Marta Rovira y Clara Ponsatí podrán regresar a España sin riesgo de ir a la cárcel tras la reforma penal
Las líderes independentistas, que huyeron a Suiza y Escocia, estaban procesadas por el juez del Supremo por un delito de sedición, derogado con las reformas del Gobierno
Las líderes independentistas, que huyeron a Suiza y Escocia, estaban procesadas por el juez del Supremo por un delito de sedición, derogado con las reformas del Gobierno
El nuevo auto de procesamiento dictado por el Supremo tras la entrada en vigor de las reformas penales permite el regreso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y de la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, ambas huidas de la justicia española, sin exponerse a penas de prisión.
Ambas líderes independentistas, que huyeron a Suiza -en el caso de Rovira- y a Escocia -en el de Ponsatí-, estaban procesadas por el juez del Tribunal Supremo por un delito de sedición, que ha sido derogado del Código Penal con las reformas impulsadas por el Gobierno, con el apoyo de ERC, y que han entrado este jueves en vigor.
Este mismo jueves, el juez Pablo Llarena ha dictado un auto en el que suprime la sedición que imputaba a Rovira y Ponsatí y las procesa únicamente por desobediencia, un delito que no está castigado con penas de cárcel, pero que puede conllevar hasta dos años de inhabilitación.
La reformulación de los delitos con la entrada en vigor de las reformas penales abre la puerta al regreso de Rovira, aunque fuentes próximas a la líder de ERC han apuntado que esa decisión no será inminente, puesto que depende también de sus circunstancias políticas y personales.
También propicia que vuelva sin riesgo de prisión Clara Ponsatí, para quien Llarena dictó una orden de detención por sedición tras la sentencia del ‘procés’, que está suspendida a la espera de que la justicia europea se pronuncie sobre el alcance de las euroórdenes y sobre su inmunidad como europarlamentaria.
Ponsatí, que fue consejera de Enseñanza cuando se organizó el ‘procés’, huyó de España junto al expresidente catalán Carles Puigdemont tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), una vez fueron destituidos por la activación del artículo 155 de la Constitución y la Fiscalía se querelló contra los miembros del Gobierno catalán por rebelión en el ‘procés’.
Meses después, se trasladó a Escocia a reincorporarse a la Universidad de Saint Andrews para ejercer de profesora de Economía y Finanzas y, desde las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, es eurodiputada de JxCat junto a Puigdemont y el exconsejero de Salud Toni Comín.
Por su parte, Rovira, que el 1-O era portavoz del grupo de JxSí en el Parlamento catalán, huyó a Suiza en marzo de 2018, el mismo día en el que el juez Pablo Llarena la citó en el Supremo, como al resto de investigados por el procés que estaban en libertad provisional, para comunicarle que estaba procesada por un delito de rebelión.
Con el nuevo escenario penal, ambas políticas podrían seguir los pasos de otras dos dirigentes independentistas procesadas por el ‘procés’, la exconsejera de Agricultura Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, quienes optaron por volver a España para entregarse en el Supremo tras haber huido, respectivamente, a Bélgica y a Suiza.
Serret, que se fue de España tras la DUI junto a Puigdemont y otros exconsejeros, fue la primera de los huidos por el procés que regresó a España, en marzo de 2021, al ver despejado su horizonte procesal después de que Mundó, Borràs y Vila fueran condenados solo por desobediencia y no malversación -que sí conlleva penas de cárcel- por no estar acreditado que sus consellerias autorizaran pagos para organizar al 1-O
Actualmente consejera de Acción Exterior, Serret está a la espera de ser juzgada por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: la Fiscalía le pide un año de inhabilitación, pena inferior a los 20 meses que el Supremo condenó a Mundó, Borràs y Vila.
Por su parte, Anna Gabriel, que se fue a vivir a Suiza en 2018, compareció el pasado mes de octubre ante el Supremo, que le comunicó formalmente su procesamiento por un delito de desobediencia.
Fuente: EFE
