El Gobierno prevé que Puigdemont vuelva a España antes de las elecciones generales
Fuentes del Ejecutivo sitúan «en el segundo trimestre del año, antes del verano» la decisión del TJUE sobre la inmunidad del expresidente catalán
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, junto a la portavoz, Isabel Rodriguez, este martes 31 de enero en Moncloa.
El Gobierno destila optimismo por la decisión adoptada este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las euroórdenes en general y la decisión de la justicia belga que denegó la extradición del exconsejero catalán, Lluís Puig, a petición del juez Pablo Llarena, en particular. «Avala el ordenamiento jurídico español», se felicitó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, para quien esto se «traduce en que se va a facilitar que el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española».
De hecho, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, el Gobierno ha puesto en marcha la cuenta atrás y prevé que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, pueda retornar a España antes de las elecciones generales en diciembre de 2023. Un escenario optimista pero prudente, teniendo en cuenta que «la decisión sobre la inmunidad del Tribunal de la Unión Europea llegará en el segundo trimestre del año, antes del verano». Si todo sale según lo previsto, el Ejecutivo espera que el juez Pablo Llarena pueda reactivar la euroorden sobre el expresidente catalán acto seguido, teniendo un margen de aproximadamente seis meses para solicitar y ejecutar la extradición de Puigdemont.
Las fuentes gubernamentales consultadas son prudentes al respecto porque «depende de los tribunales -tanto los europeos como los nacionales-, no del Gobierno». Pero añaden: «Nosotros hemos facilitado que se le extradite. Ahora les toca a los jueces». La cuestión es relevante en tanto en cuanto supondría cumplir una promesa electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace cuatro años cuando prometió traer a Puigdemont a España en una polémica entrevista en Radio Nacional en la que se preguntó: «¿De quién depende la Fiscalía?».
No en vano, la polémica afirmación de Pedro Sánchez se produjo en plena campaña electoral de las elecciones de 2019, el 6 de noviembre, por lo que se cumpliría el escenario más favorable para los intereses del Ejecutivo. Fuentes de Moncloa admiten a este periódico que «nosotros siempre hemos defendido que Puigdemont tiene que venir a cumplir con la Justicia» y, de cumplirse lo previsto por el Gobierno, validaría la promesa electoral de Sánchez hace cuatro años en la siguiente campaña electoral, prevista para diciembre de 2023, finalizando la presidencia europea de la Unión.
Moncloa se ríe de Boye
Sea como fuere, el Ejecutivo no tiene duda alguna de que «esto nos beneficia» y no disimulan su sorna respecto al intento de Puigdemont de arrimar el ascua a su sardina. Una vez escuchada la interpretación del abogado del expresident, Gonzalo Boye, fuentes del Ejecutivo bromeaban con «la mitología indepe» que les permite sostener que «se dejan en vía muerta las extradiciones». «Es exactamente al contrario», explican en el Ejecutivo con sorna, apuntando el camino judicial que se abre para Puigdemont, huido de la justicia desde 2017.
Pese a todo, el Gobierno manifiesta su «máximo respeto» ante los pronunciamientos de la justicia europea y confía en la actuación de la justicia española después de que, hace tres semanas, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, actualizara su procesamiento de Puigdemont por los delitos de malversación agravada y desobediencia, tras la reforma del Código Penal aprobada en diciembre por el Gobierno de coalición. Un fallo de Llarena que el Ejecutivo entiende en los siguientes términos: «Incluso Llarena nos da la razón, porque reconoció que no se va a beneficiar a los condenados del procés, ya que es extrapolable a otros casos».
