ETA da por terminado el acercamiento de presos y pasa a otra fase: 'Operación salida'

La imagen cuenta por sí misma la noticia. Los colectivos de presos etarras Etxerat y Sare cambian de logotipo. Dan por cumplido un objetivo histórico y pasan a otra fase. Eliminan en su nueva bandera el mapa del País Vasco y Navarra que durante décadas utilizaron para exigir el acercamiento de los miembros de ETA condenados por terrorismo. El 92% de ellos ya está en cárceles vascas o navarras. El mapa ya no es necesario. En su nuevo estandarte dejan solo las dos flechas que antes apuntaban a la silueta. Aumentan de tamaño y cambian de color (del rojo al negro) porque sus reivindicaciones también serán diferentes a partir de ahora. Su nueva estrategia se centra en conseguir excarcelaciones, terceros grados y permisos penitenciarios para los presos que ya están en el País Vasco.

«Siguen una hoja de ruta en complicidad con el Gobierno. El entorno de ETA siempre ha buscado como objetivo final que sus presos estén en la calle. Ya han conseguido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez los traslade a cárceles vascas, solo quedan 14 por acercar. Y también han logrado que la gestión de las prisiones la lleve el Gobierno vasco, que está dando terceros grados a etarras sin cumplir con los requisitos. Por eso la Fiscalía está recurriendo muchos de ellos en la Audiencia Nacional», indica Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

La nueva bandera de los colectivos de presos etarras era presentada el pasado martes en San Sebastián por Sare y Etxerat. El cambio de símbolo era suficientemente claro. Aun así, y para disipar las dudas, durante el acto se procedía a leer un comunicado para explicar los motivos de su cambio de logotipo: «Los presos están en Euskal Herria, sí; nos hemos quitado una gran carga de encima, pero aún continua vigente la política penitenciaria de excepción». Momentos después, pasaban a reivindicar «un camino sin obstáculos, donde las progresiones de grado o los permisos penitenciarios se apliquen sin excepción».

Sacar a los presos en 2023

En público, exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez que traslade antes de las próximas elecciones generales a cárceles vascas a los únicos 14 presos etarras que siguen en otras comunidades autónomas. Pero su objetivo ya es otro, según las víctimas. «Quieren sacarlos en libertad en 2023. Bildu y su entorno ya están dando por sentado, de hecho, que el pacto entre el Gobierno y Bildu está en su recta final. Eliminar el mapa de Euskadi y Navarra es una clara muestra de que el colectivo de presos ya no reclama el acercamiento porque el objetivo está conseguido», señala Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (DyJ).

Desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa se han realizado 370 traslados de 203 presos etarras, lo que ha puesto fin a tres décadas de la política de dispersión penitenciaria. En total, 186 miembros de ETA ya están en cárceles del País Vasco y de Navarra, según datos de la AVT. Han sido trasladados, incluso, los etarras condenados por delitos de sangre que Pedro Sánchez prometió que nunca llevaría al País Vasco. En concreto, 98 de los presos que ya están en cárceles vascas participaron en 217 atentados que causaron 298 víctimas mortales.

Por eso Sare y Etxerat dejan solo dos flechas en su nuevo logotipo. Flechas que ahora cambian el rojo por el negro. Se hacen más grandes y pasan a tocarse. Indican el inicio de una nueva fase. Su objetivo será lograr el mayor número posible de excarcelaciones, permisos penitenciarios y terceros grados por parte del Gobierno autonómico vasco. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu ha concedido la libertad condicional a 17 presos etarras desde que asumió la gestión de las prisiones, en octubre de 2021, según datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la AVT. A otros 32 les ha concedido terceros grados. De ellos, seis han sido revocados por la Audiencia Nacional y otros 12 han sido recurridos por la Fiscalía por no cumplir los requisitos necesarios.

Traslados de Navarra a País Vasco

Desde que asumió la competencia en prisiones, el Gobierno vasco puso en marcha un modelo penitenciario enfocado en la reinserción para reducir la población penitenciaria. Para ello, se marcó como objetivo progresar a tercer grado al 40% de los reclusos. De los 500 terceros grados concedidos a presos en cárceles vascas, 32 eran etarras condenados. La Estrategia de Justicia Restaurativa 2022-2025 del Gobierno vasco ha hecho que aumenten también las peticiones de traslados de presos comunes y de ETA desde Navarra. «Cuando llegan a cárceles vascas, los terceros grados son mucho más ágiles», indica Maite Araluce.

Solo así se explican las víctimas el reciente traslado al País Vasco del etarra José Luis Barrios, condenado por el asesinato del concejal sevillano del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa, el 30 de enero de 1998. Barrios ya había sido trasladado por el Ministerio del Interior a una cárcel de Pamplona, donde tiene casa y familia. Incluso llegó a ser diputado autonómico por EH en los noventa en Navarra. El pasado 16 de diciembre, el Ministerio del Interior y el Gobierno de Urkullu autorizaron su traslado a una prisión del País Vasco. Dio por buenas las razones de «arraigo» alegadas por Barrios, nacido en San Sebastián, a pesar de que ha hecho gran parte de su vida en Navarra.

En total, según los datos de la AVT, ocho presos etarras han sido trasladados ya de Navarra al País Vasco. Al menos a otros ocho se les ha denegado por no cumplir con el «arraigo» exigido como requisito, según ha informado el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco. El Ejecutivo de Urkullu asegura que las solicitudes de los miembros de ETA condenados por terrorismo se analizan «con el mismo rigor y con la misma prudencia que el resto» de presos que piden el traslado a cárceles vascas.

Pacto con Bildu

En su comunicado del martes, Sare y Etxerat apelaban a «los derechos de los presos» e insistían en la «necesidad de avanzar hacia una verdadera paz y convivencia». Dan por conseguida su histórica reivindicación del traslado de los presos al País Vasco. Pasan a la siguiente fase. El final de la política de dispersión, después de 30 años, ha servido al Gobierno para garantizarse el apoyo de Bildu en el Congreso de los Diputados cuando lo ha necesitado. Y eso que Sánchez prometió durante la última campaña que nunca pactaría con la formación abertzale.

Dignidad y Justicia lleva meses anunciando que el último pacto entre el Gobierno y Bildu no se limita a la aprobación de los presupuestos e incluía el traslado de todos los presos etarras a cárceles vascas. «Su finalidad era que todos estuvieran en casa por Navidad y por eso bautizamos la iniciativa como operación Almendro. Algunos se están retrasando, pero el objetivo sigue en marcha, quedan poco más de una docena. Se olvidan de que, por culpa de esos presos, nuestros familiares nunca volverán a casa, ni por Navidad ni por las rebajas. El acuerdo con Bildu es indigno para la democracia, para el estado de derecho y para las víctimas», señala Daniel Portero, presidente de DyJ.

A ojos de las víctimas, los acercamientos y los traslados son un triunfo para los colectivos de presos etarras. Lo escenificaron este martes en el acto de Sare y Etxerat. «Nosotros hemos perdido, mientras nuestros verdugos cada vez están más presentes en las instituciones. Dentro de poco veremos dentro a todos los presos en la calle y a Arnaldo Otegi de Lehendakari. Tienen una hoja de ruta y el Gobierno les da todo lo que piden. Han trabajado mucho por favorecer a los presos etarras y, por el contrario, la reforma de la Ley de Víctimas está guardada en un cajón», señala la presidenta de la AVT, Maite Araluce.

Un sondeo publicado por El Español, situaba a Fernando Grande-Marlaska como el ministro peor valorado del Gobierno. Nunca había pasado antes que un ministro del Interior fuera percibido tan negativamente por la ciudadanía. «Marlaska dijo al poco tiempo de ser nombrado que nunca acercaría a ningún recluso que tuviera delitos de sangre. Por supuesto, lo ha incumplido, porque existe ese pacto que le supera, que le viene impuesto por Pedro Sánchez y que él asume sin protestar. Esa es la realidad de lo que ha pactado Sánchez con Bildu: presupuestos por votos de sangre», indica por su parte Daniel Portero.