La Justicia abronca a Prisiones por la falta de protección a funcionarios ante presos violentos
La Audiencia de Cuenca señala a la dirección de la prisión por no garantizar la seguridad de un trabajador que fue degollado por un preso violento
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Europa Press
La Justicia reprende a Prisiones por la escasez de medios de protección y de información que brinda a los funcionarios en las cárceles ante el ingreso de reclusos violentos. Así lo ponen de manifiesto los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cuenca, en una sentencia en la que condenan a un preso a 10 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, y otros dos de atentado y lesiones, todos ellos cometidos contra un trabajador penitenciario; y en la que declaran como responsable civil subsidiario al Estado al no haber garantizado la prisión la seguridad de la víctima.
En el fallo, fechado el pasado 21 de enero y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los jueces señalan a la dirección del centro penitenciario de Cuenca por «la insuficiencia de material antidisturbios con la que contaban los trabajadores» ante el ataque del recluso, y por no haber facilitado información a la víctima sobre el historial delictivo del interno, que contaba con cuatro incidentes violentos previos en otras prisiones. Razón por la que, además, no debía permanecer en una celda ordinaria, sino de peligrosidad . «De haber existido cascos para todos o de haber sido ingresado el acusado en una celda especial no se habría propiciado la situación acaecida», advierte la Audiencia Provincial.
Por otro lado, los magistrados también recriminan a la cárcel no haber ejecutado el traslado del preso dada su peligrosidad y ante la falta de instalaciones para dichos perfiles que tenía el centro penitenciario, tal como había solicitado el Consejo de la Dirección dos días antes de que se produjesen el ataque contra el trabajador. «Si el acusado hubiese sido trasladado nada más recibirse la petición, la agresión al funcionario no se hubiese producido», critica el tribunal.
Los hechos
Los hechos se produjeron el 10 de noviembre de 2021. Según reza la sentencia, sobre las 21:25 horas de ese día, la víctima, que en ese momento ostentaba la jefatura de servicios en la cárcel de Cuenca, solicitó autorización al Mando de Incidencias —el máximo responsable de la prisión si no hay presente nadie de la dirección, como así ocurría— para acceder a una de las celdas de ingreso donde un preso estaba provocando graves daños, tras habérsele negado una llamada telefónica.
Una vez obtenido el permiso, el funcionario, a quien «no consta se le informara en momento alguno del historial penitenciario del acusado» —reza la sentencia—, se dirigió con otros cinco funcionarios al módulo en cuestión, provistos «con el material antidisturbios existente en la prisión». Este último consistió en dos cascos y otros tantos escudos, que se repartieron entre todos.
Al llegar a la celda, los trabajadores advirtieron que estaba completamente destrozada, pero no localizaban al preso. Así, decidieron entrar en fila, de dos en dos. Tras advertirlo en el baño, los funcionarios le dijeron reiteradamente que saliese, pero el recluso permanecía en silencio y sin moverse. La víctima, que iba en primer lugar, junto a otro compañero, portando un escudo, se acercó al baño para retirar algo que había en el suelo, y de pronto, el preso le atacó.
«¡Os voy a matar!»
Con los cristales en la manos y al grito de «¡Os voy a matar hijos de puta!», el interno saltó «de forma súbita por encima de los escudos y se abalanzó sobre el funcionario (…) con el objetivo de causarle la muerte», apunta el tribunal. El agresor, forcejeando con él al mismo tiempo, le cortó el cuello a la víctima, tras lo que «comenzó a salirle sangre a borbotones». Acto seguido, el resto de funcionarios entró y, con las porras, logró reducir al interno. Estaba fuera de sí.
La falta de medios de protección y, sobre todo, de información sobre la peligrosidad del interno, casi le cuestan la vida al funcionario de prisiones. Aquel día los médicos pudieron salvarle, pero hoy sigue padeciendo afecciones psiquiátricas. Tras superar el estrés postraumático, la víctima sufre ahora un trastorno neurótico. Ha vuelto a trabajar, pero está en un puesto adaptado sin contacto directo con los internos, según indican fuentes penitenciarias.
Los servicios jurídicos del sindicato ACAIP, que ejercieron la acusación particular en la causa, lograron que el preso fuese condenado por el delito de atentado, pese a que la Fiscalía se opuso. Así como que la Administración fuese declarada como responsable civil subsidiaria e indemnizase al funcionario con 23.000 euros, en contra del criterio de la Abogacía del Estado.
