El PP se resiste a derogar el decreto de memoria de Castilla y León como prometió a Vox
La Vicepresidencia de Juan García-Gallardo critica que sus socios no se deciden a aprobar el ‘decreto de Concordia’, que fue un compromiso del pacto de investidura
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (i), y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (d), en las Cortes. | E.P.
Fue uno de los compromisos del pacto de investidura entre Partido Popular y Vox en Castilla y León: sustituir el Decreto de Memoria Histórica por un Decreto de Concordia. Una exigencia de Juan García-Gallardo a Alfonso Fernández Mañueco que, nueve meses después de conformarse el Gobierno de coalición, sigue sin materializarse. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, cercanas al vicepresidente castellanoleonés, aseguran que los populares llevan «mareando la perdiz» durante casi tres meses, en los que no se ha avanzado en la negociación, y temen que la propuesta vaya a «caer en saco roto».
Los populares se defienden arguyendo que «siguen estudiando» una reforma que quieren acometer con precisión de cirujano. Pero sea como fuere, desde Vox ya trabajan dando por hecho que no habrá Decreto de Concordia. Y, según confiesan, tampoco lo ven con malos ojos, por cuanto supone una oportunidad para distanciarse electoralmente de los populares en materia de memoria histórica, y porque consideran que pueden seguir adelante con su agenda política sin su aprobación.
«En realidad, la derogación del Decreto de Memoria generaría mucho ruido mediático, pero no tendría grandes repercusiones porque la ley estatal sigue aplicando», recuerda una fuente de la Vicepresidencia en referencia a la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de octubre, y al Plan Cuatrienal 2020-2024, que contempla subvenciones para las asociaciones memorialísticas con el objeto de cubrir las tareas de «localización, exhumación e identificación» de personas desaparecidas.
Vox lleva un mes impulsando en las Cortes regionales una proposición no de ley para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) aquellos inmuebles o elementos con valor histórico, y así cuenten con una figura de protección. Esto aplicaría a 140 bienes, de los cuales muchos de ellos contienen vestigios franquistas, tales como el azulejado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, que agradece a Francisco Franco su apoyo para la reconstrucción tras un incendio.
Esta iniciativa también está siendo paralizada a nivel parlamentario por el PP, que alega que facilita que «nos distraigamos hablando de cosas que no son importantes y no interesan a los ciudadanos». En caso de no prosperar, el socio minoritario del Gobierno castellanoleonés trabaja en una «categoría intermedia», que consiste en incluir estos muebles en el inventario de bienes. No van a permitir, en definitiva, que el «bloqueo» popular a sus demandas les impida avanzar en su agenda memorialística.
Clave electoral
El interés de Vox en las cuestiones relacionadas con la memoria histórica tiene un eminente fin político y, en última instancia, electoral, por cuanto les permite diferenciarse de su socio de Gobierno sin tensar demasiado las relaciones. Así se explica que su grupo parlamentario en las Cortes haya pasado de centrar sus iniciativas en la soberanía energética y en la producción nuclear a tratar de evitar el «vandalismo destructivo» que la aplicación de la legislación estatal sobre la denominada memoria democrática pueda provocar en Castilla y León.
Si bien el PP de Alfonso Fernández Mañueco no tiene un discurso articulado propio sobre esta cuestión, Juan García-Gallardo sí que se ha mostrado partidario de reconocer a las víctimas del bando republicano, del mismo modo que sucede con las del régimen franquista.
Las fosas de Castilla y León
Otro de los temas en los que Vox aspira a marcar distancias con respecto a su socio de Gobierno es en las fosas ubicadas en Castilla y León. Tal y como adelantó este medio, Juan García-Gallardo se ha abierto a atender las reivindicaciones de la Asociación Raíces, y los cientos de soldados franquistas que se hallan aún en el cementerio de El Espinar (Segovia), ignorados deliberadamente en las exhumaciones auspiciadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, serán exhumados y/o dignificados de algún modo por la Junta de Castilla y León . Por lo pronto, serán incluidos en el mapa de fosas de la región, según fuentes del Ejecutivo autonómico.
Cabe recordar que, en septiembre de 2020, en los trabajos para la recuperación de 17 milicianos enterrados en una fosa común, se encontraron 14 cuerpos, entre ellos los del republicano Eugenio Insúa. Pero también dos cadáveres con correajes, hebillas y restos de uniforme coincidentes con oficiales del bando sublevado. Según relata el periodista Luis Besa, esos cuerpos no se dignificaron porque -según palabras de los técnicos de la excavación- no respondían al «contexto» que buscaba la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que los volvió a inhumar.
Más de dos años después, la Asociación Raíces denuncia que «todavía 900 soldados del ejército nacional están en el cementerio de El Espinar a la espera de un mínimo reconocimiento y dignificación en las fosas anónimas que los contienen, ocultas a los ojos del presente y del futuro de España». Y todo ello, según abundan fuentes de la entidad, por «el sectarismo» con el que «la clase política, las asociaciones memorialistas y el mundo universitario» están tratando a los soldados franquistas.
Tan pronto como este próximo lunes, la Vicepresidencia estudiará cuándo se reúne con el secretario general de Raíces, Guillermo Rocafort, y cómo abordan la situación de estas fosas. Según confiesan, esperan que el PP no se oponga a la dignificación de estos cadáveres. Una nueva evidencia de que Vox continuará con su agenda en memoria democrática salga o no finalmente adelante el decreto de Concordia.
