o la del derecho a ir a la playa».
El enfado de este colectivo feminista es, en realidad, el de todo el movimiento, especialmente soliviantado contra Irene Montero por la ley trans. Y eso que la aprobación de su norma estrella es la única victoria -pírrica- que puede anotarse en estos últimos 365 días, por cuanto la ministra morada ha conseguido hacer abnegar al PSOE de sus postulados marxistas para abrazar la teoría queer.
Su principal competidor político, sin embargo, no está en el PSOE, sino en Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo, que ya ha lanzado su proyecto Sumar, aspira a afianzar en 2023 el cierre definitivo de su etapa en Unidas Podemos. Su intención es no presentarse a las elecciones autonómicas y municipales, pero sí a las generales. De este modo, si se confirma la amortización de la marca morada en mayo, reconstruir un espacio nuevo de izquierda alternativa al PSOE sobre esas cenizas. Su competidora sería, en ese caso, Montero, que podría tener un 2023 incluso peor que 2022.
