Nueve de cada diez policías que trabajaron el 1-O en Cataluña ya han dejado los antidisturbios
El juez ha imputado a 45 de los agentes que participaron en la operación Copérnico por delitos de lesiones y torturas tras cinco años de investigación
Dos agentes de la UIP. | EP
Mil doscientos fueron los policías que, bajo las ordenes del Ministerio del Interior, se desplegaron el 1-O en Cataluña para evitar el referéndum ilegal, en 2017. Hoy, solo 150 de ellos permanecen en las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios. En otras palabras, casi el 88% ha dejado la plantilla y ha pedido traslado a otra unidad. «Después de todo lo que pasó en Barcelona, no nos fuimos todos después de volver porque a algunos nos quedaban contratos. Ahora no queda nadie. Los que resisten son los que no estuvieron allí», señalan a este periódico varios exagentes de las UIP a THE OBJECTIVE.
Las razones, relatan estos agentes, van desde «el abandono» por parte del Ministerio del Interior tras operación Copérnico a la investigación judicial que hace unas semanas culminó con el procesamiento de 45 policías por delitos de lesiones y torturas. En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, Francisco Miralles, señaló que los responsables del operativo «no cumplieron sus obligaciones de supervisión», y sus subordinados actuaron de forma «desproporcionada».
«Estamos machados psicológicamente, nos sentimos derrotados. Esta batalla ya la han ganado ellos. Aquel día, el ministro —Juan Ignacio Zoido— nos dijo que ese era el servicio más importante de la democracia, que debíamos trabajar por la integridad territorial de España. Ni unidad, ni leches. Todo era humo y política. Lo que no pensábamos es que nos dejarían tirados, en todos estos años no hemos recibido ni siquiera una llamada. Ni por supuesto ayuda psicológica o jurídica», confiesan algunos de los agentes investigados.
«No te implicas en los operativos»
En el caso de muchos agentes, relatan las mismas fuentes, las secuelas psicológicas tras el 1-O se han convertido en una sensación constante de inseguridad con el trabajo. «El bajón ha sido fuerte para todos. No hemos vuelto a ser los mismos. Ahora ante cualquier intervención, eres incapaz de implicarte como lo hacías antes o, directamente, no lo haces. Sobre todo después de cómo nos han abandonado a nosotros. El apoyo por parte del Ministerio ha sido cero», admiten.
El problema en estas unidades, no obstante, no solo tiene origen en operaciones de hace un lustro, también en el ‘modus operandi’ de las UIP. Cada año quedan vacantes de 150 a 200 plazas para futuros antidisturbios. Un total que, según señalan desde la Policía Nacional, se cubre en cada convocatoria, pero no se ve reflejado en las patrullas de esta unidad. «Dicen que se cubren las plazas, pero la realidad es que en mi subgrupo deberíamos ser 15 y siempre solemos ser ocho. Algunos están de baja, pero el resto es porque no se han cubierto esos puestos. Siempre vamos con el numérico por debajo», cuenta un agente de dilatada experiencia en las UIP.
Similar es la percepción que tiene un compañero suyo, agente de esta división policial desde 2008: «Nosotros funcionamos por contratos de permanencia de cinco años. Yo he visto a compañeros que han desarrollado aquí toda su carrera profesional y después se han retirado a segunda actividad [una figura similar a la prejubilación dentro de la Policía]. Ahora, hay agentes que llevan un año de contrato y te dicen que no van a renovarlo».
Disponibilidad permanente
La falta de medios sobre el terreno, la disponibilidad permanente o los turnos ordinarios sin apenas previsión resumen también el descontento de los agentes que han causado baja en las UIP. Todo ello sin contar el malestar existente en estas unidades con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que pretende la eliminación de las pelotas de goma como material antidisturbios. Se trata de uno de los puntos más polémicos de la modificación de la norma, y que hasta ahora solo defiende el PSOE frente a sus socios de gobierno.
Consciente de la presión a la que están expuestos, el Ministerio del Interior premió a estos funcionarios con un complemento específico de sueldo de 6.000 euros al año. Un plus que en el caso de muchos agentes supuso un gran salto salarial, teniendo en cuenta que antes de formar parte de la UIP, no alcanzaban los 1.500 euros de salario mensual. Sin embargo, en los últimos años ni siquiera este complemento ha sido suficiente para retener a los mil policías que han dejado esta unidad de élite.
Otro de los motivos que hacen imposible la permanencia de gran parte de los antidisturbios son sus condiciones laborales. El Real Decreto 1668/1989, por el que se crearon las Unidades de Intervención Policial (UIP) a finales de los 90, estableció que la disponibilidad de los antidisturbios tendría «carácter permanente» y sus componentes deberían estar siempre «localizables». Y añadía: «Los horarios de trabajo y descanso serán los ordinarios, salvo cuando las necesidades del servicio demanden horarios especiales».
Policías las 24 horas
Distintos policías aseguran que «nadie se ha quejado nunca de la disponibilidad inmediata». Sin embargo, sí consideran «que se ha abusado de esa disponibilidad» y los turnos ordinarios, que deberían ser fijos por norma para los agentes, se cambian constantemente «por cuestiones que no son tan urgentes». «Nadie dice nada, pero nosotros a pesar de tener un turno establecido, nos enteramos poco antes del horario que tenemos al día siguiente. Hay mucha falta de previsión. Sumado a que hacemos servicios especiales y también viajamos, todo te va quemando…», confiesa el mando de un subgrupo.
«Hemos sido siempre la punta de lanza visibles. Siempre con presencia en las grandes operaciones, 24 horas, 365 días al año. Y hasta hace cinco años, habíamos tenido respaldo político. Podíamos hacer las cosas bien, te dejaban usar los medios a tu alcance, pero ahora cada vez es más difícil. No queremos trabajar para nosotros, sino para el ciudadano y su seguridad. La frustración es cada vez más grande y la solución es marcharse».
