Interior alarga hasta la cumbre con Marruecos la 'guerra lingüística' del atentado en Algeciras
El departamento de Grande-Marlaska evita calificar el suceso de atentado terrorista e insiste en que «todas las lineas de investigación están abiertas»
El presunto yihadista Yasin Kanza | TO
La ‘batalla’ sobre la naturaleza del atentado perpetrado por Yasin Kanza en Algeciras continúa. Con la vista puesta en la Reunión de Alto Nivel (RAN) que se celebrará desde este miércoles en Rabat, y a la que acudirá el presidente del Gobierno, acompañado de una decena de ministros, el Ministerio del Interior sigue evitando calificar el asesinato del sacristán Diego Valencia como un acto de terrorismo yihadista. «La investigación sigue abierta y el ministro ha hablado siempre de que no se descarta ninguna línea de investigación, sin precisar una en concreto», insisten desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska a THE OBJECTIVE.
El ataque mortal perpetrado por Kanza, de origen marroquí y sobre el que pesaba una orden de expulsión al país alauí desde el pasado mes de junio, ha marcado la cuenta atrás de la gran cumbre que Marruecos y España organizan desde hace meses para formalizar una nueva etapa en sus relaciones, tras varios años de crisis diplomática. Desde entonces, tanto el Ejecutivo como el PSOE han calculado al milímetro cada respuesta en relación con el país vecino, hasta el punto de votar en contra de una resolución europea que exigía la libertad de prensa en Marruecos.
De este modo, no mencionar las certezas que arroja la investigación policial sobre el atentado terrorista podría ser otra muestra de pleitesía por parte de Interior y, por ende, del Ejecutivo hacia Mohammed VI. Sea como fuere, lo cierto es que, desde el principio, ambos han evitado vincular el suceso con un ataque islamista y, es más, en el caso del departamento de Grande-Marlaska insisten en que Kanza no responde al perfil de yihadista y tiene un trastorno mental.
Tampoco ha dado explicaciones el titular de Interior sobre por qué no se ejecutó la orden de expulsión que pesaba sobre el investigado por terrorismo, más allá de señalar «que se requería tiempo para su tramitación total». Algunas informaciones apuntan a que Marruecos rechazó el retorno del ciudadano en situación irregular en noviembre. Otras, sin embargo, culpan del retraso a un lío burocrático español. La realidad, no obstante, es que, según reveló este periódico, el Gobierno solo logra deportar al 5% de los inmigrantes que tienen un expediente de expulsión.
«Salafismo yihadista»
Frente a estas incógnitas, tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía han calificado siempre los hechos como un delito de asesinato y lesiones con fines terroristas. Joaquín Gadea, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, encargado del caso, ya vinculó a Yasin Kanza con el salafismo yihadista —la corriente más radical del Islam— dos días después de que fuese detenido, y antes de que ordenase el pasado lunes su ingreso en prisión provisional sin fianza.
Tras tomarle declaración y analizar la información decapada por la Policía, entre la que consta el material a través del cual el detenido se autoradicalizó en tiempo exprés, el juez entiende que la actividad desarrollada por Kanza «se puede calificar como un ataque yihadista dirigido, tanto contra sacerdotes que profesan la fe de la Iglesia Católica, como contra musulmanes que para el investigado no siguen los preceptos del Corán», según informo el tribunal.
En cualquier caso, y ante la sospecha de que pueda padecer una enfermedad mental, el juez de la Audiencia nacional ha ordenado que un forense analice psiquiátricamente al presunto yihadista para acreditar su imputabilidad. En un auto, Gadea reconoce que antes de efectuarse el análisis mental, solicitará su consentimiento a Kanja. El Código Penal establece que quien comete una infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no puede ser enjuiciado.
La consideración o no de terrorismo
La consideración o no de terrorismo supone un abismo, no solo a la hora de condenar al acusado, sino también en la protección de las víctimas, advierten desde la Asociación Dignidad y Justicia, que ha solicitado a la Audiencia Nacional personarse como acusación particular en la causa que se sigue contra Kanza. Un delito de asesinato terrorista está castigado con hasta 40 años de prisión, mientras que uno ordinario lo está con entre 15 y 25 años. La responsabilidad civil para el primero supera el medio millón de euros, y la asume el Estado, mientras la segunda la determina la normativa y en ningún caso es asumida por la Administración.
La repercusión que la calificación de terrorismo tiene para los familiares de los fallecidos también es amplia: derecho a asistencia jurídica gratuita, ayudas para tratamientos médicos y asistencia sanitaria complementaria, reconocimiento de derechos laborales, bonificaciones para la contratación, subvenciones extraordinarias del Ministerio del Interior… «Nada de esto reciben los familiares de un asesinato no terrorista», denuncia Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia.
«La Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por un delito de terrorismo con el fin de averiguar todo lo que hay detrás del atentado. Esta iniciativa debería ser suficiente para que el Gobierno califique el hecho como un atentado terrorista», sostiene Portero. «La actitud de Sánchez y de su ministro Fernando Grande-Marlaska suponen una afrenta a las víctimas», concluye.
