Hablan los policías imputados por el 1-O: «No hay apoyo de Interior, nos sentimos derrotados»
Un lustro después del operativo policial contra el referéndum ilegal en Cataluña, el juez ha procesado a 45 agentes por delitos de lesiones y torturas
Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), en Barcelona. | Efe
Para decenas de agentes que actuaron en los colegios ‘electorales’ durante el 1-O en Cataluña, el procés independentista nunca ha formado parte del pasado. Muchos han intentado olvidarlo, sin éxito. Ahora, sin embargo, lo han revivido más que nunca. Pese a que han transcurrido cinco años, hace unas semanas, el juez Francisco Miralles concluyó la instrucción sobre las cargas policiales durante el referéndum ilegal y decidió sentar en el banquillo a 45 policías, a quienes acusa no solo de un delito de lesiones, sino también de torturas.
De ser condenados por este último, supondría su expulsión inmediata del Cuerpo. «Esto es lo que quieren, es a lo que juegan, a condenarnos psicológicamente mientras avanza el proceso judicial, aunque seamos después absueltos. Ya han pasado cinco años, ahora quedan por delante al menos otros 15 imputados por esos delitos, entre instancias y recursos, hasta que todo llegue al Tribunal Supremo».
«Estamos machados psicológicamente, nos sentimos derrotados. Esta batalla ya la han ganado ellos. Aquel día, el ministro —Juan Ignacio Zoido— nos dijo que ese era el servicio más importante de la democracia, que debíamos trabajar por la integridad territorial de España. Ni unidad, ni leches. Todo era humo y política. Lo que no pensábamos es que nos dejarían tirados, en todos estos años no hemos recibido ni siquiera una llamada. No hubo apoyo del anterior ministro ni lo hay ahora de Marlaska. No hemos recibido ayuda psicológica ni jurídica».
Los entrecomillados pertenecen a algunos de los agentes investigados. El sentir de la mayoría, según revelan a THE OBJECTIVE, es el de una «total desesperanza». No solo a raíz del auto en el que el juez concluye que los responsables del operativo «no cumplieron sus obligaciones de supervisión», y sus subordinados actuaron de forma «desproporcionada; sino desde hace años. «Nosotros actuamos respaldados por nuestros jefes, pero después, todos se limpiaron las manos. La prueba es no hay nadie con traje ni ningún alto mando imputado», denuncian.
«Hicimos lo que pidió un tribunal, ahora nos enjuicia»
El juez instructor señala que en las imágenes puede verse a «agentes dando puñetazos, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo…». Ante esto, los policías, entonces de las Unidades de Intervención Policial (UIP), antidisturbios, coinciden: «Nosotros no hicimos nada malo, hicimos lo que se nos mando. Cumplimos órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ahora nos enjuicia», critican.
El relato de los agentes es completamente distinto. Recuerdan cómo el cometido aquel día fue prácticamente imposible. «Con dos millones de personas en la calle, mandaron a 1.200 policías a sacar urnas en 20 de los 2.500 colegios que había. Fue ridículo, pero no hicimos nada indebido». En mi caso, cuenta un agente, «tuve que utilizar la defensa, pero no causé ninguna baja, no hubo lesiones. El juez ha sobreseído los casos en los que se empujó y hubo agarres. Situaciones en las que, igualmente, puede haber lesiones, como una luxación. Ese es el único criterio del juez después de cinco años…», critica.
«Solo peleábamos para salir con seguridad de los colegios. No hubo un golpe fuera de lugar. Pero si cuando debíamos salir con las urnas, no se querían ir, no había otra. En Tarragona, Girona y Lleida, ningún policía o guardia civil ha sido procesado por nada de lo que ocurrió en los colegios. Con este juez, sin embargo, teníamos claro que habría juicio. No ha habido sorpresas, aunque el bajón es inevitable, claro», admiten.
Malestar con Interior
Los principales sindicatos de policía han expresado en las últimas 48 horas su malestar con el Gobierno de España y, en concreto, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no defenderles tras conocerse el procesamiento de 45 agentes por su intervención durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 (1-O). De forma encadenada, las distintas centrales han tenido palabras, de forma más o menos explícita, contra el Ejecutivo, ya sea por «abandonarles a su suerte» o directamente por no «salir en defensa» de estos policías que se enfrentan a un posible delito de torturas, contra la integridad moral o lesiones.
El sindicato mayoritario en la Policía Nacional, JUPOL, ha señalado, a través de su líder, Aarón Rivero, directamente al titular de Interior para que defienda a los agentes: «Exigimos al ministro del Interior que, de una vez por todas, salga en defensa de sus policías nacionales y que deje de ponerse del lado de los sediciosos y los delincuentes», han defendido. El sindicato también ha explicado en su comunicado que ha puesto a disposición de estos 45 policías sus servicios jurídicos, «para que puedan defenderse ante un nuevo ataque».
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su «indignación» y «estupefacción» por el procesamiento de estos agentes. Y, de forma velada, ha reprochado que «no se puede utilizar a los policías cuando interesa y abandonarlos a su suerte igual que hicieron cuando caían piedras sobre sus cabezas y el fuego corría por las calles de Cataluña».
