Urkullu prioriza a los presos de ETA a la hora de aceptar traslados a las cárceles vascas
Desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de sus prisiones, hace 15 meses, se han aprobado 196 traslados. De ellos, 93 son miembros de ETA condenados
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, en una foto de archivo. | Europa Press
Un 47,5% de los presos trasladados a cárceles del País Vasco en los últimos 15 meses cumplen condena por pertenencia a la banda terrorista ETA. Desde que el Gobierno autonómico de Iñigo Urkullu asumió la gestión de las prisiones vascas, en octubre de 2021, se han aprobado 196 traslados de internos desde otras cárceles de España. Casi la mitad de ellos, 93 en total, cumplen condena por pertenecer a la banda armada, según datos oficiales del Departamento Vasco de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
A fecha de 5 de enero de 2023, la consejería encargada de la administración penitenciaria en el País Vasco ha recibido un total de 483 solicitudes de traslado a cárceles vascas. Una avalancha de peticiones que las asociaciones de víctimas del terrorismo vinculan a la facilidad y agilidad para la concesión de terceros grados en esa comunidad autónoma desde que el Ejecutivo autonómico asumió la gestión de las prisiones.
Sin embargo, según apuntan desde el Gobierno vasco, de todas las peticiones de traslado recibidas -entre presos comunes y etarras- se han aprobado menos de la mitad. De las 483 solicitudes de traslado, se han autorizado un total de 196. Esto, debido a que en su mayoría los presos no cumplían con uno de los principales requisitos exigidos por el gobierno vasco para acoger a internos procedentes de otras prisiones de España: tener arraigo en esa comunidad autónoma.
En el caso de presos de ETA condenados por delitos de terrorismo, la proporción es claramente distinta. Se han recibido un total de 101 peticiones de traslados de internos etarras. A 93 de ellos se les ha concedido, y apenas a ocho miembros de la banda armada se les ha rechazado «principalmente por falta de arraigo en la comunidad autónoma», indican fuentes del Departamento vasco de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Al menos cinco de esos ocho presos etarras, a los que se les ha denegado el traslado desde octubre de 2021, son navarros.
33 terceros grados a presos etarras
Desde que asumió la competencia en prisiones, el Gobierno vasco puso en marcha un modelo penitenciario enfocado en la reinserción social para reducir la población penitenciaria. Para ello, se marcó como objetivo progresar a tercer grado al 40% de los reclusos. De los 546 terceros grados concedidos a presos en cárceles vascas desde entonces, 33 de los internos progresados son etarras condenados, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico a este diario.
«Los terceros grados se analizan caso a caso por la Junta de tratamiento de cada prisión, y se autorizan solo cuando cumplen los requisitos establecidos en su condena», indican fuentes del Departamento de de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y del Gobierno vasco. «Los presos etarras que están pasando a tercer grado llevan de media 23 años en prisión», añaden.
La Estrategia de Justicia Restaurativa 2022-2025 del Gobierno vasco ha hecho que aumenten también las peticiones de traslados de presos comunes y de ETA. Según las asociaciones de víctimas, el aumento en el número de solicitudes de traslados al País Vasco está íntimamente relacionado con las facilidades para conseguir terceros grados y otros beneficios penitenciarios en esa comunidad autónoma. «Cuando llegan a cárceles vascas, los terceros grados son mucho más ágiles», indica Maite Araluce, presidenta de la AVT, en declaraciones a este diario.
Arraigo vasco
Desde el Gobierno vasco desmienten esta versión y aseguran que todos los traslados son analizados en base a los mismos criterios, con independencia de si el reo pertenece o no a ETA. «La mayoría de las solicitudes han sido rechazadas porque no cumplían con los requisitos de arraigo. Hemos llegado a recibir peticiones de presos comunes que querían venir alegando que tienen un primo que vive aquí. Se les ha denegado, igual que se han rechazado ocho traslados de presos de la banda armada por falta de arraigo en Euskadi», añaden las fuentes del Departamento vasco de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
Las mismas fuentes defienden que las progresiones a tercer grado, en casi la totalidad de los casos y con independencia de si se trata de presos comunes o de ETA, solo son aprobadas por el Gobierno vasco cuando cuentan con un informe favorable de la junta de tratamiento de cada centro penitenciario. «Un tercer grado no se obtiene con tanta facilidad como se podría creer. Necesitan cumplirse unos requisitos impuestos por el juez y tener informes favorables de la Junta de Tratamiento de cada centro penitenciario, las mismas que trabajaban con el Ministerio del Interior», aseveran.
Sin embargo, desde las asociaciones de víctimas se muestran suspicaces con la versión oficial. Creen que la gran cantidad de traslados de presos etarras (casi la mitad del total) y el creciente número de terceros grados concedidos a los condenados por terrorismo forman parte de una amnistía encubierta a la banda armada. Solo así se explican las víctimas el reciente traslado al País Vasco del etarra José Luis Barrios, condenado por el asesinato del concejal sevillano del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa, el 30 de enero de 1998.
Barrios ya había sido trasladado por el Ministerio del Interior a una cárcel de Pamplona, donde tiene casa y familia. Incluso llegó a ser diputado autonómico por EH en los noventa en Navarra. El pasado 16 de diciembre, el Ministerio del Interior y el Gobierno de Urkullu autorizaron su traslado a una prisión del País Vasco. El Ejecutivo autonómico dio por buenas las razones de «arraigo» alegadas por Barrios, nacido en San Sebastián, a pesar de que ha hecho gran parte de su vida en Navarra.
